La suerte de este libro es poco común y en cierta forma extraordinaria, ya que aunque su autor es costarricense, la primera edición del mismo salió a luz en idioma ruso, traducido por la hispanista y famosa economista Agnesa Avílova. La presentación de este libro tuvo lugar en septiembre de 1992 en Moscú, organizada por la Embajada de Costa rica y el comité de Moscú por la Democracia y los Derechos Humanos. Gracias a los esfuerzos de este Comité fue posible la edición del libro en ruso, siendo este hecho un signo más de los nuevos tiempos en mi país. En el acto del lanzamiento estuvieron presentes personalidades de los círculos científicos de Moscú, de la prensa rusa e internacional.

Miguel Angel Rodríguez Echeverría, político y científico de espíritu juvenil y enérgico, que representa a un lejano país del continente americano, poco conocido en Rusia, expone sus ideas filosóficas y su concepción económica a la opinión de la intelectualidad rusa, la cual, como es conocido, posee una rica tradición cultural y científica.

Las ideas y conocimientos científicos no tiene fronteras. Sin embargo, los regímenes antidemocráticos y totalitarios imponen unas barreras que impiden la libre circulación no sólo de las nuevas ideas, sino también de la información científica. La terrible experiencia del pueblo ruso, que vivió bajo el régimen totalitario más prolongado y cruel, ha hecho que este pueblo, mejor que nadie, aprecie hoy la apertura al libre intercambio de ideas. De ahí que el lanzamiento del libro de un científico costarricense partidario del liberalismo y de la Doctrina Social de la Iglesia Católica -hecho común fuera de nuestras fronteras- se haya convertido el año pasado para nosotros, los que participamos y preparábamos el lanzamiento de este libro, en una muestra más de los cambios que suceden en nuestro país.

Yo pude leer el libro en español antes de contar con la traducción al ruso. Nuestra edición del libro tiene aspectos bastante modestos aunque atractivos. Quizá para el lector de la versión española resulte interesante una anécdota sucedida durante la preparación de este libro para su edición rusa. No encontrábamos ningún retrato de calidad de Miguel Angel en la Embajada de Costa Rica en Moscú. Así que el diseñador del libro, el pintor moscovita Dimitri Mujin, tuvo que dibujar a lápiz un retrato del autor, basándose en una pequeña foto familiar de Rodríguez Echeverría. Ahora, desde la carátula del libro, nos mira un hombre sonriente, con una expresión abierta en los ojos, que transmite una ironía bondadosa y nos permite intuir el carácter de su pensamiento.

No nos sentimos desilusionados ni al conocer personalmente al autor, ni al leer su libro. Pienso que el lector hispanohablante tampoco se sentirá defraudado con el contenido de la obra. Complejos problemas socioeconómicos y filosóficos del mundo contemporáneo, en rápido proceso de cambio y de integración creciente, se exponen en forma muy clara, aunque algo didáctica e idealista.
Han desaparecido los bloques que representan a ideologías antagónicas, las cuales aún ayer luchaban por la hegemonía militar en el mundo, destrozándolo. Pero continúan existiendo y transformándose poderosos bloques económicos. Perdura y no puede ser superada a corto pueblos del mundo. Si mismo, es evidente la desigualdad entre los Estados y pueblos que se encuentran cada uno en diferentes niveles de su desarrollo histórico , económico y social.

¿Cómo conjugar el crecimiento económico con la justicia social? ¿Cuál es la interrelación de la economía de mercado y la democracia política? Estos son los interrogantes que, con toda agudeza, se imponen también ante nuestra sociedad.

El autor expones sólidos argumentos, proponiendo al lector su propio punto de vista sobre la esencia de la democracia política y el curso hacia la liberalización económica, orientada hacia la disminución de la fuerza hipertrofia, con la cual el Estado interviene en la economía así en la organización de la vida sociopolítica de los ciudadanos. Altos principios morales motivan al autor cuando trata (y , en gran parte, logra) de encontrar fórmulas generales, que permitirían, siempre en condiciones de economía de mercado y de democracia, orientar la política social hacia el bienestar y paulatinamente atenuar la pobreza. Siendo, como hemos dicho, partidario convencido del liberalismo y de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, Rodríguez Echeverría nos propone también sus reflexiones sobre la correlación de lo científico y lo ético en la esfera social.

"Me gustaría - escribe en su prólogo para la edición rusa - que mi libro pusiera su grano de arena en establecer en Rusia la democracia y la economía de mercado" Hoy podemos afirmar ya que el autor ha alcanzado este no tan modesto propósito. A pesar de que Rusia está pasando por un período de enormes dificultades económicas y financieras, lo cual supone evidentemente muchos problemas a la hora de divulgar cualquier publicación, esta obra del científico y político costarricense encuentra lectores en mi país. Gracias a los esfuerzos de la Embajada de Costa Rica en Moscú, el libro está en manos de todos los diputados de nuestro Parlamento y muchos funcionario de la administración del Presidente. Se puede encontrar también en muchas bibliotecas científicas y en las cátedras de la Universidad Lomonósov, en la Fundación Gorbahov y en otros institutos docentes de Moscú.

Pero el hecho más estimulante todavía reside en el verdadero interés que demuestran hacia el libro los nuevos empresarios, cooperativistas y organizadores de la nueva economía rusa.

Un pequeño, pero significativo ejemplo. Hace poco recibí una llamada de una lejana ciudad del Ural (Náberezhniye Chelní) del presidente de la Federación de Cooperativistas de Rusia, Valeri Pisiguín, a quien había regalado unos ejemplares del libro al concluir el lanzamiento. Este me pidió que mandáramos una parte del tiraje al Ural, ya que el libro despertó un gran interés en los empresarios de esta región.

¿Por qué la gente en Rusia, sobre todo los jóvenes que quieren establecer lo antes posible en mi país los principios de la economía de mercado y la democracia política, están interesados en este libro? Pienso que esto se debe ante todo, al hecho de que se encuentran en él, valores universales del conocimiento y de la experiencia humana acumulada, así como nociones sobre los problemas claves que se imponen a aquellos países que tratan de practicar simultáneamente los principios de la economía de mercado y la integración en la economía mundial con los postulados de la democracia política, de la justicia social y de la moral de la solidaridad humana. Precisamente estos temas son objeto de una discusión apasionada en nuestro pueblo, el cual ha emprendido esfuerzos verdaderamente heroicos para pasar del régimen totalitario a la democracia, de la economía absolutamente monopolizada por el Estado comunista - opresor de los valores humanos -, hacia la reconstrucción de los principios humanitarios universales, incluyendo los Derechos Humanos reconocidos en la Declaración de la ONU, así como las tradiciones nacionales, culturales y espirituales del pueblo ruso.

Sucede que en los análisis periodísticos, incluso en la literatura científica, han aparecido últimamente muchos intentos de casi identificar a Rusia con países del Tercer Mundo, sobre todo con los latinoamericanos. En mi opinión, la mayor parte de estas analogías resulta superficial y poco convincente; no sólo por que Rusia es un país eurasiático, con su propia historia, cultura y tradiciones sino sobre todo porque casi un siglo de régimen comunista ha destruido los principios de la propiedad privada, de la iniciativa individual y de la responsabilidad, así como todo germen de sociedad civil.

Sin embargo, a pesar de la especificidad de nuestra experiencia histórica, existe una serie de características que se dan tanto en la realidad rusa actual como en la latinoamericana, en particular todo lo relativo al proceso de construcción de un Estado de derecho.

Por ejemplo, el problema de la correlación entre democracia, soberanía de la mayoría y legalidad constitucional. Apoyamos la idea del autor según la cual las normas constitucionales son "el resultado de la evolución natural de la sociedad". Y al revés, cuando la legislación surge como un convenio entre grupos de personas par resolver un problema particular, ésta incumple las reglas generales y transgrede al poder soberano del pueblo. Aquí en Rusia nos encontramos ante la necesidad de elaborar una Constitución nueva y ello en un momento histórico de crisis política aguda, que pone al desnudo la confrontación entre tendencias reformadoras y conservadoras en el seno de los altos órganos del poder. El país se encuentra en una compleja situación de empate por la lucha abierta entre las dos ramas del poder; por un lado, el Ejecutivo representado por el actual Gobierno y el Presidente Yeltsin, elegido libremente por el pueblo por primera vez en la historia de Rusia, y por otro, el Legislativo en manos de un Parlamento dominado por la nomenclatura del caduco sistema administrativo de mando, heredado del comunismo.

Todo el mundo apela a la antigua Constitución, todos la recortan a su manera y gusto, a pesar de que la mayoría de la población es consciente de la necesidad de adoptar una ley básica, nueva en esencia, que reflejaría la "evolución natural de la sociedad". También la mayor parte de la población quiere conseguir una transición pacífica y constitucional hacia el nuevo sistema. Son precisamente los cimientos de una nueva Constitución y de un cambio pacífico de Rusia del postcomunismo a la democracia, lo que estaba tratando de formular nuestro gran compatriota, laureano del Premio Nobel, el académico Sájarov, poco antes de su muerte inesperada. Son pretender establecer comparaciones exageradas, algunas de las páginas del libro de Miguel Angel Rodríguez orientan nuestra reflexión en esa misma dirección.

Se podría hacer un listado bastante bastante largo de las tareas y los problemas expuestos en el libro y que resultan actuales no solamente para mi país, sino también para muchos Estados iberoamericanos; la construcción del Estado de Derecho, una regulación equilibrada del poder estatal, que asegure una armonía entre los intereses individuales y el bienestar común.

Es evidente que este libro no aporta respuestas definitivas a estos eternos y muy complejos problemas, de la misma manera que no existe la verdad absoluta. El autor lo sabe y no pretende eso. Su objetivo es más modesto y concreto; esbozar el desafío histórico ante el cual se encuentran nuestros pueblos, nuestros políticos y economistas, analizar lo que está dentro de nuestras posibilidades para avanzar en el camino de la democracia y del progreso social.

Dra. en Ciencias Políticas, investigadora del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, Academia de Ciencias De Rusia.

Una nueva situación, un nuevo mundo

En los últimos diez años el ritmo de los cambios en el mundo ha sido vertiginoso y altamente positivo. En Asia, Africa y América Latina el respeto a los derechos humanos se ha extendido y los esfuerzos por lograr un crecimientos económico con equidad social empiezan a dar sus primeros y exitosos frutos. En Europa los mercados se integran y la democracia política se abre paso en sociedades hasta hace poco gobernadas por dictaduras.

Esta sucesión de hechos cambió geopolíticamente la faz del planeta y casualmente coincidió con los intentos de crear una Europa unida en una comunidad económica y política con objetivos y fines comunes. Al mismo tiempo se da la consolidación de las economías recientemente industrializadas del Pacífico, lo que hace resaltar el dinamismo de la libertad en la esfera económica.

Todo lo anterior nos plantea un mundo donde el concepto de "globalización" se convierte en instrumento irrenunciable de interpretación. El orbe se integra y los países toman conciencia de que, o siguen el curso de la historia y se insertan en la sociedad mundial, o ésta los dejará atrás condenados a privaciones y retrasos. Pero la inserción no acontece con igual velocidad para todos los países. Algunos grupos se integran más aceleradamente formando bloques competitivos y dinámicos.

La capacidad económica y creativa de las naciones determina los nuevos centros de poder y es así, en atención a esta realidad, como explicamos la formación de poderosos bloques económicos en el planeta. El área pacífico-asática, la Comunidad Económica Europea, la zona de libre comercio del Norte de América, la nueva Europa del Este, Rusia y la comunidad de Estados Independientes en los territorios de la otrora Unión soviética, son claros ejemplos del futuro de la balanza de poder mundial.

La liberación de Europa Central y Oriental y de lo que fuera la URSS abre enormes posibilidades para la inversión de la Comunidad Económica Europea. de Estados Unidos y de Japón, quienes podrán hacer crecer el capital humano de esos países, su infraestructura material y su desarrollo cultural.

En la Cuenca del Pacífico, la integración económica se inició hace ya varios años. Las inversiones japonesas en el resto del sudeste asiático, las enormes reservas monetarias de Taiwan y corea, el nivel de ahorro de esos países, su apertura al comercio y la inversión, hacen previsible un gran desarrollo productivo y comercial entre esas naciones.

Por su parte, Canadá se integra con los Estados Unidos y con México, u las inversiones japonesas y europeas continúan explotando las estables reglas de juego en los Estados Unidos.

El mundo del ayer, dividido en bloques ideológicos antagónicos que competían por la hegemonía militar, ha desaparecido, pero surgen bloques económicos que los reemplazan. La posibilidad de edificar realidades constructivas y pacíficas donde la auténtica solidaridad entre las naciones sea la tónica de las relaciones internacionales representa, hoy, una oportunidad singular en la historia de la humanidad. Pero no constituye aún un hecho; los racionalismos no críticos amenazan la paz y la convivencia pacífica.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hechos relevantes han hecho posible este momento que ahora vivimos? Deseo referirme al acontecimiento más importante en la historia social y económica del siglo XX que posibilitó la consolidación de la situación apuntada; a saber: la desaparición del socialismo real y la desintegración del movimiento comunista internacional.

Hace 30 años, en 1962, manifesté que "la economía de dirección central carece de un medio racional de cálculo que le permita asignar en forma óptima los recursos de que dispone, a fin de satisfacer al máximo las necesidades de la comunidad. Bien sean los objetivos sociales determinados por una interrelación de las apreciaciones de los distintos entes económicos, o por una decisión arbitraria del planificador central, es imposible el cálculo económico en el sistema, y la probabilidad de alcanzar los mejores resultados es mínima"⁽¹⁾

Ya en 1920 Ludwinbg von Mises, con claro conocimiento de la economía y acertada visión histórica, había señalado que el socialismo no podía funcionar por carecer de posibilidad de calculo económico. En aquella época era generalizado el pesimismo con el que se preveía el futuro de la libertad y de la economía de mercado. "Un núcleo importante de seres humanos - escribí en mi libro "El mito de la racionalidad del socialismo" -cree encontrar en la dirección central del progreso y desarrollo para las distintas comunidades. Es lugar común, en nuestros días, considerar que el sistema caótico y anárquico de la no planeada economía de mercado, debe verse sustituido por la dirección racional y científica de un plan global, en el que se contemplen las distintas necesidades del país y se especifiquen los medios apropiados para satisfacerlas"⁽²⁾

La tribu primitiva podía concentrar todo su conocimiento en su organización jerárquica. Todos podían compartir el conocimientos disponible y las reglas que determinaban el orden de sus necesidades no eran diferenciales de las reglas que señalaban regularidad de la naturaleza. La asignación de unas pocas tareas a sus miembros resultaba faena elemental para la organización tribal de planificación central. Pero en el siglo XX estas funciones difícilmente se pueden concebir como factibles en una familia, y son totalmente imposibles de ejecutar a escala de una nación. Pero a primera vista la inercia histórica hacía aparecer como evidente la mayor eficiencia de una sociedad conscientemente coordinada desde un único centro de poder.

El desarrollo de la cultura y de los conocimientos multiplicó las alternativas disponibles para cada persona, y el establecer prioridades entre las necesidades adquiere mil formas diferente. Cada persona posee sólo muy parcialmente el conocimiento que se encuentra distribuido y fragmentado entre todas las personas . Es más, ni siquiera todo el conocimiento es potencialmente transferible. Mucho conocimiento es inarticulable porque corresponde a lo que resultó de ciertas acciones sin que podamos explicar ese resultado.

Este tema del conocimiento inarticulable y sus consecuencias es tratado por Don Lavoie.⁽³⁾ El ejemplo clásico es el de conducir una bicicleta : sabemos cómo hacerlo, pero no podemos explicar las relaciones de pesos, curva y velocidad necesarias para lograrlo. De la misma manera, en un mercado, nosotros sabemos cómo ir tratando de descubrir la función de costos con la que operamos, haciendo distintas combinaciones de los factores de producción, observando distintas combinaciones de los factores de producción, observando distintas tecnologías, viendo los precios que se dan en el mercado y tratando de establecer algunos aspectos de esa curva de costos. Pero nunca algunos aspectos de esa curva d4e costos. Pero nunca conocemos la curva de costos, ni nunca sabemos exactamente cómo explicarles a los demás el modo de obtener esa información, y el modo de hacer uso de ello. La curva de costos, con la que trabajamos los economistas, no existe para el empresario. Lo que hace el empresario es irla descubriendo todos los días mediante tanteo y error. De manera que no se puede transferir el conocimiento de los costos del empresario, porque no existe en forma articulada.

Además el hombre vive y crea en medio de su ignorancia. Ignorancia sobre las reglas físicas y sociales que vislumbramos mediante la ciencia; ignorancia con respecto al futuro y al cambio; ignorancia delos hechos concretos, vitales par el resultado de nuestras acciones. La ignorancia impide la centralización del conocimiento. Pero además la ignorancia crea incertidumbre. A cada acción, no corresponde un resultado único, sino que este depende del estado de la naturaleza en que se dé; es decir, de las acciones naturales y de los otros hombres que acompañan nuestra propia acción. Y la incertidumbre hace que la centralización de la acción y la centralización del descubrimiento sean ineficientes.

Si en consecuencia es imposible centralizar el conocimiento y dañino centralizar la acción, ¿cómo será entonces posible escoger ante la multiplicidad de necesidades jerarquizables y la limitación de los medios versátiles para satisfacerlas? Pero debemos escoger porque es patente que los hombres nos desenvolvemos en la escasez. Los medios, aunque sean múltiples, son limitados; en cambio las necesidades son ilimitadas. El tiempo de nuestra vida es limitado.¡, los medios materiales son finitos, como también lo son los recursos personales. La escasez nos obliga a escoger: ¿Cómo usar el tiempo? ¿Cómo utilizar los recursos materiales? ¿Cómo emplear nuestras fuerzas y conocimientos?

La ignorancia y el vivir en el tiempo son las causas principales de la escasez.

De lo anterior se evidencia la necesidad de escoger la imposibilidad de centralizar el conocimiento para escoger. Por ello, si escogemos centralizadamente lo estamos haciendo sin usar todo el conocimiento disponible.

El marxismo leninismo pretendió establecer en una sociedad del siglo XX, la organización centralizada propia de la tribu primitiva. El resultado fue la quiebra de su sistema económico.

Esta es la irracionalidad que llevó al fracaso del socialismo como sistema económico. Espontánea y evolutivamente, sin el diseño previo de ninguna persona ni comité, la sociedad ha venido resolviendo este problema de elegir mediante el establecimiento de marcados libres y competitivos. En el mercado, del intercambio libre basado en valoraciones y conocimientos individuales surge el sistema de precios, que es a la vez el conjunto de señales que permiten coordinar los planes individuales.

La planificación central distorsiona e impide el funcionamiento del mercado, y la valoración de los bienes finales, de los bienes intermedios y factores de la producción depende del imperio del planificador y no del conocimiento de cada agente económico, de sus valoraciones y de las limitaciones del medio. El planificador pretende pero no puede centralizar todo el conocimiento disponible para tomar las decisiones de qué producir, cuánto de cada cosa producir, y cómo producirlas, y por consiguiente su decisión no puede basarse en la información disponible. Pero incluso si pudiese centralizar la información, el planificador central tendría que escoger unas pocas alternativas para cada acción, y la incertidumbre hace que se den mayores posibilidades de acertar y copiar los aciertos cuando se abren más centros de experimentación, más oportunidades de tanteo y error.

Así las cosas, el sistema económico de planificación central, típico del socialismo, es inferior al mercado porque impide la libre valoración y la libre acción de cada una de las personas y establece una jerarquización burocrática que atenta contra la dignidad del ser humano

Es inferior al mercado porque no utiliza toda la información disponible para llegar a decisiones. Es inferior al mercado por que no provoca la creación de nuevos conocimientos mediante la utilización de los mecanismos de tanteo y error. Es inferior al mercado porque no establece mecanismos de incentivos que lleven a las personas a dar voluntariamente más de aquello que mejor pueden hacer para los demás, y así alcanzar mayor satisfacción de sus necesidades personales. Vale la pena ahondar en estas dos últimas consideraciones

La superioridad de la participación competitiva en el mercado, par la resolución de los problemas económicos, se fundamenta en su potencialidad para liberar las energías creativas de cada ser humano y aumentar sus conocimientos. El mercado, por ser el sistema más acorde con el orden espontáneo, permite el cumplimiento más acorde con el orden espontáneo, permite el cumplimiento más natural de la vocación de los seres humanos para la iniciativa creadora; y, por ello, para el progreso siempre dentro de las limitaciones del conocimiento, que no es un bien fijo, medido y limitado.

El poder creador de la acción humana se expresa, fundamentalmente, en la capacidad de descubrir y en el aumento del conocimiento a disposición de la sociedad. Por eso, cuanto más centros de experimentación existan, mayores posibilidades hay de acertar, de encontrar una mejor manera de hacer las cosas usuales, o de emprender nuevas faenas.

La experiencia histórica ha venido a mostrar, mejor que cualquier libro, que la planificación central es irracional. Porque el sistema de toma de decisiones no funciona. No basta tener una alta inversión. Se requiere tener una inversión eficiente y un sistema económico que funciones. Pero en un sistema centralizado de asignación de recursos y determinación de precios, no existen condiciones de propiedad que permitan operar al mercado y a las empresas, y se está en las puertas de un posible estallido inflacionario.

Ahora bien, el socialismo fracasó no sólo como sistema económico, sino también como sistema político y como propuesta moral. Como sistema político propuso en Estado Totalitario donde un único centro de poder condicionaba la evolución institucional e ideológica de la sociedad y excluía del proceso de toma de decisiones a los ciudadanos organizados en entidades no oficiales. De este modo violentó las libertades políticas del ser humano y creó una dictadura sistemática y represiva.

En el ámbito de la moral ofreció una doctrina autoritaria que abandonaba el valor de la libertad y enfatizaba hasta el extremo las dimensiones materiales de la vida humana, consultando los derechos espirituales de las personas y cerrándoles premeditadamente el camino de la fe en Dios.

El libro que ahora presento al lector centroamericano, cuya primera edición en idioma ruso se publicó en Moscú en 1992, sigue una secuencia temática que, desde la perspectiva de la libertad y la democracia, aborda las tres áreas en las que fracasó el socialismo: la política, la económica, la solidaria y la moral.

De conformidad con lo anterior, los objetivos que me propongo son los siguientes:

1. Señalar las características básicas de un sistema político democrático.
2. Plantear los lineamientos generales de las políticas de liberalización tendentes a establecer un sistema económico basado en la propiedad privada y la competencia, que elimine las distorsiones introducidas por el exceso de intervencionismo estatal.
3. Mostrar los vínculos que unen las instituciones de la económica de mercado con las instituciones de la democracia política.
4. Formular los lineamientos generales que, en el marco de la economía de mercado y de la democracia política, deben regir las políticas sociales tendentes a la promoción del bienestar y la superación de la pobreza.
5. El libro concluye con algunas consideraciones acerca de la relación entre ciencia y ética en el seno de las políticas económicas.

La parte correspondiente a la concepción de la política social toma como base de reflexión la realidad social costarricense y centroamericana, fundamentando simultáneamente la universalidad de los principios generales de la acción solidaria.
Al presentar la edición en idioma ruso manifesté que era mi interés que la presente obra contribuyera a los esfuerzos por consolidar la democracia y la economía de mercado en Rusia y divulgar en esa gran nación la realidad contemporánea de una pequeña sociedad de Centro América. Costa Rica, que a pesar de sus grandes avances en la construcción de una democracia política estable y desarrollada, debe realizar grandes esfuerzos por establecer una economía de mercado eficiente y una solidaridad social más justa que promueva la libertad y la dignidad de todas las personas.

En una sociedad que respeta los derechos humanos, la eficiencia económica generada por mercados abiertos y la existencia de instituciones sociales y políticas que garanticen ampliar las oportunidades y la igualdad ante la ley en el marco de un Estado Democrático de derecho, son hechos que permiten augurar un crecimiento económico que difunda el bienestar social a todos los miembros de la comunidad.

Por el contrario, cuando el crecimiento es obtenido generando privilegios y protegiendo artificialmente a determinados grupos de la población, tal y como ha ocurrido en Centro América, entonces se construyen sociedades fragmentadas, cuyas poblaciones encuentran muy disimiles posibilidades de acceso a la educación y la cultura, y son conducción del Gobierno. Ventajas para algunos y frustración para las mayorías, violencia y muerte, son el fruto político de tal modelo económico y social.

Resultado de ese modelo es la pobreza que sigue sofocando a la mayoría de la población centroamericana. Pobreza en ingreso y riqueza. Pobreza en oportunidades y poder. Pobreza que se asienta en los privilegios otorgados a unos pocos cerrando alternativas a la gran mayoría.

En lo político y a pesar del gran avance hacia la democracia logrado en el área, aun quedan restos de violencia, el disfrute de la libertad es restringido y el grado limitado. En el campo social, la educación básica no esta el alcance de toda la población, la educación intermedia carece da la calidad mínima requerida y la superior solo esta al servicio de una élite. Los elementos mínimos para la salud(agua potable, tratamiento de desechos, vacunaciones, eliminación de portadores de enfermedades. atención médica básica) sólo cubren a un sector minoritario de los habitantes. Los sistemas de seguridad social no se han universalizado ni generalizado.

Los grupos marginados en los campos y en las ciudades carecen de la mínima preparación para incorporarse a una fuerza de trabajo moderna. En hacinamiento del tugurio se convierte en escuela de delincuencia. La enorme cantidad de familias con madres solas dificulta la incorporación de la mujer al trabajo fijo y la educación de sus hijos para el mundo actual. En algunos barrios marginados, los delincuentes son los únicos que ofrecen ejemplos de éxito.

En lo económico, el proteccionismo industrial y la sustitución de importaciones desviaron la inversión hacia los pequeños mercados internos, adormecieron la fuerza de la competencia, nos aislaron de los mercados mundiales y limitaron la capacidad de innovación e iniciativa de nuestros empresarios. Todo ello, en un tiempo en que provocaba recurrentes crisis fiscales y de balanza de pagos.

La producción agrícola para el alto consumo mantiene en la pobreza y en el atraso técnico a miles de agricultores y el peso de la protección a otros sectores impide un mayor desarrollo de la agricultura tradicional de exportación. Sin un mayor desarrollo tecnológico y educativo no podremos incorporarnos a los mercados mundiales, salvo sobre la base de la miseria de los trabajadores.

Frente a la unión de los poderosos y ante la fragilidad centroamericana, la región encara retos que, de no superarse, nos sumirán en la miseria.

Debemos aumentar la producción para poder disponer de mayor cantidad de bienes y servicios para todos; debemos destinar recursos para la educación, para que la cultura se generalice, el conocimiento aumente y el capital humano agrande y modernice nuestras economías; tenemos que mejorar la atención de la salud y universalizar la seguridad social; debemos resolver los problemas del tugurio, de la desnutrición y del abandono de menores, inválidos, ancianos y minusválidos; requerimos abrir las estructuras culturales a la creatividad, la competencia y la innovación; necesitamos abrir las posiciones y las decisiones políticas y colectivas a las iniciativas de todas las personas.

Estos son los muros que nos separan del desarrollo. Sin embargo, para enfrentarlos tenemos recursos escaso. <ignoramos cuáles son los mejores medios para alcanzarlo, el tiempo se nos escapa y las dificultades persisten. ¿Cómo distribuir nuestra posibilidades entre las demandas de la producción, de los bienes públicos y de la cultura? ¿Cómo enfrentar, con segmentos de la población no integrados al siglo XX, las demandas del siglo XXI? ¿Cómo avanzar para garantizar la libertad y los derechos humanos a todos? ¿Cómo fortalecer una democracia amplia y participativa, al tiempo que se establecen garantías y seguridades para la inversión y la producción? ¿Cómo dominar la violencia, establecer mecanismos pacíficos y civilizados para el cambio y dar, a la vez, seguridad a los ciudadanos y a las naciones?

Para economías pequeñas en población área y desarrollo, el crecimiento de los mercados industrializados ofrece amplias posibilidades. La incorporación al comercio mundial de áreas antes excluidas nos permite presagiar un crecimiento del comercio que ofrece oportunidades para nuestras exportaciones y demanda nuevas realidades. Sería un error imperdonable contentarnos con recuperar la unión del mercado centroamericano separarnos del resto de la Américas.

Nuestra ubicación geográfica nos coloca en un punto de intersección de los grandes bloques de naciones desarrolladas y nos permitirá competir por la inversión y la tecnología de empresas pequeñas o personales, a las cuales podemos ofrecer condiciones adecuadas para su desarrollo.

El avance de la democracia nos permite construir sobre el diálogo y no destruir en el enfrentamiento ciego; no desperdiciemos el hecho de que la apertura de los antiguos países socialistas y la modernización de sus estructuras nos liberaron del influjo "revolucionario" de sus armas.

Sin embargo, considero que en América Latina nos estamos quedando atrás. A veces, parece que avanzan más rápidamente las economías que hace sólo dos años fueron comunistas en Europa Oriental, con el agravante de que los cambios que debemos realizar en nuestras sociedades, aunque muchas veces traumáticos y duros, no son tan extraordinariamente complicados como sí ocurre en aquellos países. Esto nos debe llevar a una reflexión importante sobre la relación entre las crisis sociales y el nacimiento de una capacidad para cambiar en las sociedades. En efecto, la experiencia reciente de Europa Central y del Este, así como de las Repúblicas de la ex-Unión Soviética, muestra que las comunidades humanas cuando enfrentan a serias y profundas crisis sociales, económicas y políticas , son capaces de generar inmensas fuerzas transformadoras y liberadoras que obtienen en poco tiempo lo que a otras sociedades les lleva muchas décadas.

En Centro América hemos vivido y vivimos aún una crisis económica importante, muchos son los desequilibrios que deben ser superados. Ante esos problemas los avances alcanzados en la construcción de democracias políticas dinámicas y consolidadas son razón suficiente para mirar con optimismo la erradicación de nuestras actuales dificultades económicas. Sin embargo, necesitamos generar fuerzas creativas capaces de innovar y de abrir "espacios" nuevos al desarrollo de nuestros pueblos, porque si no podemos responder a las necesidades de los tiempos que corren, si no combinamos los objetivos valiosos que tenemos con mecanismos eficientes para alcanzarlos, nos convertiremos en simples observadores del progreso ajeno.

Las presentes dificultades económicas y sociales, así por alcanzar el desarrollo, deben ser acicates suficientes para generar entre nosotros la creatividad, la innovación la valentía y la decisión, adecuadas a las nuevas coordenadas de la historia.

Se trata de que las economías centroamericanas recorran el sendero de la liberalización de sus estructuras económicas, de tal modo que puedan enrrumbarse hacia un estilo de crecimiento de la producción y de distribución de la riqueza sin las artificiales distorsiones que el exceso de intervención gubernamental en las asuntos económicos produjo en el pasado.

Tradicionalmente, desde los filósofos griegos, hablamos de democracia en función de quién debe gobernar. Karl Popper agrupa las teorías que parten de la respuesta a esa pregunta bajo el nombre de "teorías de la soberanía": teorías que consideran el poder como ilimitado y para las cuales determinar quién es el soberano es lo importante. Dentro de esta concepción se acepta la democracia como soberanía del pueblo, soberanía de la mayoría.

"En las naciones donde reina el dogma de la soberanía del pueblo, cada individuo participa igualmente en la soberanía y en el gobierno de Estado".

"Se considera, pues, a cada individuo tan inteligente, virtuoso y fuerte como cualquier otro de sus semejantes. ¿Por qué obedece entonces a la sociedad y cuáles son los límites naturales de esa obediencia? Obedece a la sociedad, no porque sea inferior a quienes la dirigen, o menos capaz que otro de gobernarse a sí mismo; obedece a la sociedad porque la unión con sus semejantes le parece útil y porque sabe que esta unión no puede existir sin un poder regulador".⁽⁴⁾

A la pregunta de a quién compete el poder del Estado, responde la democracia que al pueblo. Esto significa que el poder político sólo es legítimo cuando tiene por titular la voluntad del pueblo y, además implica que debe ser el pueblo quien ejerza el mando estatal, por sí mismo o por representación. A eso se debe la regla de la mayoría como método de la democracia.

Kark Popper afirma que esta concepción de la democracia como soberanía involucra una contradicción. Si la mayoría es soberana, ¿puede ésta determinar que uno solo mande? Si la mayoría quiere establecer la dictadura, ¿qué debe prevalecer: la soberanía de la mayoría o la dictadura? Popper explica:

"Todas las teorías de la soberanía son paradójicas. Por ejemplo, podemos haber seleccionado el gobierno de los más sabios o de los mejores. Pero los más sabios en su sabiduría pueden encontrar que no ellos sino los mejores deben gobernar, y los mejores en su bondad pueden decidir que la mayoría debe gobernar. Es importante notar que incluso la teoría de la soberanía que demanda el gobierno de la ley puede ser igualmente objetada Esto, en efecto, se Heráclito: "La ley también puede demandar que se obedezca la voluntad de un hombre ".⁽⁵⁾

En las áreas de competencia que se le haya asignado al gobierno van a ser los gobernantes los que tomen las decisiones durante su período de gobierno. Esto hace que sea conveniente, para evitar la violencia, establecer plazos y sistemas para su ejercicio del mando.

Los otros sistemas de gobierno son aquellos de los cuales sólo nos podemos deshacer por medio de la violencia, lo que implica en elevado costo humano. Por ello, para Popper, la definición de la democracia como un gobierno que permite un cambio no violento de gobernantes es, además de una definición operativa, una verdadera justificación de esta forma de gobierno, que no es ilimitado pues debe organizarse para que incluso gobernantes malos o incompetentes no puedan hacer daño alguno.

Sin descartar la tesis de soberanía en cuanto regla de la mayoría ni la teoría de Popper en cuanto a cambia pacífico, prefiero una tercera definición basada también en la forma de ser del gobierno. La democracia es una forma de organización, es una respuesta a ¿cómo ordenar el poder político? Y no una respuesta a las finalidades de la sociedad.

Continuando con esta discusión, Hayek, en "Los fundamentos de la libertad", insinúa otra definición de democracia que me parece muy adecuada y rica en consecuencias. Señala: "La democracia por encima de todo es un proceso de formación de opinión"⁽⁶⁾. De lo anterior puede derivarse que la democracia es un sistema de discusión libre e inteligente para llegar a soluciones por la regla de la mayoría.

La democracia considerada como gobierno mediante discusión libre e inteligente descansa en asambleas deliberativas que sean representantes del pueblo. El axioma general de la conducta humana es que no es sabio actuar, a menos que la acción se pueda basar en creencias razonables, escogidas críticamente entre posibles opciones. Para ello es necesario que opiniones diversas se puedan confrontar y que los nuevos puntos de vista de pocos, puedan llegar a ser la opinión de la mayoría. De aquí que la sociedad democrática deba nacer y desenvolverse como producto de la deliberación. El principio fundamental de la igualdad de todos los hombres ante la ley, exige que todos ellos tengan la misma participación en la confección de las leyes. Esta es otra de las características de la democracia, que la hacen ser el medio de organización política más compatible con las metas de la sociedad.

Para que de una discusión salgan acuerdos y para que las partes concurrentes a ella lleguen a alguna conclusión, es indispensable que puedan participar, que puedan tener y puedan ejercer el derecho de contribuir con sus puntos de vista a la toma de decisiones. Así la participación emerge como toro elemento, también constitutivo de la democracia.

Si para que la democracia pueda funcionar se requiere que haya libertad, que haya participación, la democracia constituye un sistema de toma de decisiones cuyo ejercicio conduce al establecimiento de una sociedad libre,

Libertad y estructuras parcipativas que aseguren la intervención de los ciudadanos en la solución de los asuntos de interés común, más allá de los procesos electorales, son esenciales para desarrollar una sociedad democrática fuerte y dinámica.

Es por ello que la libertad y la participación, como elementos circunstanciales a la democracia, están presentes en la forma de organizar el poder para el funcionamiento de una sociedad democrática. Y esta organización requiere, para que mantenga tal característica, a la par de la aplicación de ese método, la adopción de una determinada estructura y unas específicas características. A la vez, la organización del poder también va a configurar un tipo de economía, ya que no todo tipo de economía es compatible con la sociedad democrática.

Lo anterior puede parecer un lugar común y puede pensarse que realmente concluir en que la democracia implica una determinada organización del poder y una determinada forma de economía compatibles con la libertad y con las posibilidades de participación de los miembros de esa sociedad, no es haber avanzado mucho, porque lo que se ha logrado es sólo exprimir rasgos inherentes al concepto de democracia. Y estricta y racionalmente así es.

En lo político, lo económico, lo social y lo cultural una sociedad participativa será aquella en la que los individuos, las familias, las comunidades de vecinos, de estudiantes, de trabajadores, e empresarios y otras, así como las territoriales, participan directa y libremente en la toma de decisiones que los afecten.

En el marco de una verdadera sociedad participativa, quienes gobiernen no deben alterar los derechos y la libertad de los ciudadanos, ni imponer metas arbitrarias o diseñar con soberbia los métodos para alcanzarlas, porque ello impide la experimentación y el descubrimiento como posibilidades de acción por parte de cada persona, la suma de las cuales ha de contribuir a la eficiencia y al progreso de todos.

Por ello, todo sistema de participación debe comenzar por el respeto al principio de subsidiariedad, Según éste, la solución de los problemas debe quedar a cargo de la unidad más pequeña capaz de afrontarlos: primeramente el individuo, después la familia, luego la sociedad voluntaria, en seguida el barrio, distrito y provincia y sólo en último grado la nación. La unidad próxima más grande debe dedicarse a resolver esos problemas sólo cuando la más pequeña no está en condiciones de hacerlo. Y es que los problemas pueden ser mucho mejor resueltos cuando las soluciones están en manos de quienes los afrontan de manera directa y son, por ello, quienes más los conocen. Modificar este esquema es menoscabar la libertad y responsabilidad personales.

La democracia como forma de gobierno está constituida por instituciones y no por contenidos. Los objetivos, la ideología, son los que señalan el qué del gobierno. La forma determina el cómo gobernar. Pero sin el cómo, sin las instituciones que lo respaldan, sin la forma, no podríamos en modo alguno buscar los objetivos mediante un gobierno democrático. Es imposible pensar en democracia sin elecciones libres, representación de la minoría, universalidad del derecho al voto, garantías de libre participación electoral y de libre organización política, autoridades electorales independientes y respeto a los resultados del sufragio, libertad de expresión y división de poderes. Por ello constituye un grave error caer en la confusión de atacar los elementos formales de la democracia. La tarea es, más bien, la de ininterrumpidamente promover el perfeccionamiento de estos elementos formales que constituyen la democracia como forma de gobierno. La forma de gobierno nos permite, por su medio, luchar por las grandes metas de libertad, justicia, paz solidaridad y desarrollo.

"La teoría de la democracia afirma Popper- no se basa en el principio de gobierno e la ,mayoría; más bien los métodos igualitarios de control democrático tales como elecciones generales y gobierno representativo deben considerarse simplemente como instituciones de salvaguardia frente a la tiranía, bien probadas y efectivas para enfrentar la tiranía, pero siempre sujetas a ser mejoradas y que incluso contienen métodos para su propio perfeccionamientos".

Cuando se pretende asignar un único contenido ideológico a la democracia, ésta pierde la posibilidad de ser pluralista, y se dificulta que las diversas ideologías busquen el apoyo de la mayoría para realizar sus proyectos políticos. Se hace entonces imposible a las minorías luchar, dentro de las instituciones democráticas, por convencer de sus puntos de vista y aglutinar una nueva mayoría. Se vuelve entonces imposible el cambio pacífico y se impide la discusión libre e inteligente que permita llegar a decisiones mediante la regla de la mayoría. Se frena el progreso que surge del debate. La consecuencia de los ataques a las formas de la democracia es, en última instancia, el totalitarismo de quién o quiénes imponen a una sociedad sus concepciones como las únicas válidas.

La frase "el fin justifica los medios" envuelve una visión constructivista total que pretende diseñar el fin último al cual se deben subordinar todos los pasos previos. Si no, ¿cómo se define qué es fin y qué es medio?

Para poder distinguir entre medios y fines de una manera absolutamente clara tendríamos que tener un fin último acordado, al cual todos los demás fines intermedios se le sometiesen como medios y entonces cabría al menos conceptualmente, la posibilidad de justificar los medios en función de un fin, porque se podría definir una pauta única de desarrollo.

A fines del siglo XX, esas concepciones filosóficas totalitarias han dejado de tener aceptación por la generalización de una actitud científica y filosófica más consciente de las limitaciones del conocimiento y existe acuerdo sobre la imposibilidad de conceptualizar ese fin último. Por eso todos, medios y fines, primarios o secundarios, y concepciones valorativas de la sociedad. De aquí que no cabe en forma alguna, por el simple hecho de ser formal, de ser la manera de organizar el gobierno, hacer de la democracia un medio prescindible según el objetivo que se tenga, sin consideración a su propio valor.

Por otra parte, cuando se concibe la democracia como ese fin último, surge el gran problema de fines y medios someternos a todos a la dictadura de quien impone el fin, e interpreta la forma como los medios le sirven. Pero, siguiendo a Sócrates deberíamos todos reconocer nuestra propia ignorancia. Vivimos en un mundo de incertidumbre de ignorancia en el cual nadie tiene la capacidad de saber cuáles son las causas y las consecuencias, sobre todo secundarias, de distintas acciones. Ante esa imposibilidad de predecir los resultados de distintas acciones en consecuencias secundarias, terciarias y otras, no nos es válido imponerle una concepción personal a los demás. Por ello, repito, el ataque a la democracia formal se convierte en el fondo en un ataque a la idea misma de la democracia. Por eso, democracia no es la dictadura de la mayoría. Si tenemos en sistema de discusión inteligente y libre para tomar decisiones que en caso sometemos a la regla de la mayoría, ello nos permite, si disentimos de esa posición, mantener una posición distinta y tratar de convencer a los demás.

Empíricamente es evidente que los objetivos y los medios para alcanzarlos sufren enormes cambios a través de la historia. La ignorancia en que vivimos nos impide señalar hoy todas las aristas de los objetivos que en el futuro se impondrán por la voluntad de las mayorías. También esa ignorancia hace que progresemos en su conquista desarrollando nuevos conocimientos, los cuales generan nuevos mecanismos o medios para alcanzar los fines inmediatos.

Por otra parte, los objetivos para poder mantener a largo plazo a través de diversas generaciones, requerirían un total estancamiento del hombre en le descubrimiento de valores y en la construcción de cambios parciales a sus visiones de futuro. En todo caso, ¿cómo sujetar empíricamente a las futuras generaciones al fin último establecido por una mayoría presente?

Intrínsecamente el diseño de la solución total es imposible para nosotros. Si no conocemos la verdadera relación de medios a realizaciones en las interacciones del presente, ¿cómo vamos a proyectarlas a la construcción del objetivo último que hoy soñemos?

Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que sea imposible racionalmente diseñar cambios parciales a las instituciones. Pero, frente a estos objetivos jamás pensaríamos en sacrificar medios que han demostrado su uso. Al contrario, el reconocimiento de la imperfección de nuestras humanas realizaciones, nos mueve a buscar su perfeccionamientos, pero en forma parcial, sin pretender borrarlo todo y partir de cero, posición que sólo nos llevaría a la violencia, al retroceso y la frustración.

La imposibilidad de sujetar todos los medios o fines intermedios a un fin último de diseño total, tampoco significa que no existan valores permanentes que vamos descubriendo en sus particularidades mediante el avance de la civilización.

Esos valores forman la opinión generalizada respecto a las ventajas de ciertas instituciones, no para el caso concreto sino para la generalidad de sus aplicaciones. Pero tener como finalidad la paz, la justicia, la belleza o la verdad no nos permite someter en forma unívoca todas las acciones como medios para esos fines en una forma totalmente predeterminada. No nos es posible esa sujeción de todas las acciones a un fin, justificado los medios por el fin , ya que los conceptos de valor no justifican establecer un instrumento que nos permita crear un historicismo fatal empírica o conceptualmente.

Para poder justificar un medio por el fin, primero tendríamos que poder asegurar que el fin alcanza el medio. Si lo alcanza y el medio es malo, entonces nos vemos en le caso de escoger entre dos males. Y al hacerlo, debemos tener presente que la consecuencia del mal medio puede ser más permanente que el buen fin que pretende justificarlo.

La concepción de democracia como sistema de discusión libre e inteligente para poder llegar a acuerdos por la regla de la mayoría, nos permite preguntarnos ¿qué condiciones debe tener la sociedad para que este sistema exista y se mantenga? De aquí surge de inmediato la relación de democracia con libertad y con participación. Así, aunque la democracia es formal, se existencia está sujeta a ciertos valores de la organización social.

No puede haber un sistema de discusión si no hay independencia de criterios. La independencia de criterios es fundamental para que sea posible la discusión. La imposición sería aceptable sólo si la ejerciese quien todo lo supiera: si Dios dedicara su tiempo a manejar los detalles de nuestra sociedad. No habría, entonces, necesidad de aunar las diversas mentes porque habría un solo conocimientos total y absoluto. De esta forma la ignorancia viene a se un factor fundamental para la existencia de criterios independientes. Pero además de esto, tal ignorancia es razón suficiente para que nadie pueda imponer legítimamente su criterio a los demás, porque el criterio final debe ser resultado de la discusión. De ahí que la libertad sea indispensable y que este binomio de libertad e ignorancia, sea uno de los elementos consultivos necesarios para que se pueda dar y pueda funcionar un sistema democrático. Por ello otra forma de acercarnos al concepto de democracia sería señalar que consiste en aplicar ala organización política el principio de racionalidad, entendido como una actitud de apertura para escuchar argumentos y para aprender con la experiencia .

El derecho de cada ciudadano a participar en el gobierno tiene origen en su propia dignidad, pues de ser los hombres simples objetos pasivos del poder estatal, su dignidad se lesionaría.

En la organización democrática de una sociedad libre, las decisiones políticas han de ajustarse, tanto como sea posible, al voto de la mayoría. Mas la mayoría no puede hace lo que le venga en gana. No puede determinar sus poderes y el modo de ejercitarlos, sino que su ámbito de acción se halla limitado por los principios y valores sociales, y por el cometido social que al Estado haya encomendado la comunidad, En el gobierno democrático se deben establecer, en consecuencia, límites a la poderosa y grande organización estatal con el fin de asegurar la existencia del Estado de Derecho. La actuación de un gobierno no se justifica por el hecho de que actúa de acuerdo con la mayoría. Un gobierno mayoritario no tiene derecho a hacer lo que más le plazca: no hay justificación alguna para que una mayoría conceda a sus miembros privilegios, establecidos reglas discriminatorias a su favor. La democracia es, por su propia naturaleza, un sistema de gobierno limitado. Por eso también está obligada, como los demás sistemas, a establecer medidas que protejan la libertad individual. El hecho de que la mayoría, simplemente por serlo, se crea facultada para establecer discriminaciones contra la minoría, implica violar un principio de trascendencia aún mayor que el de la democracia, ya que sería ir contra su propia justificación.

La libertad del hombre requerida para la sobrevivencia de la democracia es en sí misma más valiosa que la propia democracia pues se desprende de la dignidad de la persona y no pretendemos, con lo dicho, apreciarla simplemente como sustento para una forma democrática de gobierno, sino más bien señalar la necesidad recíproca entre forma y objetivos de la organización política. A esta altura de la historia fácilmente coincidimos en el hombre como digno, como un autofín y no como instrumento al servicio de fines ajenos Sea que partamos de una concepción teológica que ve en el hombre la imagen de Dios; o de principios de ética humanista, llegamos al principio de la dignidad. La dignidad de la persona nos conduce a defender que cada hombre goce de libertad como una esfera indeterminada de acción, como un campo en el cual él pueda desenvolverse tomando sus propias decisiones,. Ello implica la búsqueda de esquemas para la coordinación de acciones humanas libres o sea, basadas en posibilidades indeterminadas de acción individual que se encuentren unas con otras en la sociedad y que, dentro de la ley, dentro de un conjunto de reglas de juegos, se coordinen a través de un proceso espontáneo de evolución social. Esto en el campo económico lo llamamos "mercado" y, en general, resulta en una organización compleja en la que las acciones libres se coordinan espontáneamente.

Existe una íntima relación entre democracia y economía de mercado. Obviamente la más importante de las características de una economía de mercado es que las decisiones económicas de los individuos puedan ser tomadas por ellos mismos. O sea que las personas puedan actuar como seres libres, lo cual significa que debe procurase una organización basada en planes. Esta estructura de planificación es contraria a una visión centralizada de la sociedad, la cual se fundamenta en la idea de que alguien puede tener todo el conocimiento y, en consecuencia él debe imponer su plan económico y su visión económica a la sociedad. En verdad, lo que propone es que un grupo de personas -las que tienen el poder dentro del gobierno- poseen más conocimientos y mejores valores morales que el resto de la comunidad, lo que las faculta para imponer a todos una forma de organización. Desde luego, esto imposibilita la toma de decisiones mediante la discusión inteligente y la libre concurrencia de voluntades independientes para llegar a un acuerdo. ¿Acaso no es claro que esto nos lleva fuera de la democracia, bien a un sistema aristocrático, a un sistema feudal o a un sistema totalitario de cualquier tipo?

Por el contrario, la existencia de multitud de planes individuales es lo que nos obliga a establecer un mecanismo de coordinación espontáneo y descentralizado, distinto a la coordinación centralizada de la economía dirigida. El sistema de coordinación de planes económicos individuales es denominado mercado y se corresponde con los procedimientos típicos de la democracia política: procesos electorales, deliberación, participación.

La resolución centralizada de los casos concretos sólo sería eficiente si no existiese ignorancia y fuese posible el diseño detallado de la vida social. Se fundamenta este intento de resolución centralizada en la visión que asume que todas las instituciones sociales resultan del designio humano previo. Es la visión de la ingeniería social que pretende ser capaz de modificar la sociedad de acuerdo con la voluntad del gobernante, sin tomar en cuenta las mil y una maneras mediante las cuales las personas, por tanteo y error y sin siquiera proponérselo, van tejiendo nuevas instituciones, costumbres, necesidades y formas de satisfacerlas.

Es nuestra radical ignorancia sobre las cosas la que nos obliga a escoger la espontánea creación de tantos centros de decisión como personas, en lugar de optar por la solución centralizada.

En el campo de la conveniencia social, las reglas van estableciéndose por el uso, por la costumbre, por la imitación, por el descubrimiento de que son efectivas y más convenientes en cuanto a sus resultados, y forman la sociedad espontánea. Ellas permiten que los individuos puedan actuar diferenciadamente, sin la obligación de apegarse a los fines comunes, que caracterizan la acción de los hombre en el grupo tribal primitivo, como consecuencia de que todos sus miembros tienen los mismos conocimientos. Y es que cuando se multiplican y difunden los conocimientos y aumenta el tamaño del grupo, ya no es posible que cada hombre tenga todos los conocimientos que todos en conjunto sí tienen. Precisamente la sociedad espontánea es la forma de aprovechar el conocimiento disperso. La sociedad espontánea se conforma por reglas no creadas por diseño o planificación, y muchas veces ni siquiera conocidas en forma expresa por aquellos que las siguen. En verdad, constantemente actuamos siguiendo reglas que automáticamente aplicamos frente a casos concretos, pero que posiblemente no podríamos expresar o definir en todas sus dimensiones. Es la existencia de esas reglas en la gran sociedad, lo que nos permite actuar persiguiendo prioridades y fines individuales definidos y no sólo objetivos metaindividuales

El gran descubrimiento de David Hume y de los filósofos éticos escoceses fue que, mediante las reglas que la sociedad genera por un proceso evolutivo, las acciones que los individuos realizan para seguir sus fines, egoístas o altruistas, pero individuales y particulares, pueden enlazarse en un resultado de bien común, de mejor situación para todos los individuos en un orden social.

El que las reglas sean el producto de la experiencia, no quiere decir que ellas sean inconmovibles e incambiables. Conforme las circunstancias van cambiando, varía la aplicación de las reglas a los casos concretos y se generan nuevas reglas. Estas toman en consideración las anteriores, para poder preservar el orden social como uno que permita la multiplicidad de fines. Para ello, al variar una norma no se cambian todas, sino sólo específica y la nueva regla que se adopte debe conciliarse, armonizarse con el resto, con lo cual se legitima socialmente. Este armonizarse con el resto de las reglas es la condición necesaria para que el orden social pueda subsistir. Esto es tanto así que ni para los griegos, ni para los romanos, ni para los naturalistas, por ejemplo, la ley se crea, sino que ella se descubre. Como hemos visto, de este proceso histórico no guiado por la razón de ningún individuo sino por la evolución institucional, resulta un orden social. Característica fundamental de este orden es la utilización que permite del conocimiento disperso e inarticulable de todos los individuos. De aquí es que se produce un bienestar material que no sería posible obtener por otra vía.

El conocimiento más importante para el bienestar material de la sociedad no es el científico o el que existe en las bibliotecas sino el que tienen los miles de individuos acerca de su vida diaria en diferentes circunstancias y lugares. Es un conocimiento que, en gran parte no se puede articular, es decir, no se puede comunicar a otra persona para que ésta lo utilice. Es el conocimiento de cómo se hace el lazo de los zapatos, de cómo redactar adecuadamente o, más importante para el caso que nos ocupa, de cuál es la manera más barata de producir un bien en cierto tiempo y lugar, o de cómo organizar una empresa para lograr la mayor eficiencia.

Este conocimiento es, a su vez, resultado de la selección en el tiempo de los medios más exitosos para lograr diferentes fines, que se imita y se hereda de generación en generación y va cambiando continuamente según se descubren medios más exitosos. La selección en este caso la hace el mercado: la ganancia económica de una acción es señal de su éxito; la pérdida, consecuencia de su ineficiencia y causa de un posterior desuso.

En un sistema de mercado, el precio de un bien o recurso productivo, que resulta de la puja de venta y compra de miles de individuos que conocen sólo su propio bienestar, es un señal que concentra la parte más importante de este conocimiento y sirve a su vez para ser usado por otros individuos en sus decisiones económicas. De aquí que el sistema de precios o de mercado logre el avance del conocimiento práctico y el uso de éste de una manera que no puede ningún otro sistema conocido por el hombre.

En el deporte tenemos un esquema exactamente igual de participación competitiva. Hay unas reglas dadas dentro de las cuales cada uno trata de superarse y de superar a los demás y en el proceso todos se enriquecen: las marcas de los corredores se van superando, las técnicas del fútbol van evolucionando, las formas de llevar a cabo un juego de tenis van mejorando, las posibilidades del entrenamiento para nadar mejor van progresando.

Lo mismo se nos da en el campo de la producción de bienes dentro de la organización social de libertad, cuando podemos producir competitivamente los bienes. En resumen, la participación competitiva en la economía aporta, en primer lugar, respeto a la dignidad y a la libertad. No puede haber respeto a la dignidad del hombre cuando sus fines le son impuestos por otro.

La esencia de la participación competitiva es que los planes se producen individualmente o sea, que cada hace su propio plan. Esto no quiere decir que no haya planificación cuando existe participación competitiva, al contrario, lo que hay son múltiples centros de planificación. La diferencia entre una organización totalitaria y centralizada de la producción y una organización de mercado, no es que en una hay planificación y en la otra no. Es que en una hay muchos planes independientes, mientras que en la otra se pretende la existencia de un solo plan que coordine las acciones de todos. Esa ventaja fundamental de la posibilidad de respetar la dignidad y la libertad a través de la competencia participativa nos produce otra serie de ventajas de enorme importancia. Recordando de nuevo a Sócrates debemos pensar que siempre estamos tomando decisiones en un mundo de ignorancia, donde no podemos tener plena seguridad de los resultados. Nosotros escogemos una acción, pero como estamos en un mundo cuyo entorno nos es desconocido, como somos ignorante del conjunto de todas las reglas y de todas las circunstancias, el resultado de nuestra acción concreta nos es ignorado y depende de cuál sea el estado de la naturaleza, como diría en estadístico, qué es lo que se va a producir y es de la unión de ese estado de la naturaleza y de la acción tomada que depende el resultado.

Por eso, si hay mayor cantidad de gente tratando de acertar hay mejores posibilidades de hacerlo. Cuando tenemos una planificación centralizada hay una acción que se decide y a ella le sigue un resultado incierto. Cuando hay millones de centros de decisión y de planificación se ejecutan diferentes acciones y hay más oportunidad de acerar en medio de la ignorancia, lo que enriquece a todos porque permite la imitación. Es este proceso de invención que acierta e imitación de la conducta exitosa el que provoca el progreso y el éxito en la sociedad. De ahí el significado del concepto "participación competitiva" para comprender cabalmente la superioridad técnica y moral de la economía de mercado sobre la economía dirigida.

La participación competitiva nos permite una mejor utilización del conocimiento. Ponemos énfasis en la ignorancia porque probablemente lo más valioso que tenemos es el conocimientos, pero este conocimiento es limitado y además, está distribuido. Los miembros de un grupo saben más que el que más sabe de sus miembros, de manera que cuando permitimos que haya planes individuales permitimos que se utilice ese conocimiento que cada tiene. Hace unos años algunos pensaban que ese conocimiento se podía centralizar y que el problema era simplemente de cómputo para que la información llegara a un sólo centro que con ella tomaría las decisiones centralizadamente. Pero ese argumento ha sido destruido por un concepto muy importante desarrollado en la segunda mitad de este siglo, a saber: conocimiento inarticulable.

Hay una gran cantidad de conocimientos, de cosa que podemos hacer pero que no podemos conceptualizar y trasmitir a otro explicándoles cómo se hace. Lo expongo con un ejemplo muy sencillo: andar en bicicleta. Todos podemos andar en bicicleta pero, ¿quién puede explicar cómo se mueven los músculos, se desplaza el centro de gravedad, se modifica la posición del cuerpo y se mantiene el equilibrio? Un ejemplo más complicado está en la idea que usamos los economistas de que las empresas determinan sus niveles de producción observando sus curvas de costos marginales y produciendo un volumen tal que el costo marginal sea igual al precio.

Esto parte de la concepualización de que existe una curva de costos. Si se le pregunta al mejor empresario del mundo su curva de costos marginales, no lo sabe. Además, es imposible saberla, es un concepto demasiado complicado aplicado a casos determinados. Lo usamos como una simplificación en forma abstracta para tratar de entender la conducta de los productores . Lo que el empresario hace es experimentar alrededor de un punto de su curva de costo marginal y probar los resultados de diversas combinaciones de factores. La competencia lo lleva a estar descubriendo puntos en su línea de costo marginal pero nunca a conocerla, por eso le es imposible transmitir al planificador central su curva de costos marginales para que éste tome las decisiones, como pretendía Osar Lange hace cuarenta años cuando resolvía el problema de la imposibilidad de planificación centralizada, proponiendo adoptar las decisiones de un modelo de equilibrio competitivo centralizandamente con las curvas de costos marginales. Esa solución es imposible pues ese conocimiento no es transferible.

Pero no sólo en el uso del conocimiento está la ventaja de la participación competitiva, sino también en la generación de conocimiento y esto es tan importante como el permitir el uso del conocimiento disperso e inarticulable. Cuando se centraliza la toma de decisiones , la búsqueda de conocimiento se centraliza y la posibilidad de que las personas traten de innovar se disminuye. Cuando, al contrario, cada uno es libre para hacer sus planes, cada uno trata de obtener mayor información para resolver su problema y se provoca una mayor búsqueda de conocimientos: de nuevas formas de hacer las cosas y nuevas cosas qué hacer.

Otra característica muy importante de la participación competitiva es el sistema de incentivos. El corredor, en la carrera de 100 metro trata de romper la marca del país, de la comunidad, de la escuela o del mundo, porque con ello obtiene reconocimiento y éxito personal.

El que hace planes individuales e intercambia a través del mercado, se ve incentivado porque, en relación con la valoración que los demás le den a sus acciones, va a tener su retribución. Por ello el sistema de participación competitiva lleva implícito un sistema de reparto que es el de los incentivos. Sistema muy nuevo en la historia del mundo, apenas tendrá unos 200 años de haberse empezado a generalizar

En el pasado, la persona no participaba en la producción en relación con su aporte sino en relación con su posición.- Había un sistema de status. El señor feudal tenía un porcentaje de la cosecha que le produjera el siervo. ¿Qué incentivo tenía el señor feudal para que se produjera más? Ninguno. Por ello se dedicaba a la guerra, a combatir dragones o a las cruzadas, pero no a producir. No existía esta dinámica en la sociedad. Es con la revolución industrial y la generalización de los sistemas de propiedad que surge el sistema de incentivos basado, como toda esta participación competitiva, en instituciones fundamentales como la propiedad, los derechos de libre contratación, de libre asociación y de libertad de trabajo, que constituyen las cuatro piezas fundamentales que sustentan el orden jurídico que posibilita esta participación competitiva y esta planificación totalmente descentralizada e individual que se coordina en el sistema de mercado.

El desarrollo, para que permita una existencia en libertad y participación, requiere que los sistemas de distribución se fundamenten en el incentivo y no en el privilegio. En otras palabras, en el reconocimiento al aporte y esfuerzo de cada quien y no en el otorgamiento de las dádivas originadas en las influencias especiales que grupos y personas logran alcanzar del poder político, y que han sido tanto mayores cuanto más imperfecto sea el Estado de Derecho.

Esto se relaciona con la forma de distribuir el poder en una sociedad. Fundamentalmente, con el hecho de que los privilegios son regales gratuitos por parte de la autoridad y con la consecuencia de que con ello se están defendiendo, en alguna forma, esferas de acción excluyente para que ciertas personas tengan feudos, o sea, situaciones de fuero especial que se presentan más o menos como inalterables.

Finalmente, debemos señalar que la participación competitiva con planes individuales, uso y descubrimiento del conocimiento y sistemas de incentivos, promueve la iniciativa creadora.

El Papa Juan Pablo II ha reconocido la iniciativa económica como un derecho fundamental del ser humano que promueve el bienestar general.

"Es menester indicar - señala el Papa - que en el mundo actual, entre otros derechos, es reprimido a menudo el derecho de iniciativa económica. No obstante eso, se trata de un derecho importante no sólo para el individuo en particular, sino además para el bien común. La experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o su limitación en nombre de una pretendida igualdad de todos en la sociedad, reduce o, sin más destruye de hecho el espíritu de iniciativa, es decir, la subjetividad creativa del individuo. En consecuencia,. Surge, de este modo, no una verdadera igualdad, sino una nivelación descendente. En lugar de la iniciativa creadora nace la pasividad, la dependencia y la sumisión al aparto burocrático que, como único órgano que dispone y decide - aunque no sea poseedor - de la totalidad de los bienes y medios de producción, pone a todos en una posición de dependencia casi absoluta…".⁽⁷⁾

Obviamente, a estas alturas de la historia las ventajas teóricas de la participación competitiva pueden parecer fuera de lugar porque bastaría con simplemente observar lo que está parando en China, Rusia, Polonia, Hungría, Francia, España o Inglaterra, para darnos cuenta, con la observación empírica, que la evolución social nos está llevando en dirección de ausencia humana en un ambiente de mayor participación de la producción, por haber en la práctica demostrado que todas esas ventajas teóricas son reales.

El concepto de "participación competitiva" es complementado y enriquecido por el no menos importante de "participación colaboradora".

El caso más claro y evidente de esa necesidad de colaboración expresa, es la propia organización de las reglas del juego, lo que conceptualmente llamamos el contrato social, no como un evento histórico que se haya dado en un determinado momento cual se produjo un acuerdo expreso, sino como una conceputalización de un proceso probablemente espontáneo que evolucionó hacia la formación de las organizaciones políticas actuales. Toda esa organización de las reglas del juego requiere un acatamiento de todos y puede ser establecida por la imposición de alguien o un grupo a los demás o llegar, por debates, a acuerdos con respecto a cómo organizar la sociedad bien sea por un proceso de colaboración participativo o mediante representación.

Se requiere además, la participación colaboradora para la revisión y reevalucación del contrato social, para la producción directa o indirectamente de bienes públicos y para el establecimiento de una Red Básica de Protección Social que garantice a cada persona un mínimo de bienestar con independencia de su contribución a la producción.

Los bienes públicos son aquellos que una vez producidos satisfacen la necesidad de un individuo sin que eso disminuya su potencialidad de satisfacer la misma necesidad de otros (la luz de un faro, la pureza del aire);o para satisfacer necesidades, es imposible técnicamente, sujetarlos a los derechos de propiedad comunes (como los peces en el mar).

La participación colaboradora nos obliga a destinar recursos y esfuerzos a su obtención. La seguridad, el impartir justicia, las obras públicas y el velar por la educación, la salud y la protección de los marginados, constituyen áreas claves de acción estatal que atendidas bajo el principio de conformidad con el mercado (es decir, aprovechando las normas de la participación competitiva para alcanzar los fines en vez de oponerse a los resultados de las acciones en el mercado), propician la igualdad de oportunidades, contribuyen ala atención de los más necesitados y facilitan, a la vez, la eficiencia económica y la justicia social.

La "constitución económica", entendida como el conjunto de normas que enmarcan la acción del Estado y de los particulares en el proceso productivo, debe también limitar la dedicación de recursos a la obtención de bienes públicos, pues de lo contrario, con un crecimiento desproporcionado de los recursos a es fin destinados, la libertad y el respeto a las metas individuales, podrían perderse junto con la eficiencia económica.

Todas estas acciones del Estado tienen por objeto garantizar un orden, en el cual se puedan perfeccionar las personas y sus asociaciones voluntarias.

En todos estos casos, en los cuales se requieren acuerdos expresos o tácitos, la participación colaboradora es superior a la imposición totalitaria porque respeta la dignidad humana que confiere el derecho natural a cada hombre a participar en el gobierno, porque al hacerlo protege la libertad de cada persona, porque utiliza el conocimiento distribuido, aunque sin la extensión con la que lo puede hacer la participación competitiva, porque puede generar ciertos incentivos y porque permite una convivencia más pacífica.

Claro está que la división entre participación competitiva y participación colaboradora no es estática. En la Tribu prácticamente toda acción se debía dar como resultado de asociar explícitamente esfuerzos tras un objetivo común. Es más, técnicamente los bienes públicos se han ido convirtiendo en privados mediante el establecimiento de nuevos derechos de propiedad, que permiten la apropiabilidad y exclusividad de uso de su propietario. Así, los ámbitos de participación competitiva y colaboradora van espontáneamente evolucionando por el diseño parcial de instituciones, por la introducción de nuevas prácticas que resultan exitosas y, en general, por el desarrollo del conocimiento.

En todo caso, queda claro que democracia como forma de gobierno, y libertad y participación como metas de la organización social se complementan y apoyan mutuamente.

Tanto la participación competitiva como la colaboradora se dan en un marco de leyes generales, lo cual no quiere decir que deba la ley resolver el caso concreto.

Gran tragedia ha sido para la humanidad la falacia que han cometido los racionalistas, intelectualistas, o racionalistas no críticos y planificadores desde Descarte, al creer que las instituciones sociales deben ser revisadas a la luz del conocimiento del momento, que se cree objetivo, transferible y concentrable en una persona y organismo.

Para Voltaire, por ejemplo, el mayor bien sería quemar todas las leyes y hacerlas de nuevo. De esta concepción constructiva del liberalismo francés, de este separarse de la norma como resultado de la evolución social no diseñada, surge el eliminar los límites conceptuales al cuerpo encargado de legislar. Se deja de lado, dentro de esta corriente, el límite al parlamento, que tan claro es en el pensamiento de John Locke: le que las leyes deben ser generales, y el que se debe gobernar mediante leyes establecidas que no puedan vararse para sacos concretos.

La concepción de democracia como soberanía condujo, en el siglo XIX, al concepto de la soberanía del Parlamento. El positivismo jurídico considera que la única manera como puede haber limitación a la competencia de un órgano, es la existencia de una voluntad superior que limite. Dentro de esta concepción, si quien forma la ley es la Asamblea como representación del pueblo, esa Asamblea es soberana porque no existe ninguna voluntad sobre la de ella. En una sociedad libre, son los valores los que originan la ley mediante el conjunto de reglas abstractas que forman una colectividad. Para que subsista ese orden, las reglas que se vayan formando deben armonizarse con el conjunto y en ese sentido el legislador no es soberano: por lo contrario, el legislador de be descubrir la ley que se adapta a la sobrevivencia de la sociedad abierta.

Cuando no se respeta la generalidad de la ley, ni se armoniza la regla nueva con el conjunto de la legislación, ni se somete la norma al servicio de la opinión de la colectividad, predominan las decisiones legislativas para el caso concreto. En el corto plazo, la decisión concreta para buscar un objetivo específico, puede ser mucho más eficiente que la decisión general de establecer una norma que cree el marco general, dentro del cual cada individuo pueda ir descubriendo la mejor forma de actuar. Pero su costo es la destrucción del orden general.

En consecuencia, una concepción simplista de la soberanía de la mayoría lleva a que la legislación se emita par lo concreto, para la ventaja de corto plazo y lleva también a que se dejen de lado los principios de largo plazo que deben organizar la convivencia humana en un ambiente de mayor espontaneidad. La legislación que surge como negociación entre grupos para resolver lo concreto es tal, que incluso se pierde la soberanía de la mayoría, esto es así porque difícilmente habría mayoría con respecto al conjunto de la legislación que resulta. Si el conjunto de negociaciones, de tomas de dacas, se sometiese a la decisión de la mayoría, difícilmente habría tal voluntad de la mayoría, porque se ha perdido el control de la opinión y de los valores de la comunidad sobre la legislación. Esto sólo se puede evitar cuando la legislación no es par el caso concreto, sino de reglas generales.

Para los filósofos éticos escoceses las leyes deben de ser reglas generales para la conducta justa; reglas que sólo delimitan y protegen las esferas de decisión individual y que fundamentalmente son negativas. Adam Smith en su "Teoría de los sentimientos morales", afirma: "La mera justicia es, en la mayoría de las ocasiones, una virtud negativa y sólo nos obliga a no hacer daño a nuestros vecinos. El hombre que simplemente se abstiene de atentar contra las otras personas o a la propiedad o a la reputación de sus vecinos, tiene definitivamente poco mérito positivo. Sin embargo, él cumple todas las reglas de lo que en particular se llama justicia y ejecuta todo le que sus iguales podrían apropiadamente forzarle a hace, o por lo cual lo podrían castigar si no lo hiciera. Nosotros podemos muy a menudo llenar todas las reglas de justicia simplemente sentándonos y no haciendo nada"⁽⁸⁾

Adam Ferguson, en sus Instituciones de Filosofía Moral, nos dice: "La ley fundamental de la moral, en su primera aplicación a las acciones de los hombres es prohibitiva y veda la comisión del mal".⁽⁹⁾

Ahora bien, el pensamiento previsor entiende el bien común como un facilitar la búsqueda de fines individuales desconocidos, como un permitir que las esferas de acción de las distintas personas se desarrollen de la manera más amplia. Esa posibilidad del hombre de darse su personalidad es su dignidad.

Esa dignidad humana que tenemos todos; esa posibilidad de ser autofín, de darnos la propia vida, de escoger inclusive el no escoger, hace que los hombres seamos básicamente iguales, pero no iguales en nuestras circunstancias concretas, ni en el yo, ni en el cuerpo o en el alma, ni en el medio en que nos desenvolvemos. Sólo iguales en la posibilidad de realizarnos a nosotros mismos. "Iguales ante Dios", decía Jefferson. "Iguales ante la ley" dicen los juristas. "Iguales en oportunidades" se decía en el siglo pasado.

Es precisamente en la búsqueda de oportunidades que surge, por ejemplo, la gran lucha por la generalización de la educación como una manera fundamental de permitir la convivencia y al difusión del conocimiento. No se trata, desde luego, de igualdad de resultados. Sería incongruente con las características de la sociedad en la cual las circunstancias son diversas aunque las reglas sean generales, el pretender que todos obtengan el mismo resultado. Cada quien actúa en circunstancias distintas, en incertidumbre. No se da una relación directa entre acción y resultado. La igualdad de resultados sólo podría provenir de impedir que cada uno tenga sus propios fines y actúe de conformidad con la vida que cada quien quisiera hacerse. La igualdad de resultados necesariamente significaría que se imposibilitara la realización de la propia vida, porque tal igualdad sólo se podría obtener eliminando opciones. Por ello la intervención para el caso concreto, aun cuando pudiera tener la finalidad de obtener igualdad de resultados, resultaría inmovilizadora y destructora de la capacidad creadora de los hombres.

En la economía moderna resulta necesaria la acción del Estado para implantar el orden económico de la libertad; esto es, la acción positiva del Gobierno para defender y perfeccionar el sistema de la competencia, mediante el establecimiento de normas jurídicas que impidan la coacción y el uso de la fuerza por particulares, empresas o entes públicos que pudieran recurrir a ella con el propósito de impedir que otros obtengan buen éxito con sus actividades.

Esta protección general del orden económico, entendido éste como el marco jurídico o histórico en el cual se realiza el proceso productivo, constituye la acción estatal de mayor importancia para impedir las causas de marginalidad, que en mucho se originan en cierre de vías, de opciones y posibilidades de realización para los grupos sociales.

Pero a su vez, el imperio de la ley tiene que ser limitado para que se preserven las esferas individuales de acción que constituyen la libertad de los distintos individuos y que no pueden existir si se convierten en esferas determinadas. Si se nos dice a cada uno qué es lo que podemos hacer se pierde definitivamente la libertad, la que consiste en poder hacer todo lo que no atente contra la libertad de los demás o contra las reglas generales debidamente adoptadas; y no en que se nos diga qué es lo que podemos hacer,. Eso está en el centro y en el origen de la distinción de lo que conforma una sociedad libre y una sociedad totalitaria.

Por ello quizá el tema más importante para la organización del Estado democrático, que como tal pueda subsistir por su concordancia con la libertad y la participación, es el límite de la ley, no sólo el límite de las autoridades sino el de la ley. Recordemos el dictado de Heráclito: " la ley puede disponer que se tenga que obedecer la voluntad de un sólo hombre"; o sea, la ley puede destruir el sistema democrático. Por ello, la ley misma debe ser limitada y el límite de la ley surge en última instancia del aprecio de los valores que tengan los miembros de una sociedad y que los lleve a luchar por su vigencia. Es en la conciencia de cada uno de los miembros de la sociedad donde radica el límite de esa ley y ese límite se protege mediante los mecanismos constitucionales que reducen lo que el permitido a los cuerpos deliberativos de representantes. Independientemente de que anclemos los valores de la libertad en la naturaleza humana, en una ética evolutivo en su formación espontánea por evolución social, ellos son creencias que conforman la opinión de los ciudadanos.

Las reglas generales pues, deben estar limitadas por los valores y creencias de la colectividad desarrollados a través de su historia y respetar los derechos de las minorías, por lo cual deben estar sujetas a reglas constitucionales que sean de más difícil variabilidad y que deben tener una mayor permanencia. Sin embargo, las normas constitucionales también deben poder ser revisadas porque el contrato social debe revisarse de conformidad con el avance de los conocimientos, con la experiencia histórica que se vaya acumulando, pero de una manera más conservadora para impedir que la sociedad se torne anárquica. El cambio constante y total del contrato social haría perder las ventajas de la organización social.

En la mayoría de los casos, la preservación de la libertad depende de las características mismas de la ley. Una comunidad que desee salvaguardar la libertad, no puede permitir que sus organismos legislativos se dediquen a disfrutar favores y establecer discriminaciones. Cuando eso ocurre, se dejan sin protección los intereses de la comunidad como un todo y se utilizan los poderes públicos, en beneficio exclusivo de grupos particulares.

No se puede legislar para la libertad cuando se legisla para el caso particular, ni se pueden reconocer los efectos beneficiosos o perjudiciales de la ley, si ésta se observa únicamente en relación a un caso particular.

"La justificación de una determinada norma de Derecho debe ser su utilidad, incluso aunque esta última no sea demostrable mediante argumentos racionales y se convoca únicamente porque la norma, en la práctica, ha demostrado ser más conveniente que ninguna otra; sin embargo, y en términos generales, sólo la regla como un todo debe justificarse, no cada aplicación suya. La idea de cada conflicto en el campo dela ley o en el de las costumbres debiera decidirse como le pueda parecer más conveniente a alguien que comprendiese todas las consecuencias de la decisión, envuelve la negación de la necesidad de las reglas".⁽¹⁰⁾

Se puede explicar el sistema en el cual la acción coactiva del Estado se limita al cumplimiento de reglas abstractas generales, como el resultado de un movimiento del estatuto de las leyes generales e iguales. El estatuto como lugar asignado a cada individuo en la sociedad, corresponde a una organización política en la cual las normas no son generales, sino singularizadas para determinadas personas o grupos a los cuales confieren antípoda es el imperio de las leyes generales; de las reglas que son iguales para todos.

La diferencia entre el estatuto y las reglas generales consiste en que éstas últimas, propias de una sociedad libre, hacen que los individuos tengan una esfera de acción propia y claramente reconocida, distinta de la esfera pública. Esta esfera de acción propia surge y se mantiene en virtud de que los individuos no están obligados a obedecer cualquier clase de órdenes, sino que únicamente están en la obligación de seguir reglas igualmente aplicables a todos los ciudadanos.

Para que el conocimiento de las esferas individuales de acción favorezca la libertad y no se convierta en un instrumento de coacción, su extensión y contenido no deben determinarse por la asignación deliberada de cosas determinadas a hombres determinados. Si lo que se incluyese en la esfera privada de un hombre determinado fuese resultado de la voluntad de otro hombre o grupo de hombres, se encontraría el primero sujeto a la coacción del o de lo segundos. En la sociedad libre la esfera individual incluye todas las acciones que no han sido explícitamente prohibidas por una ley general.

Cuando el hombre obedece leyes generales y abstractas establecidas con independencia de su aplicación a su caso, no se halla sujeto a la voluntad de ningún otro hombre y es por lo tanto libre. Si la regla legal fuese establecida para su caso concreto, el hombre se encontraría sujeto directamente a la voluntad del legislador, el cual le podría imponer metas distintas a las suyas personales, quitándole de este modo la libertad social. Mientras el ciudadano de la sociedad libre se mantenga dentro de los límites de las leyes conocidas, no tiene necesidad de solicitar permiso de nadie ni de obedecer orden alguna. Todos los aspectos de la libertad se ven en peligro cuando se ataca alguno de sus fundamentos y cuando se ataca la generalidad de la ley, se atenta contra una de las bases imprescindibles de la libertad.

De la misma manera como las leyes de la naturaleza eliminan ciertas posibilidades a la acción del hombre y le ofrecen un marco en el cual su poder se encuentra circunscrito sin limitar su libertad, así también actúan las reglas generales del derecho, eliminando ciertas posibilidades de acción, pero no limitando la elección entre ellas a una determinada acción impuesta por otro hombre.

Las normas legales adoptadas por la comunidad deben constituir una adaptación de la sociedad misma al medio en el cual los ciudadanos se desenvuelven y a sus características generales. Por lo tanto, las leyes deben servir para ayudar a los individuos a formular planes de acción que tengan probabilidades de ser ejecutados con buen éxito. Las leyes generarles y abstractas no limitan, por el contrario, aseguran y protegen la libertad social del individuo, en tanto y en cuanto sean necesarias para facilitar a los individuos sus propias y personales metas.

Pero la legislación general, ante cuyo incumplimiento surge la única posibilidad legítima de recurrir a la fuerza, es el punto final de un proceso que probablemente cierre algunas posibilidades a la voluntad individual; y si se multiplica, disminuyen notablemente las posibilidades de elección, hasta el punto de que la autoridad puede sustituir la iniciativa y libertad personales.

"Parece ser incuestionable que sobre esa base correspondería eliminar la legislación, cuando ella fuera utilizada meramente como un medio para someter las minorías, a fin de tratarlas como bando perdedor. También parece incuestionable que debiera no utilizarse el proceso legislativo, siempre que para las personas resulte posible alcanzar sus objetivos propios sin depender de lo que decida un grupo sin constreñir en realidad a otras gentes a realizar lo que jamás hubieran realizado, sin ser constreñida a ello. Finalmente, parece obvio que siempre que haya alguna duda en cuanto a las ventajas que ofrece el proceso legislativo, comparándolo con alguna otra clase de proceso, en cuanto a establecer reglas para nuestra conducta, la adopción del proceso legislativo debiera ser resultado de una ponderación muy precisa". ⁽¹¹⁾

"Un régimen moderado es aquel en que hay división de poderes, de modo que sea el mismo poder, y no el individuo ni la mas, los que controlen el poder. Pero, sobre todo, será aquel régimen que está sometido a la ley, como mandato impersonal y abstracto, desarraigado de toda referencia al prestigio de una persona o grupo. La moderación viene precisamente de que el poder se debilita cuando se independizan unas de otras las diversas etapas en la vida de una ley. En cambio se fortalece si todas se concentran y confunden en una sola persona".⁽¹²⁾ Para instaurar este autocontrol del poder (limitación del poder mediante el poder) es que se crean varios grupos de órganos y se distinguen las tres funciones básicas, todas las cuales representan un momento en la vida de la ley. El límite a los actos arbitrarios también está como el límite a la ley en los valores. De estos merecen especial consideración los derechos humanos como valeres independientes de cualquier concesión gratuita del poder político organizado, pues surge de la dignidad de la persona. Pero como valores que son, los derechos humanos, aun cuando independientes de sus aceptación por la autoridad, sí están sujetos a ser considerados como tales por la sociedad y protegidos por la ley con responsabilidad para sus violadores.

Para garantizar los derechos humanos, la libertad y las instituciones democráticas, surgieron las garantías políticas que limitan el poder estatal y sin ellas se anularía la posibilidad de la discusión libre e inteligente. Así surge el Estado de Derecho.

Las reglas generales en el campo de la organización de la participación colaboradora, tiene como finalidad y este es el gran aporte de los siglos XIX y XX, el establecimiento de un Estado de Derecho.

¿Qué entendemos por Estado de Derecho? Es el Gobierno de la ley mediante la asignación de competencias, la división de poderes, la seguridad del debido proceso judicial y la revisión de las actuaciones administrativas.

"Nos ha enseñado una experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad abusa de ella. No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. ¡Quién lo diría!, ni la virtud puede ser ilimitada. Para que no se abuse del poder es necesario que le ponga límites la naturaleza de las cosas"⁽¹³⁾

En vista de la anterior afirmación de Montesquieu y de que la sociedad libre debe tener presente el dicho de Lord Acton: El poder siempre corrompe", se debe organizar el poder público de manera que su uso no implique abuso ni corrupción.

La división de poderes tiene dos aspectos: uno, distribuir las tareas fundamentales y centrales del gobierno en esferas distintas de competencia y otro, establecer el sistema que idearon los federalistas americanos, el de pesos y contrapesos para buscar el equilibrio del poder.

"El primero de estos principios, que tienden a evitar el abuso del poder y la corrupción de quienes lo ejercen, es corolario de la limitación de la actividad estatal. El Estado sólo puede realizar aquellos cometidos que se le hayan encomendado, y sólo puede efectuarlos a través de los órganos especiales, a los cuales se les haya conferido su realización. No puede haber actuación estatal sin potestad de gobierno. De esta manera por medio de la asignación de competencias, no se confía el poder al arbitrio de los hombres, sino que el ejercicio del poder que realiza el titular del órgano, está limitado por la potestad o competencia atribuida al mismo".⁽¹⁴⁾

Sólo está permitido al Estado lo que la ley expresamente le permite. Sólo está prohibido al individuo lo que la ley expresamente le prohibe

La ley es, en su esencia, una medida general y abstracta, que toma decisiones a largo plazo, referentes a casos posibles pero no determinados. Por lo tanto, la ley no hace referencia a personas, lugares u objetos particulares. Claro que toda regla general está llamada a particularizarse, en su aplicación, a los integrantes de la generalidad; pero la característica de ese ser general de la ley, es la validez para cada uno en particular del precepto dictado para todos. Si la aplicación de la norma general es necesariamente individual, su validez es general, ya que la regla se establece en abstracto, sin tomar en consideración individuos o casos particulares.

En una comunidad apegada a la libertad, el Estado y sólo el Estado, puede ejercer coacción sobre las personas y su principal medio para ello es el castigo. Pero en una comunidad tal también es preciso reducir al mínimo la coacción que el Estado ejerce, a fin de hacer máxima la libertad que los individuos disfrutan. Si al Estado le es lícito invadir, mediante métodos punitivos la esfera privada que protege a los ciudadanos, esa acción no puede quedar al arbitrio de quienes ejercen el poder, sino únicamente puede llevarse a cabo en ejercicio de una disposición general previa y debidamente promulgada. De otra manera es imposible preservar la libertad externa de los ciudadanos. El principio "nullum crimen nulla paena sine previa lege", es, por lo tanto, una de las reglas fundamentales de la sociedad libre.⁽¹⁵⁾

La persona, sus organizaciones voluntarias, deben tener amplia libertad para hacer todo cuanto se les ocurra y no pueden estar sometidos a la ley sino en aquello que atente contra la moral, el orden público o la libertad de los demás, tal como lo establece la Constitución Política de Costa Rica.

Es evidente que el sistema jurídico de una comunidad no puede prever todos los casos posibles que requieran su intervención y el ejercicio dela coacción estatal. El una sociedad libre será por ello necesario que la ley contenga algunas disposiciones que no delimiten con toda precisión los casos en que procede aplicarlas, sino que otorguen cierta discrecionalidad a los organismos encargados de su ejecución. Frente a estos casos, se salvaguarda la libertad mediante las medidas que limitan en forma general, la acción del poder político. Principios como el de la revisión judicial hacen imposible la utilización arbitraria de la discrecionalidad.

Un elemento esencial para que se dé el Estado de Derecho es la existencia de un sistema completo de responsabilidad de la administración y de revisión judicial de sus actos. La actividad de la administración contrasta con la de legislar, ya que significa la persecución de objetivos específicos y cambiantes día con día. Su tarea consiste en dirigir los recursos asignados a los poderes públicos, para atender las necesidades constantemente variables de la comunidad. Por ello, al actuar bajo el imperio dela ley, la administración tiene que ejercer un poder limitado, de la misma manera que lo ejercita el juez al aplicar la ley al caso concreto. Ahora bien, la decisión de los órganos administrativos tiene que ser deducible de las normas jurídicas y de las circunstancias a las que se refiere la ley. De esta manera, la actividad de la administración no interviene la esfera de acción privada de cada ciudadano. Con el fin de evitar un posible abuso del poder por parte de la administración, sus facultades deben ser controladas mediante la posibilidad de revisión de sus resoluciones por un tribunal independiente.

El Estado de Derecho exige que el ejecutivo esté ligado por normas que prescriban cuándo, cómo y de qué manera puede usar la coacción. Para garantizar esas condiciones se necesita someter las actuaciones del ejecutivo a revisión judicial.

Para que la revisión judicial de las actuaciones administrativas surta sus efectos, es preciso que los tribunales tengan poder para decidir si la ley prohibe un acto específico efectuando por la autoridad. Siempre que un acto interfiera la esfera de acción privada del individuo, el juez debe tener facultades para decidir si la sustancia de la acción administrativa está de acuerdo con la exigencia de la ley.

Finalmente, par evitar y solucionar los conflictos en el campo de la interacción humana entre personas y entre las personas y el Estado, se establece como el cuarto pilar del Estado de Derecho, la existencia del debido proceso tanto para ser juzgado por infracciones como para poder reclamar las que en contra se hayan ocasionado en la sociedad.

Estas dos grandes líneas de evolución social, la de las reglas generales y la del Estado de Derecho constituyen fundamento en la democracia para que se dé una participación colaboradora que a su vez dé solidez y permanencia al gobierno democrático. Ahora, a fines del siglo XX y para el siglo XXI, estos bastiones requieren el refuerzo de tres corrientes de gran importancia para el desarrollo dela democracia: desconcentración, descentralización y esquemas de incentivos.

Hay tareas que por su propia naturaleza requieren una forma de decisión centralizada. En ellas la posibilidad de participación verdadera es muy limitada, como por ejemplo, las relaciones diplomáticas o la adopción de reglas constitucionales. En estos casos en que la toma de decisiones es centralizada cabe la desconcentración: cabe que la ejecución de las decisiones centralizadas se ejecute descentralizadamente. Así por ejemplo, en las relaciones diplomáticas se atribuyen esferas de competencia a las embajadas, a través de las cuales se lleva a cabo en una forma desconcentrada la toma centralizada de decisiones no participativas. Este es un primer elemento de avance en desarrollo de nuestras instituciones

La segunda es mucho más importante y creativa y nos lleva a una verdadera vigencia de la participación colaboradora; la descentralización. En este caso se transfiere a entes independiente la posibilidad de tomar las decisiones dentro de un marco general de competencias. Aquí ya podemos hacer que sean las personas directamente interesadas en los efectos de esas medidas las que las tomen.

La tercera es la búsqueda de establecer esquemas que permitan un proceso de retribución a quienes laboran en el sector público, que esté relacionado con medidas objetivas del éxito de sus tareas inmediatas.

Evidentemente existe un enfrentamiento entre participación colaboradora y planificación centralizada. Es un error creer que se puede a la vez desarrollar un Estado descentralizado donde el ámbito de la participación colaboradora sea amplio y mantener centralizada la planificación. De la incompatibilidad de participación competitiva y de planificación centralizada nos dimos cuenta en las sociedades occidentales hace ya muchos años, pero no es sino en las últimas décadas que nos hemos empezado a plantear el tema en el campo de las decisiones gubernamentales.⁽¹⁶⁾

Si se desea atribuir poder de toma de decisiones a muchos entes descentralizados, no cabe imponerles esas decisiones. La centralización absolutista es contraria a la participación y al principio de subsidariedad.

¿ Y la coordinación? Ella se debe realizar fundamentalmente mediante el diseño de las instituciones con asignación específica de competencias de modo que se eviten la duplicación, el despilfarro y el enfrentamiento. Con reglas generales, a las cuales deben someterse los entes públicos. Con promoción del voluntariado y las asociaciones libres y con una disminución de las esferas de acción estatal a las cuales no se les debe otorgar poderes de monopolio salvo en el manejo de la coacción y en la determinación de las reglas generales.

Con estos mecanismos y a través de experimentación, se logrará evolucionar hacia una mejor coordinación de acciones descentralizadas de participación colaboradora.

Para ello es imprescindible alentar la descentralización, el esfuerzo propio y el voluntariado, para disminuir los efectos del dirigismo (paternalista, proteccionista, partidista o clientelista, según el caso) y la burocratización.

La incompatibilidad de participación colaboradora y planificación central no quiere decir que no hay campo para un ente nacional de planificación. Pero ese ente se convierte, en el campo del sector público, en algo muy parecido a los que debe ser en el sector privado o sea, es un ente que recoge información de decisiones tomadas y previsibles de los entes descentralizados, los pone en perspectiva, los une y da información a toda la sociedad de cuál es el previsible resultado de esa acción en cuanto a algunas grandes variables y, con relación a esa información que une esfuerzos independientes, propone a la sociedad ciertas políticas respecto a las normas constitucionales, a los arreglos institucionales, a las variables macroeconómicas, a las decisiones generales que deben ser tomadas centralizadamente.

Esta es una concepción muy distinta de la planificación en forma centralizada para el propio gobierno. Cuando en Costa Rica se hizo el plan de desarrollo económico para el período 69-73, la metodología que seguimos fue la de prever cómo iban a ir evolucionando ciertas variables para, dentro de esta previsión, determinar cuáles eran los posibles resultados para otras variables en un modelo simple de variables agregadas como producción, inversión privada, exportaciones, empleo y capital. Así, partiendo de posibles acciones individuales, se determinaban para unas pocas variables instrumentales los valores que deberían tener para llegar a ciertas metas agregadas posibles.

Los aspectos políticos y jurídicos del sistema democrático, así como los valores éticos implícitos en su funcionamiento, constituyen, como es lógico, una dimensión particular del orden social. En este capítulo los hemos analizado con algún detalle; sin embargo, conviene ahondar en el funcionamiento del sistema económico de la economía social de mercado, con el fin de aclarar aún más la íntima relación que une a la democracia política, con la economía de mercado y con la ética de la libertad

De la misma manera las exportaciones sólo son importantes para el desarrollo de los pueblos porque les permiten importar bienes y servicios y así, alcanzar mayor satisfacción de necesidades.

Caso similar ocurre frente al concepto de eficiencia. Para la política económica, la eficiencia es un medio, no un fin. Por eficiencia en producción entendemos la producción de la mayor cantidad de bienes y servicios, con un conjunto dado de factores productivos, y ella es importante, sólo por cuanto más bienes y servicios permiten satisfacer una mayor cantidad de necesidades.

Una producción eficiente se mide, en consecuencia, tanto por la capacidad de satisfacer necesidades, como por la cantidad de factores productivos destinados a ella. Para poder evaluar el tamaño de la producción se hace necesario establecer su relación con las necesidades satisfechas.

El valor de la producción depende directamente de la importancia relativa de necesidades satisfechas y de su magnitud. Asimismo, el costo de los factores productivos depende indirectamente de esas mismas circunstancias, a través del concepto de costo de oportunidad, que nos hace valorar los factores productivos empleados en una determinada producción, con base en el valor de las producciones alternativas de bienes y servicios que dejamos de producir, al dar un uso específico al conjunto de esos factores productivos. Por ello, la tecnología como condicionante de las posibilidades productivas, la limitación determinada por la dotación de factores, cada persona y la cultura misma, por medio de la jerarquización de las necesidades, determinan los valores relativos de las cosas.

Mediante el intercambio, esos valores se transforman en precios relativos, que cumplen el doble papel de resultados de las acciones humanas que sintetizan el conocimiento actual, y que permiten evaluar alternativas de acción de señales para elaborar los planes económicos individuales y para guiar la acción humana, con plena utilización del conocimiento, hacia el descubrimiento de uno mayor.

El mercado es un mecanismo espontáneo que surge de la intersección de los planes económicos individuales mediante el intercambio y el establecimiento de ese sistema de precios, y que permite la coordinación de esos planes económicos individuales.

En el mercado de competencia, como realidad histórica y no como paradigma, las instituciones de la propiedad privada, de la libre contratación y de libertad de asociación, permiten que la acción racional de unos cuantos obligados por la competencia, y la irritación de esa acción racional por los más, conduzcan a alcanzar las siguientes ventajas que ningún otro sistema productivo ha alcanzado:

"Primero: se produce todo lo que alguien sepa producir y vender rentablemente a un precio al que los compradores lo preferirán a otras alternativas; segundo: todo lo que se produce por personas que lo puedan hacer al menos tan barato como lo podrían producir quienes no lo están produciendo; y , tercero: todo se vende a precios no mayores a los que lo0 podrían vender quienes lo podrían producir y no lo hacen".⁽¹⁸⁾

Estos tres logros se alcanzan en un mercado de competencia, porque como lo ha señalado el propio Hayek, la competencia es un proceso de descubrimiento. "La competencia no es simplemente el único método conocido para utilizar el conocimiento y las habilidades de otros, sino que es también el método por el cual todos hemos sido guiados a adquirir buena parte del conocimiento y las habilidades que tenemos. Esto no es entendido por aquellos que mantienen que le argumento en favor de la competencia descansa en el supuesto de conducta racional por parte de quienes en ella interviene. Pero la conducta racional no es una premisa de la teoría económica aunque a menudo se presente así. La afirmación básica de la teoría es más bien que la competencia hace necesario que la gente actúe racionalmente, a fin de poder mantenerse en posición de competir. No se basa en el supuesto de que la mayoría de los participantes en el mercado son racionales, sino al contrario, en el supuesto de que en general será mediante la competencia que unos pocos individuos, relativamente más racionales, harán necesario al resto imitarlos para triunfar. En una sociedad en la cual la conducta racional otorga ventajas a los individuos, los métodos racionales serán desarrollados progresivamente y se difundirán por la imitación".⁽¹⁹⁾

"Tanto si se trata de la economía en el antiguo Egipto, o en la Roma de Augusto, o en la Francia de la plena Edad Media, o en la Alemania actual, o en cualquier otro tiempo y lugar, todo plan económico emprendido por campesino, señor feudal, trabajador o cualquier otra persona, nace siempre en el marco de un orden económico y sólo tiene sentido dentro del marco de su orden correspondiente. El proceso económico siempre y en todo lugar se desarrolla dentro de un orden económico históricamente dado. Tales órdenes positivos podrán ser malos, pero sin un orden, es completamente imposible que tenga lugar lo económico".⁽²⁰⁾

Los dos tipos opuestos del orden económico son el de la dirección central y el de mercado.

En el primero, un centro único de decisión define las necesidades y su jerarquía y asigna los recursos a su obtención. El propio plan económico coordina las acciones de diversas personas y el uso de los distintos recursos para alcanzar sus objetivos. En el orden económico del mercado existen múltiples planes individuales económicos y la coordinación de esos planes surge, y hace surgir, el sistema de precios, mediante el intercambio. Pero en este orden del mercado se pueden dar distintas configuraciones, según se den distintos grados de participación de monopolios y oligopolios de oferta y de demanda, y según organice su expresión jurídica el Estado, en lo tocante a la producción, el consumo y la distribución.

"En la economía moderna, resulta necesaria la acción del Estado para implantar el orden económico de la libertad; esto es, la acción positiva del Gobierno para defender y perfeccionar el sistema de al competencia, mediante le establecimiento de normas jurídicas que impidan la coacción y el uso de la fuerza por particulares, empresas o entes públicos, que pudieran recurrir a ella con el propósito de impedir que otros obtengan buen éxito con sus actividades.

Esta protección general del orden económico, entendiendo éste como el marco jurídico e histórico en el cual se va realizando el proceso productivo, construye la acción estatal de mayor importancia para impedir las causas de marginalidad que, en mucho, se origina en cierre de vías, de opciones y posibilidades de realización para los grupos sociales".

El conjunto de normas que enmarcan la acción del Estado y de los particulares en el proceso productivo y que, consecuentemente, pretende conformar un orden económico, es llamado "constitución económica" por Walter Eucken, quien dio origen a la economía social de mercado con su escuela ordo-liberal, de Friburgo. La constitución económica es una decisión de confirmar el marco general (orden) en el que se desenvuelve la vida económica. Eucken nos señaló: "…la gran tarea de la era actual consiste en dar a esta economía nueva e industrializada un orden duradero capaz de funcionar y digno del hombre". "…La economía de be iniciar mediante el trabajo intelectual, la creación de una constitución económica para toda la economía moderna".⁽²¹⁾

Claro está que no se trata de centralizar las decisiones respecto a los casos concretos, ni tampoco, de diseñar la totalidad de la sociedad y sus instituciones con la arrogancia de la ingeniería social, propia de los Constructivistas. De lo que se trata es de que se adopten a las condiciones con los desarrollos espontáneos creados en cada sociedad, y que permitan que surja el sistema de competencia, en el cual florezcan las iniciativas libres y los procesos de descubrimiento e imitación que llevan al perfeccionamiento de las prácticas sociales, por la perduración de las instituciones más eficientes.

El problema total de la dirección de la economía industrializada tiene que estar al principio: es decir, en el enorme e inabarcable proceso económico diario sumamente interrelacionado y el entrelazamiento del orden económico con los órdenes del Estado de Derecho y de la sociedad. Aquí comienza el único camino que le queda a la política de ordenación: ésta intenta estructurar las formas de la economía o bien, influir las condiciones bajo las que surgen aquellas.

Ahora bien, dichas formas dejan en libertad los planes y actividades de los hogares y empresas. ¿Cómo es esto posible? No por cierto experimentando con arreglo a algunas ocurrencias; la actividad de la política de ordenación económica tiene lugar de acuerdo al conocimiento de las distintas estructuras, de las relaciones del proceso económico y de la interdependencia de los órdenes".⁽²²⁾

Con esta terminología podemos definir los procesos de ajuste económico de fines del siglo XX, como el establecimiento de una constitución económica para que surja el orden de la competencia. Esto es igualmente necesario, en el paso de una económica centralizada a un orden de mercado, como en la eliminación de distorsiones producidas por una aberrante intervención estatal.

El afán de políticos y gobernantes de alcanzar objetivos específicos, el deseo de quienes han alcanzado éxito o bien de conservarlo con independencia de su conducta y circunstancias futuras, la arrogancia de quienes pretenden conmover todos los datos necesario para diseñar el orden total de la sociedad, han sido algunas de las causas que fortalecen la intervención estatal de los gobiernos en la economía, incluso en el caso de sociedades que no han caído en el totalitarismo.

Esas intervenciones se dan, bien mediante el poder regulador del Estado, que llega a fijar a su arbitrio los precios de bienes y servicios, o a establecer impuestos y otras instituciones que los alteran, o bien por medio de la intervención directa, y a menudo exclusivista, del Estado en la producción.

Llamamos distorsiones a los cambios en los precios relativos que estas intervenciones estatales producen. Las distorsiones se dan porque quienes detentan el poder actúan, también, tomando en consideración sus intereses personales y no sólo los fines de las instituciones públicas para las que laboran, y a menudo el tener poder discrecional para recuperar sus cargos. Se dan también las distorsiones porque los grupos de interés desean que se use el poder estatal par concederles o mantenerles privilegios. Respecto a estas causas de las distorsiones y las ventajas que ellas significan para quienes las disfrutan, ha surgido todo un campo del conocimiento llamado la -"teoría del escogimiento público" o la "teoría económica de la política" en la cual han sido fundamentales los trabajos de James Buchanan y Gordon Tullock.⁽²³⁾

También, al respecto, se ha desarrollado la teoría de la creación de rentas de Anne Kruger⁽²⁴⁾ que señala los beneficios para los privilegiados que produce la creación de distorsiones, y los costos para la sociedad que significan esas rentas privadas.

Para alcanzar realment3 los beneficios privados perseguidos, se disfrazan los objetivos de las políticas intervencionistas que se dan a conocer al público, mostrando algunas bondades sociales de corto plazo como las metas deseadas. Así, pro ejemplo, las restricciones al comercio exterior que defienden los intereses de producción al empleo y defensa de la nación. Estos objetivos aparente pueden producir grandes consensos populares a su favor. Así, antes de Adam Smith todos eran proteccionistas. Sin embargo, al igual que hoy en día, los mercantilistas del siglo XVII buscaban proteger la industria local para que los productores nacionales no tuviesen que defenderse, con eficiencia y más bajos precios, de las inversiones de productos de otros orígenes, obviamente a costa de los consumidores.

Las políticas de protección en el mercado financiero se dan por razones similares ¿Cuál es la razón por la cual se aboga por un control de tasas de interés? El interés es un costo importe para los proyectos nuevos: es un costo de la inversión y se plantea su reducción como un medio para promover la inversión como palanca de desarrollo. Se propone disminuir las tasas de interés para que haya una mayor cantidad de inversiones y así alentar el proceso de desarrollo. Pero al disminuir el precio del consumo presente, el ahorro puede disminuir, con lo cual no se obtendrán los recursos necesarios para esa mayor inversión. Por otra parte, al impedirse al mercado determinar una tasa de intereses que iguale los flujos de ahorro e inversión, se deben establecer privilegios para seccionar los proyectos que se financian y se incrementan los costos no financieros del crédito. Cuidando en el mercado financiero se limitan las posibilidades de entrada, también encontramos una situación en la cual se está tratando de proteger a un determinado grupo frente a las alternativas del mercado. Con ello se protege a los que ya están en el negocio, creando ganancias de monopolio y esto se hace, se dice, para beneficio de los depositantes, para que tengan más seguridad en las instituciones financieras en las cuales colocan su dinero. Este es uno de los pocos casos que alcanza el objetivo que públicamente se indica perseguir, ya que al darles más protección a los intereses diarios financieros se les permite generar mayores rentas, lo que les hace ser mejores sujetos de crédito para los depositantes.

También, por el interés de proteger y favorecer a determinados sectores sociales, se distorsionan algunos segmentos de la economía frente a otros. Unas veces, se actúan para ventaja de productores. Otras, para defensa de consumidores. Cuando se controla el precio de la leche, el objetivo público es que los niños tomen menos. El poner control de precios a los alquileres, ha resultado (y hay datos de más de dos siglos en ciudades europeas y americanas) en una disminución de vivienda para los sectores más pobres. Pero eso no obstaculiza para que en los países se siga usando este tipo de restricciones para tratar de favorecer la vivienda para los grupos más pobres o el consumo de la leche de los niños de las ciudades. El resultado de este tipo de imposiciones ha sido tan claramente estudiado, que la economía es un ininterrumpido análisis de los costos que tienen las distorsiones.

Podemos clasificar las distorsiones en cinco campos, con la arbitrariedad de toda clasificación, pero con la ventaja de tener ésta una generalizada aceptación.

En primer lugar, las relacionadas con el comercio exterior, que de una y mil maneras logran diferenciar los precios relativos entre bienes que se dan en el mercado interno, de los que rigen en el mercado internacional. De esta forma, los cálculos económicos para maximizar los beneficios del consumo, de la producción o del intercambio se dan en el interior de la sociedad con base en precios relativos que no reflejan las condiciones en las cuales se podrían dar las relaciones con el resto del mundo, e impiden, por ello, aprovechar las oportunidades que existen.

Las restricciones al comercio exterior, que introducen distorsiones en los precios relativos internos, operan mediante: a) impuestos a la exportación; c) cuotas y/o prohibiciones a la importación; d) cuotas y/o prohibiciones a la exportación; e) subsidios a las exportaciones; f) tipos de cambio múltiples para diferentes bienes y servicios; g) controles cambiantes que afectan la cuanta corriente de la balanza de pagos.

Estas restricciones al comercio exterior en los países subdesarrollados, y en especial en América Latina, han originado la política de sustitución de importaciones.

En América Central el modelo económico que así se originó, con base en el pensamiento "cepalino" de aquel entonces (décadas de 1950 y 1960), se ha basado en dos instrumentos: en las leyes de protección industrial y en el Mercado Común Centroamericano. Pero hay que tener fundamento ha sido la protección industrial, ya que el Mercado Común no fue ideado como un auténtico mercado protegida. Es más: a la propia industria se le fijaron límites, y hasta se previó la consolidación de cierto tipo de monopolios que el Tratado llamó "industrias de Integración".

En todo caso, los citados (las leyes de protección y el Mercado) fueron los dos instrumentos jurídicos principales, mediante los cuales se creó una política económica con la que se pretendió - y todavía hoy algunos lo siguen pretendiendo - propulsar el desarrollo.

Hacer más atractivas las inversiones en las industrias substitutivas de importación de manufacturas, es la característica esencial de este modelo "cepalino". Esto opera sobre la base de establecer, políticamente, precios internos distintos para bienes similares - según sean producidos en el país o según sean importados -, lo cual se logra mediante tarifas de importación (arancel)y mediante subsidios. Por ello, es parte de ese esquema el afectar los precios relativos; de ahí que, en general, los precios no reflejan los costos sociales de oportunidad, y se obliga la mercado a asignar los recursos productivos en forma ineficiente, no por culpa de los empresarios, sino de los indicadores que el sistema impone.

Los precios son siempre los indicadores; pero, cuando son impuestos arbitrariamente, se anula su condición de indicadores eficiente y, como consecuencia, la producción - y en general la economía - se hace ineficiente

Un elevado impuesto de importación encarece el valor local de un artículo producido en el exterior y permite su producción local a un costo más elevado que el del mercado mundial. Por ello, conduce a que se dé su venta en el mercado local (centroamericano), a pesar de ese mayor costo.

Los elevados aranceles generan posibilidades de ganancia en la producción de los artículos protegidos, y obligan a los consumidores a utilizarlos a pesar de su mayor costo. De esta manera, se cambia el tipo de producción que la economía genera.

Esto es grave porque, como ya señalamos, los recursos se deben utilizar de manera eficiente, debido a que siempre son escasos. Si en lugar de producir localmente, esos bienes protegidos se importasen, se liberarían recursos para producir más de otros bienes y se produciría una casta mayor de bienes y servicios.

En segundo lugar las distorsiones se dan en el sector financiero. En las sociedades que han logrado desarrollar su sistema financiero, la principal función que éste cumple es permitir que la comunidad haga una valoración entre consumo presente y consumo futuro, una valoración entre las expectativas de rendimiento de algún activo a corto plazo y el rendimiento de ese activo a un plazo mayor. Al hacer estas comparaciones surgen esos precios relativos entre el presente y el futuro que son las tasas de interés, las cuales no son más que la conjunción de las preferencias, del conocimiento, de las expectativas, de los juicios de probabilidad, sobre ocurrencia de eventos que tienen todos los que actúan en el ámbito económico.

El sistema financiero permite, en condiciones ideales (sin imperfección alguna y sin ningún costo de transacción), que el valor de lo que la gente deje de consumir hoy, el ahorro, pensando en consumir más en el futuro, gracias a ganar una determinada tasa de interés y a otros beneficios, que genere la posposición del consumo, sea, al menos, equivalente al valor que otras personas estén dispuestas a pagar por utilizar esos recursos y producir futuros bienes, asumiendo el riesgo que ello implica. Es decir, conforme se vayan fijando distintas tasas de interés en el mercado, surgirán cantidades de ahorro equivalentes a lo que la comunidad esté dispuesta a posponer de consumo, y surgirá a la vez una serie de proyectos de personas que están dispuestas a asumir el costo y el riesgo de tomar aquellos recursos, dándole prioridad a aquellos proyectos de mayor rentabilidad, según que el criterio de quien va a tomar los recursos y quien va a facilitarlos, sea igual a la tasa de interés fijada por el mercado.

Es decir, se establece un sistema para seleccionar los proyectos con base en los precios (tasas de interés) que ha fijado el mercado, estableciendo un equilibrio entre las cantidades ofrecidas y demandadas en cada rango de precio.

Pero, además de este papel básico y fundamenta, el intermediario financiero realiza otra serie de funciones que le permite desarrollarse. Por ejemplo, si yo tengo cien y se los presto a Juan para que desarrolle su proyecto de inversión, yo asumo por completo el riesgo de este proyecto. Pero si por el contrario, le presto cincuenta colones a Juan, y cincuenta a Pedro y las empresas de ambos son independientes, mi riesgo se reduce. Es decir, la diversificación de la cartera me permite disminuir el riesgo en la operación, y ésta es una de las funciones más importantes que realiza un intermediario financiero. Al disminuirse el riesgo, se disminuye el costo y esto permite mejorar las tasas de interés, tanto para el ahorrador como par el inversionista.

Al existir un intermediario entre quien invierte y quien ahorra, las condiciones del plazo no tienen necesariamente que emparejarse entre ambos, porque el ente financiero, gracias a la frecuencia de su flujo de recursos, puede recibir depósitos a un plazo diferente al de los créditos que otorga.

Adicionalmente, el intermediario realiza su función especializadamente, y esto le permite bajar los costos, al disminuir la cantidad de esfuerzos, tiempo y factores requeridos para su operación

En resumen, la existencia de un sistema financiero en una economía de mercado permite aumentar el ahorro y la inversión y lograr la eficiencia en la distribución de los recursos en el tiempo, permite hacer una buena selección de los proyectos a financiar, establece una mayor diversidad de instrumentos financieros y disminuye su costo, lo cual, a la vez, amplía el horizonte de la inversión.

En el sector financiero se da otro campo propicio para las distorsiones que, en este caso, usualmente se denominan represión financiera. ¿Por qué dejar que sea el mercado el que seleccione, de acuerdo a riesgo y rentabilidad, los proyectos de inversión que se deben financiar? ¿Por qué dejar que suba la tasa de interés en "perjuicio" del pequeño inversionista? ¿Porqué permitir que compitan otros intermediarios financieros con los del gobierno o de sus amigos?

Las distorsiones en el sector financiero se establecen mediante fijaciones o límites a las tasas de interés, mediante topes o asignaciones cuantitativas de crédito, mediante discriminaciones en el acceso a recursos, mediante limitaciones de entrada al campo de la intermediación financiera.

Una tercera área de distorsiones es la relacionada con los pagos internacionales, o sea, con la cuanta de capital de la balanza de pagos. Se trata aquí de impedir la libre operación de diferenciales de los intereses entres países, y de los flujos de ahorro y de inversión entre naciones. Se trata de un fenómeno muy similar al de la distorsión d la intermediación financiera, sólo que ahora las tasas de interés que se distorsionan no son las que permitieran equilibrar flujos de recursos en el tiempo, este segundo ocurre entre flujos en el espacio.

Las intervenciones que en este campo operan son impuestos diferenciados a ganancias en el exterior, cuotas o prohibiciones para movimientos de capital, tipos de cambio distintos para movimientos de capital, y otros controles cambiarios de la cuenta de capitales de la balanza de pagos.

Una cuarta categoría de distorsiones es la que afecta los precios relativos entre diversos sectores de la producción interna. En estos casos encontramos, por ejemplo, que para favorecer el consumo de un producto en el país, como la leche, se le impone un precio más bajo que el que prevalecería en condiciones de ,mercado. Para que haya más abundancia de leche para el consumo, s introducen distorsiones en los términos de intercambio, podríamos decir, entre el sector tratar de favorecer un consumo masivo. Al contrario, se puede dar una política para favorecer a los productores de un sector determinado, fijando para su producción, un precio por encima del mercado y distorsionando, así, los precios relativos de ese artículo y los de todos los demás bienes.

Usualmente, estas distorsiones se establecen mediante fijaciones de precios mínimos o máximos, determinación de cuotas de producción o de consumo, establecimiento de monopolios legales en favor de algunos privilegiados y las correspondientes prohibiciones de entrada y de producción.

Finalmente, la quinta categoría de distorsiones se relaciona con las acciones directas del sector público.

Aquí las distorsiones pueden surgir de la actividad reguladora o de la actividad directamente productivo del Estado. Así, por ejemplo, los efectos sobre los precios por encima de los del mercado, para bienes producidos en forma exclusiva por el Estado, afectan los cálculos de ganancias y pérdidas y los precios relativos, impidiendo evaluar los beneficios y costos sociales.

En primer lugar, las distorsiones disminuyen las posibilidades de intercambio. Usualmente, crean áreas cerradas al intercambio, que eliminan posibilidades de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Al eliminar esas posibilidades, se eliminan intercambios que podrían haber enriquecido a toda la colectividad, ya que todo intercambio voluntario, por definición, enriquece a las dos partes. Por ello, en economía se dice que las distorsiones tienen un costo en términos de bienestar: conducen a las sociedades a un nivel de bienestar inferior al que se podría llegar si no existiera, porque el valor total de bienes y servicios que se podría producir, sería mayor sin las distorsiones que con ellas.

Las distorsiones dan al mercado señales falsas de los precios relativos: los precios relativos internos con respecto al exterior, los precios relativos de bienes de un sector de la producción frente a bienes de otros sectores de la producción, los precios relativos del ahorro en diversos países. En ello radica su costo. La distorsión hace que los factores de la producción(el trabajo, el capital, la tierra, la tecnología, el empresario) no se destinen a los distintos proyectos, de acuerdo con las bondades relativas de esos proyectos, y que no se efectúe la asignación de los recursos, dando prioridad a los proyectos más rentables. Con la distorsión, los factores se orientan hacia los proyectos en razón de la rentabilidad artificial que determinan los precios distorsionados y, por ello, el valor total de la producción es menor si se evalúa de conformidad con los precios no distorsionados(precio de sombra).

Otro efecto importante que producen estas distorsiones es el de alcanzar, a menudo, lo contrario del objetivo publicitario. Un distinguido economista que ha brindado importantes aportes en tópicos de comercio exterior, desarrollo y finanzas, Robert Mundell, afirma que ha descubierto, después de muchos años de trabajo teórico y empírico, que las cosas, usualmente, son lo contrario de lo que aparentan. Este es el caso: buscando un aumento de la producción, usualmente se obtiene una disminución de la inversión; buscando un aumento de leche disponible par los niños de la zona urbana, se obtiene una disminución; buscando una protección par la industria local, usualmente se obtiene una disminución en las alternativas y las posibilidades de crecimiento de la industria local.

En cuanto a problemas de redistribución de ingreso, pareciera bastante claramente definido, que las economías distorsionadas destinan un porcentaje mayor de su producto interno a los sectores de beneficio y de rentas. Por ello, con la liberalización, hay un efecto redistributivo a favor de los trabajadores.

Por otra parte, si un incremento de las exportaciones expande las actividades que requieren mano de obra menos especializada, el porcentaje de salarios que va a los obreros menos especializados, es mayor en las economías abiertas, lo cual, de nuevo, produciría un efecto redistributivo favorable si se eliminan distorsiones al comercio exterior. También en el campo de la redistribución y a pesar de que aparenta ser todo lo contrario, el hecho de controlar la tasa de interés lleva a darle crédito barato a los grandes productores. Se argumenta que el crédito barato es para que una cantidad de pequeños empresarios generen nuevos proyectos con tasas bajas de costo y con un gran aumento en la producción y en la inversión. Lo cierto es que todos los estudios que se han realizado demostrado que en donde ha habido control de las tasas de interés y control del mercado financiero se ha dado una concentración de los créditos dirigidos, principalmente a los individuos de mayores ingresos. O sea, que también se ha dado exactamente el fenómeno contrario a la llamada democratización del crédito, cuando se controla el sector financiero.⁽²⁵⁾

Numerosos intentos se han empeñado en justificar las restricciones al comercio exterior. Sin embargo, poco efecto pueden tener esas justificaciones para un área tan pequeña como Centro América.

Una de las razones técnicas es la tarifa óptima. Consiste en señalar que si un país puede afectarlos precios del mercado mundial con su oferta de productos, o sea, si tiene poder monopólico, disminuye su oferta, puede obtener mayores precios y un mayor ingreso total. Ahora bien, establecer aranceles es ponerle impuestos a las importaciones, y es lo mismo que ponerle impuesto a las exportaciones porque se afecta el precio relativo de bienes transables (importables y exportables) y bienes no transables como desde 1936 comprobó Abba Lerner. Si se le imponen atributos a las importaciones se desviarán recursos hacia su producción interna y se desviarán recursos hacia su producción interna y se restringe la oferta exportable,; si eso hace aumentar los precios en el mercado mundial en mayor cantidad de ingresos por las exportaciones. Por ello, cuando se tiene capacidad para afectar los términos de intercambio se debe tratar de restringir la oferta exportable; hasta alcanzar el punto de mayor beneficio, el punto en le cual el beneficio adicional de un aumento en los términos de intercambio es igual al costo adicional de incrementar las distorsiones internas en la eficiencia de la producción y el consumo que producen esas restricciones. Obviamente, este no es el caso para los países centroamericanos, ya que somos demasiado pequeños para tener ese poder monopolíco en el exterior y afectar los precios de importaciones o de exportaciones. Por ello, en nuestro caso, el argumento de la tarifa óptima no se aplica.

El segundo argumento, que usualmente se da para justificar restricciones al comercio exterior, es la existencia de externalidades, o sea, de costo o beneficios de los que la empresa no se puede apropiar. Así, por ejemplo, si la empresa tiene un costo de desarrollo tecnológico, cuyo producto puede ser copiado por todos los demás como un bien libre, la empresa no realizará ese desarrollo tecnológico se no puede apropiarse de ganancias suficientes para pagarlo. Eso crea una situación en la cual una restricción al comercio, que le permita a esa empresa tener un monopolio en el mercado, no tener la competencia externa y hacerse dueña de esa externalidad podría permitirle resolver esa dificultad y salir adelante. De nuevo, en un mercado pequeño, difícilmente se daría un caso en el cual su monopolio pudiese internalizar externalidades suficientes para la inversión. Por ello, este argumento de externalidad tampoco se aplicaría al caso de Centro América.

El tercer argumento que se da, desde un punto de vista teórico, para justificar estas restricciones, es que pueden existir empresas con costos decrecientes, o sea, que entre más unidades producen, sus costos de producción unitarios son cada vez menores, y si producen en condiciones de competencia monopolística y pueden, por ello, influir en la determinación del precio en el mercado, la empresa que primero se expanda será la que saldrá adelante por vender más barato. Con un mayor volumen de producción y con costos decreciente, la que inicialmente va adelante impide la competencia de otras,. En estas condiciones, proteger a una empresa par que se desarrolle internamente y tenga mayor volumen para aprovechar los costos decreciente y poder después participa en los mercados mundiales, es una manera de asegurar que esa empresa pueda surgir. Pero, de nuevo, el tamaño del mercado nos limita, ya que por más que tengamos costos decrecientes, no se puede pensar en desarrollar esas empresas para competir en el mundo, con base en niveles de producción tan pequeños como el mercado centroamericano.

Estos son los argumentos técnicamente aceptables para justificar restricciones al comercio. Pero, aún técnicamente, estos argumentos son débiles por dos razones.

1. Porque ha sido comprobado que si hay distorsiones, es mejor una medida que afecta directamente la distorsión y no una medida que la afecta indirectamente. Por ejemplo, si se da el caso de una externalidad en una empresa que tiene que vencer un costo inicial de desarrollo tecnológico y que después va a ser copiado, en lugar de afectar el comercio exterior, a través de aranceles con lao cual se afectan las relaciones internas de consumo y se crean ineficiencias, es mejor darle un subsidio directo a la empresa para que esa empresa, con distorsiones materiales justificarían la creación de otras distorsiones que directamente lo eliminasen.

2. Sin embargo, está muy bien hablar de externalidadd, está muy bien hablar de los costos creciente, está muy bien hablar de la tarifa óptima, pero ¿quién lo mide?, ¿cómo se mide?, ¿hay quién lo pueda medir? No, no hay nadie que lo pueda medir, Por ello, porque no son medibles, estos conceptos no tienen aplicabilidad práctica ni para las distorsiones al comercio exterior ni para otro tipo de distorsiones que directamente las eliminasen. No los podemos medir, pues tendríamos que cuantificar no sólo el efecto directo, sino los efectos indirectos, o sea, todo lo que pasaría en el resto de la economía. Tendríamos que hacer medidas de equilibrio general, considerando los costos de oportunidad de tomar esa acción y sus efectos sobre otros sectores.

Además, si lográsemos establecer un cálculo, lo cual no es posible, ya cuando lo tuviésemos sería totalmente obsoleto por el tiempo que toma desarrollarlo. Entre tanto, las condiciones habrían Cambiado, y el cálculo ya no sería válido.

Pero el problema más importante que surge de aplicar estas distorsiones, para eliminar distorsiones naturales al paradigma de un perfecto equilibrio competitivo, e su costo político. Si cada grupo de interés puede actuar para proteger sus intereses directos, la sociedad tendrá que soportar un enorme costo de recursos, destinado a est fin, por grupos pequeños que pueden tener una gran ganancia con un costo bajo, para cada persona, fuera del grupo.

Por todo lo anterior, y ya no sólo para países tan pequeños como los de América Central, sino también para países tan grandes como Brasil, hoy día se busca el desarrollo, no por la protección del mercado interno, sino por la penetración de los mercados mundiales.

La liberalización económica es el objetivo inmediato de un ajuste estructural, que trata de eliminar distorsiones en los precios relativos que se intercambian y que llevan la economía fuer de su pauta de crecimiento eficiente.

¿Por qué se quiere realizar un ajuste estructural de la economía? En primer lugar, se busca un sistema más competitivo, en el cual el costo privado (la manera como, de la contabilidad de las empresas y las personas, una determinada forma de producción y una determinada compra de servicios se reflejan en in costo) sea igual al costo social, que es el costo de oportunidad. En otras palabras, que sea igual al costo de producir para una empresa, al costo de los que deba dejar de producir la economía por utilizar aquellos recursos en la producción de esa empresa y no en la producción de otros bienes.

Mediante la liberalización, buscamos cambios que lleven a una mayor concordancia entre la medición privada de los costos, de los precios de venta y de la rentabilidad de sus actividades, y sus valores sociales. Sólo así la actividad individual en el mercado, orientada por el deseo de ganancia, ha de lograr la eficiencia que permite un mayor bienestar general.

Dado que las intervenciones son originadas en la acción gubernamental, cuando hablamos de liberalización nos referimos a cambios de regulaciones o de producciones directas estatales que afectan el comportamiento delas empresas, de los individuos y de las asociaciones voluntarias, privadas.

Al analizar las necesidades de ajuste estructural, es importante considerar estas comparaciones de los costos de producción sociales y de las rentabilidades privadas con las rentabilidades públicas. Pero eso no es sólo importante en relación con algún bien o proyecto específico, sino que, muy a menudo, la liberación interesa porque tiene que ver con algo más general, como son los costos de los factores de producción. Cuando los costos de los factores de producción. Cuando los costos relativos de estos factores se ven afectados por el intervencionismo estatal en la economía, eso conduce a la utiización de tecnologías, que no son las más eficientes o las más apropiadas para una determinada sociedad, en un momento específico.

Entonces nos enfrentamos no sólo a las distorsiones en la relación de los costos de producción de una empresa específica, en una línea de producción concreta, sino también a las distorsiones entre los precios relativos del trabajo, del capital y de la tierra.

El ajuste económico pretende eliminar todas esas distorsiones para que la economía pueda crecer con una tasa elevada y sostenida, y así satisfacer mejor las necesidades de las personas como de inmediato se argumenta.

El crecimiento sólo puede lograrse mediante dos mecanismos: aumentando el número de recursos o factores productivos existentes en la economía, lo cual se debe hacer todos los días, pero toma tiempo; y mejorando la eficiencia e dichos factores, su productividad, para lograr un mayor volumen total de producción con la misma cantidad de recursos.

El ajuste estructural se ocupa de una manera muy particular del segundo de esos mecanismos. Existen otras formas de aumentar la eficiencia de la inversión tales como la educación, el cambio tecnológico y el avance empresarial. El ajuste económico lo hace eliminando distorsiones. Ya que toma tiempo aumentar los recursos productivos del país, conviene aumentar su eficiencia para redoblar la riqueza mediante incrementos en la productividad. Pero la eficiencia, a su vez, requiere de un alto grado de competencia y de la existencia de mercados amplios, pues son los particulares, por el mismo dinamismo de los mercados, quienes puedan identificar las oportunidades de inversión, la mejor combinación de recursos y los mejores métodos, siempre cambiantes, de producir más y más barato. Esto sólo se puede lograr disminuyendo distorsiones.

Las distorsiones, por afectar los precios relativos, encarecen artificialmente los costos de producción, por lo cual los recursos productivos se asignan a actividades en las que nos somos eficientes, y nuestra producción encuentra dificultades para competir en el exterior, o con productos extranjeros que resultan, comparativamente, más baratos. Un verdadero programa de ajuste estructural, en consecuencia, se esfuerza por eliminar o reducir sustancialmente estas distorsiones, con el objeto de restablecer la competitividad que conduce a la eficiencia y a aumentos de la producción.

El ajuste estructural hace más rentables las exportaciones y más atractivo el ahorro para poder generar volúmenes mayores, con lo cual se logra que disminuya el costo de intermediación financiera y que bajen las tasas de interés reales, internas. Así, hay mayor estímulo y la inversión y el crecimiento se aceleran dentro de un esquema productivo más eficiente.

La liberalización no es un proceso para saltar, automáticamente, de una situación productiva a otra. Lo que ella en verdad permite es la búsqueda de una sociedad más dinámica, ya que al introducir elementos competitivos y elementos de mayor correspondencia entre los costos sociales y los costos privados, el efecto es una mayor cantidad de posibilidades par innovar, cambiar y desarrollar nuevas faenas. Se mejorarán las condiciones para adaptar las experiencias del exterior, con lo cual la pauta de crecimiento no sólo sube a un nivel más alto, sino que logra una pendiente más pronunciada; o sea, que provoca un salto inicial, durante el proceso de cambio y lo que es aún más importante, se experimenta después una tasa de crecimiento sostenida más alta.

Ello se da porque la eliminación de las distorsiones permite en un primer momento, mejor información para asignar más eficientemente los recursos productivos, pero además, y es lo más importante, en adelante, hace posible que se den un mayor número de centros de experimentación, de tanteo y error, que permiten no sólo una mayor generación de conocimientos, sino también un descarte más rápido de alternativas menos eficientes. Las ventajas de la competencia son sobre todo dinámicas. Ella incluso permite evitar el desperdicio de recursos destinados a la creación de rentas privadas y los costos sociales de la protección.

Por estas características, se habla del ajuste estructural como de una política en la órbita de la microeconomía o de la economía de la oferta, que afecta el sector real de la política macroeconómica o de la demanda y de la política monetaria.

Durante los años de la Gran Depresión, John Maynard Keynes planteó una forma de análisis de los fenómenos económicos que, en el campo de la política, otorgaba enormes posibilidades a los gobiernos para actuar directamente en la economía, e influir en los resultados de la producción y en la estabilidad financiera.

El análisis de Lord Keynes partía de agrupar las variables económicas en grandes agregados: producción, consumo, inversión, empleo, salarios y precios se convertían en categorías dentro de las cuales se agregaban los muy diversos artículos, servicios y precios que, en cientos de miles -e inclusive en cientos de millones-, componen la actividad de las economías contemporáneas. Este esquema impedía así analizar los resultados del comportamiento de cada unidad de producción y de cada consumidor, frente a los cambios en gustos y tecnologías, o frente a los cambios en las políticas de los entes públicos. Bastaba con encontrar empíricamente relaciones permanentes entre los agregados macroeconómicos y los instrumentos de la política económica, para poder determinar, con el uso de esos instrumentos, las metas alcanzables par esos agregados.

En las economías desarrolladas, el keynesianismo se transformó en la política de "pleno empleo", y para lograrla, sus partidarios propusieron una política de gasto público creciente y posteriormente, introdujeron disminuciones de impuestos y aumentos de la oferta monetaria. Vieron en ella la posibilidad de erradicar los ciclos económicos: las depresiones y la inflación.

En las sociedades subdesarrolladas, el análisis de agregados económicos ofrecía, mediante el simple uso del volumen de la inversión total, la posibilidad de alcanzar tasas elevadas de crecimiento. Para ello, lo único que consideraban necesario era garantizar altos niveles de ahorro que, si se obtenía del exterior, no sólo permitiría financiar una inversión mayor, sino financiar también las mayores importaciones de bienes de capital y bienes intermedios necesarios para aumentar la inversión y obtener más altos niveles de producción.

Está claro que, frente a la simplicidad de esta visión agregada, se perdían en su trasfondo las decisiones de empresarios, trabajadores, consumidores, ahorrantes y gobernantes. Los efectos de cambios en los precios relativos de bienes específicos, se dejaban de lado. La reacción de los agentes económicos a cambios en las políticas, no se consideraba. El gran aumento del gasto público, para obtener el pleno empleo o el crecimiento económico, no se tomaba en cuenta en cuanto a sus efectos sobre la eficiencia de la producción.

La fe en el keynesianismo decayó en la década de 1970, primero en los países desarrollados y sólo bastante después, en los subdesarrollados, pese a que, desde sus primeras presentaciones, grupos académicos habían señalado que las relaciones entre los agregados totales de la economía eran poco estables, pues incluso la definición de los agregados estaba sujeta a cambios por actuaciones de los agentes económicos individuales, lo que, en el campo de la teoría, se conoce como efectos riqueza y distribución. También se hizo evidente que el keynesianismo implica un sesgo en favor de la inflación y que sus efectos, sobre las variables reales de la producción, sólo son temporales, además de que significa una preversión en el uso de los factores productivos; uso que sólo puede mantenerse con un más elevado nivel de producción, en tanto que la inflación sigue acelerándose, con sus negativos efectos sobre la propia producción y sobre el bienestar general Asimismo, se planteó el hecho de que los agentes económicos actúan racionalmente y, por lo tanto, forman sus expectativas sobre el futuro, tomando en cuanta las políticas adoptada por los gobiernos, lo cual, en muchos casos, neutraliza las intensiones de esa políticas.

Pero la experimentación fue más importante que todas las advertencias previas: desde la incapacidad de las políticas agregadas, precisamente, para ajustar los ciclos económicas, mantener estabilidad, producir empleo y lograr crecimiento económico. En los países desarrollados hubo desempleo e inflación simultáneos. En los países subdesarrollados que siguieron los patrones de la CEPAL, se acumuló una deuda externa asfixiante que no provocó el desarrollo que las corrientes muy elevadas de ahorro externo debían haber producido. La fe en el keynesianismo se acabó.

Con la pérdida de fe en las políticas agregadas, se hizo necesario modificar la constitución económica par que le orden que resultase, favoreciese un sistema de mercado competitivo y par lograr eliminar las distorsiones que los limitan. Así, en la década de 1980, se generalizó la utilización de programas de ajuste estructural.

La teoría del segundo mejor, establece que si existen varias distorsiones, su eliminación parcial dejando alguna vigente, no necesariamente aumenta la eficiencia de la producción y del consumo. Ello porque alguna de las distorsiones que se elimina puede compensar los efectos negativos de la que se deja. Pero no necesariamente debe ser así.

Se podría argumentar, como lo hacen los razonamientos indicados en el subtítulo "Justificación Teórica de las Distorsiones ", que la existencia de distorsiones naturales elimina la justificación para eliminar las artificiales introducidas por el Estado, pues, se dice, la teoría del segundo mejor puede respaldar su existencia.

Pero ello sólo sería cierto si las distorsiones estatales fuesen compensatorias de las naturales. Pero los políticos no disponen de información suficiente para distorsionar eficientemente. Repito, no se puede medir ni la distorsión natural ni el tamaño necesario de la distorsión artificial.

Aun cuando se conociese por casualidad al tipo y medida de la intervención artificial necesaria para compensar, las distorsiones naturales cambian y la medida compensatoria debería entonces cambiar ¿Cómo? ¿Cuánto?

Como no hay información, y como la discusión es usada por los políticos, prioritariamente en su propio beneficio, son mejores las reglas que las autoridades: es necesario atarle las manos al monstruo.

Es evidente que políticos y funcionarios son personas. Como tales tienen objetivos propios y en el cumplimiento de sus tareas y en sus acciones juegan un papel esos objetivos propios y no sólo las finalidades expresas de las instituciones públicas. Por eso, además de los problemas de medición, las realidades de la política económica justifican la eliminación de las distorsiones, para que ese instrumento no se use como una herramienta de beneficio personal de funcionarios y políticos.

También es evidente que si las distorsiones artificiales las introduce el Estado sin el objetivo de compensar distorsiones naturales, es casi imposible que se alcance ese objetivo. Cuando se dispara sin apuntar, difícilmente se da en un blanco determinado.

Por todas esas razones, las distorsiones naturales se deben enfrentar con nuevas instituciones y con extensiones de la infraestructura que las puedan eliminar o disminuir, y no con la introducción o el mantenimiento de distorsiones de los precios.

Como parte de la renovada atención a los aspectos microeconómico de la economía real de producción, el Banco Mundial estableció, a la par de sus préstamos para proyectos de inversión, préstamos para ajuste estructural que tienen por objetivo reducir el déficit de la balanza de pagos en relación al tamaño de la economía y alcanzar una tasa razonable de crecimiento económico, en el contexto de circunstancias desfavorables de la economía internacional. Como tales, son instrumentos para el ajuste productivo relacionado con la distorsión de precios relativos entre bienes transables y no transables, entre consumo presente y futuro o entre bienes producidos por distintos sectores económicos.

Los préstamos de ajuste estructural pretenden alcanzar sus objetivos en un período de 5 ó 7 años, mediante la realización de varios programas sucesivos. Esta característica define un proceso de ajuste gradual, en el cual, en los primeros programas, se realizan estudios que definen, en muchos casos, los pasos a seguir en los programas subsiguientes.

Es evidente que los préstamos de ajuste estructural proponen otorgar recursos externos a países que se propongan realizar ajuste estructural para disminuir, mediante ese financiamiento, los efectos recesivos que pudiese generar inicialmente el ajuste. Pero ni se requiere un PAE para poder implementar un programa de ajuste(los cuatro tigres del Sudeste Asiático realizaron el ajuste cuando no había PAE), ni el contar con un PAE asegura efectuar un ajuste estructural, (EL PAE, en el caso de Costa Rica, parece ubicarse en este campo. Ver Monge y Corrales⁽²⁶⁾ )

Siendo muy diferentes los procesos de estabilización y de ajuste, usualmente, ambos son necesarios a la vez. Difícilmente se emprende un proceso de ajuste estructural en circunstancias en las cuales las personas se sienten más o menos satisfechas con su situación. Usualmente se dice que es necesario "tocar fondo" para empezar a salir de la situación que ha llevado a esa condición. Ese tocar fondo es padecer los efectos de fuertes desequilibrios macroeconómicos: alta inflación, problemas cambiarios, falta de ahorro. Frente a los problemas de esa índole surgen los programas de estabilización.

Un programa de estabilización se asocia con el fondo Monetario Internacional. Cuando un país llama al FMI es porque quiere un programa de estabilización, debido a que la inflación se le fue de las manos y el impuesto inflacionario se está empequeñeciendo, debido a que la tasa inflacionaria es tan acelerada que la base sobre la que se impone el impuesto se reduce. Cuando los gobiernos dejan de tener ventaja del impuesto inflacionario, los déficit del sector público ya no son manejables: los empleados se van a quedar sin paga; la cantidad de restricciones sobre el comercio exterior para equilibrar los flujos de exportaciones y de importaciones no son ejecutable; no hay manera de tener tanta gente en el Banco Central decidiendo quién puede importar, cuándo y cuánto y a quién se le compran las divisas. En el Chile del tiempo de Allende, el tipo de cambio de cada exportación dependía de lo que negociara el exportador con el banco ese día; simultáneamente, podía haber tres o cuatro mil tipos de cambio. En estas condiciones , el país decide que hay que meterse en cintura y buscar un programa de estabilización, para aplicar una serie de medidas macroeconómicas para poner en orden la casa, esto es: disminuir el déficit fiscal, afectar el tipo de cambio para poner en orden los flujos de exportaciones e importaciones, controlar el crecimiento de la oferta monetaria y del crédito. En general, una política de estabilización busca ir hacia una situación en la cual desaparezcan el déficit externo, el déficit fiscal y el déficit entre el ahorro y la inversión.

No se puede concebir el tratar de recuperar la representatividad de los precios relativos si se mantienen graves desequilibrios macroeconómicos. Por ello, usualmente se busca, al tiempo del ajuste, también estabilizar la economía.

Se discute si la estabilidad debe preceder al ajuste o si ambos se deben buscar simultáneamente. Lo que nadie alega es que la estabilidad se deba posponer para una época posterior en la cual ya se haya alcanzado la menos un cierto grado de ajuste.

Los efectos negativos pueden ser mayores en una economía libre desestabilizada, que en una economía distorsionada, desestabilizada.

En una economía restringida, las mismas distorsiones pueden estar ayudando a soportar el impuesto inflacionario, necesario para sanear las finanzas públicas. Dentro de este campo la experiencia del Cono sur es muy llamativa, muy iluminadora. Argentina, a fines de la década de 1970, llevo a cabo una liberalización del comercio exterior y del sector financiero; sin embargo, nunca pudo poner las finanzas públicas en orden, lo cual hizo que, aunque se fue abatiendo la tasa de inflación interna, ello fue muy lento.

Argentina trató de llegar a un proceso en el cual utilizar el tipo de cambio como instrumento para abatir la tasa de inflación interna: se pretendía devaluar el tipo de cambio más lentamente de lo que la gente esperaba, para que se ajustasen las expectativas y los precios internos de los bienes se inflasen menos aceleradamente. Para ello, usaron un tipo de cambio flexible, ajustable, activo, que estaba preanunciado, con una devaluación más lenta.

El público, al ver que no se habían puesto en orden las finanzas públicas, concluyó que la capacidad de mantener ese tipo de cambio era cero a largo plazo. El tipo de cambio activa que se estaba siguiendo fue disminuyendo la inflación durante un tiempo, hasta que la gente calculó que las reservas, a pesar de que habían crecido y de que eran muchas, porque hubo un gran influjo de capital hacia el país, ya no soportarían una especulación masiva.

Se ha desarrollado la teoría de la especulación masiva⁽²⁷⁾ contra el tipo de cambio, que consiste en explicar que hay un mínimo de reservas tal, que los inversionistas privados pueden calcular que el gobierno ya no tiene capacidad para soportar un ataque de compra de divisas y se rompe el sistema. Por ello, obtener estabilización es muy importante, para que las políticas de liberalización puedan tener efecto.

Una vez lograda la estabilidad, se debe mantener. Si lograda la estabilización ella se rompe, cuando todavía se está en el proceso de liberalizar, se tendría un efecto negativo sobre las posibilidades de establecer un nuevo sistema económico. En Uruguay, en la segunda mitad de la década de 1970, se realizó una liberalización de su sector financiero. No se realizó una liberalización de su comercio exterior, pero sí, una liberalización, muy amplia, en el sector financiero y se obtuvo la tasa de crecimiento más acelerada de 1975 a 1981, de los tres países del Cono Sur con experiencias de liberalización, en esa época (Argentina, Chile, Uruguay), Uruguay logró en 1976-1977 resolver sus problemas fiscales, llegando a que el déficit del sector público con respecto al PIB fuese menos del 1%. Sin embargo, en 1980 empezó a aflojarse la capacidad del Uruguay de sostener el equilibrio del sector público, empezó a aumentar el crecimiento del gasto público en términos reales y en 1981 el déficit llegó as un 12% del PÌB. Ese mismo año se rompió la "tablita", que era un sistema cambiario activo y preanunciado, utilizado como instrumento para combatir la inflación, parecido al de Argentina y que había tenido una duración más prolongada en Uruguay que en Argentina. La gente supo que Uruguay estaba de nuevo con un grave problema fiscal y que no iba a poder mantener la estabilidad de los precios. Al llegar a esta conclusión, se dio, como en Argentina, una corrida desestabilizadora, especulativa, contra la moneda interna: se acabaron las reservas de divisas y se rompió el proceso de liberalización y de crecimiento que se venía dando.

Como más adelante señalaremos, con respecto al ajuste, se discute si el mismo debe ser de golpe o gradual. También esta alternativa se discute respecto a los programas de estabilización, pero en este caso, la necesidad de romper las expectativas inflacionarias o de devaluación, otorga argumentos más fuertes a una estrategia que busque alcanzar la estabilidad, en un plazo muy corto. Así, por ejemplo, el mantener un déficit fiscal que cree expectativas de que la oferta monetaria deberá crecer en el futuro par financiarlo, puede hacer que, desde ahora, se acelere a inflación.

Para obtener buen éxito en la política económica, para que la estabilidad no atente contra el crecimiento, par que la estructura productiva no genere - pasado poco tiempo - nueva inestabilidad, es necesario perseguir simultáneamente los tres objetivos: estabilidad, crecimiento y eficiencia en la utilización de los escasos recursos productivos.

Si la estabilidad se convierte en fin único, su costo puede ser un continuado empobrecimiento. Si el crecimiento se busca sin cambiar la estructura productiva para alcanzar una mayor competitividad, ese crecimiento será fugaz.

Cuando los objetivos se persiguen escalonadamente, es posible utilizar mecanismos favorables a la estabilidad, pero nocivos para el crecimiento y la eficiencia. Tal es el caso de los aumentos impositivos.
Y así como se deben perseguir simultáneamente los objetivos de estabilidad y ajuste estructural(y sin prejuzgar en contra de que la estabilidad se deba alcanzar en un plazo más corto como parecen indicarlo los argumentos), el ajuste también debe ser global. En última instancia, esa globalidad trasciende los campos de la economía, y abarca aspectos sociales, políticos y culturales que adelante señalaremos. Pero en el propio campo de la economía, la globalidad significa el pretender eliminar las distorsiones en los cinco campos en los que las clasificamos, comercio exterior, sector financiero, movimiento de capitales, sectores productivos, y sector público.

Es necesario que las reestucturaciones se den en todos los sectores para que sus efectos se refuercen unos a otros. Sería, por ejemplo, fatalmente ineficaz buscar la solución de los problemas agropecuarios sólo con medidas que afecten directamente a ese sector, sin atender los costos elevados de insumos y combustibles, las altas tasas de interés y el uso mismo de recursos necesa5rios para la inversión en actividades gubernamentales.

Sin embargo, esa globalidad no implica que, necesariamente la rapidez del ajuste sea igual en todos los sectores, lo cual obliga a plantearse el problema del orden del ajuste, para el caso que el mismo no sea de golpe.

Con relación a la velocidad del ajuste es evidentemente cierto que: a) si no hay externalidades (sea, si no hay circunstancias que afecten los mercados y que no pueden ser reflejados adecuadamente en los precios); b) si no hay límites en la cantidad de información que la gente tiene; y c) si no hay costos de transacciones, no hay duda de que un cambio total inmediato es la solución, porque no hay costo de ajuste. Si una situación es buena y la otra no, y si el cambio no tiene costo, el cambio hacia la primera debe darse de inmediato y en todos los frentes a la vez.

Desgraciadamente, se deben considerar las externalidades, las limitaciones en la información y los costos de transacciones.

En este caso, las conclusiones que pueden generar un cierto consenso técnico serían las siguiente: 1) El modelo al que se debe llegar - modelo libre - debe ser enunciado de inmediato. Por tenerse que ir gradualmente de un ,modelo distorsionado a uno libre, no se sigue que se le deba negar a los agentes económicos el conocimiento, debe ya, del modelo al que se quiere llegar. Esto es importante para que las personas puedan planear sus actividades de hoy, conociendo también el marco jurídico del futuro, que conozcan no sólo las reglas del juego del mercado libre, para que cada uno, individualmente, pueda tener la mejor posibilidad de acertar en la forma de establecer sus actividades particulares. 2) El proceso, siendo gradual, debería permitir que le tiempo que dure esa gradualidad sea suficiente para transferir la información de cómo actuar en el nuevo marco económico que se va a establecer. Salir de un marco distorsionado al igual que salir de un libre, requiere aprender cómo se trabaja en un marco diferente. 3) Se ha comprobado que, si hay limitación en la cantidad de fondos externos disponibles, estas limitaciones usualmente afectan más la inversión que el consumo. Los gobiernos tienen un menor costo político si restringen el consumo de las generaciones futuras, y no el de las presentes y en esos casos, se ha demostrado teóricamente que se debe ser gradual en el proceso de liberalización del comercio exterior, pues una apertura inmediata puede provocar una gran disminución de la inversión. 4) El cambio debe ser lo suficientemente rápido para que, efectivamente, los agentes económico lo tomen en cuenta y ajusten sus reglas de conducta. 5) el cambio debe ser lo suficientemente rápido, y creíbles también para que no resulte en intereses de los agentes, dedicar sus recursos o reversarlos.

La inversión para reequipar la industria y para modernizar la agricultura, toma tiempo. La reducción del sector público que afecta la producción, toma tiempo. Igualmente toma tiempo cambiar los patrones paternalistas y proteccionista a los que el intervencionismo neomercantilista somete a las sociedades.

Al orden de competencia, de superación, de conciencia del riesgo y de sustitución de normas específicas por normas generales, a todo esto, debemos llegar para alcanzar la meta de la economía de mercado; pero la realidad obliga allegar de manera gradual. Mucho tiene que ver esta situación con el hecho de que en los seres humanos la interacción conocimiento - experiencias van creando un nuevo conocimiento, o sea, una nueva formación mental fraguada por lo que ocurre afuera y, a su vez, un nuevo conocimiento conduce a vivir nuevas experiencias. Los procesos de cambio requieren de esta interacción entre las concepciones personales de la realidad y la realidad que se está dando. Esto requiere tiempo.

Conviene hacer énfasis en que las medidas para obtener el cambio deben aplicarse de manera automática, sin someter su aplicación a ninguna decisión gubernamental posterior. Esta automaticidad consiste en que, si par ser gradual se decide que una reducción de tarifas debe ser aplicada en un 20%, en cada año de un período de 5, ello ocurrirá, por el simple transcurso del tiempo, sin necesidad de ulterior resolución. Dentro de esta automaticidad se debe buscar la mayor uniformidad posible, en el sentido de que todas las medidas vayan siendo lo más neutras en su efecto de distribución de recursos entre sectores productivos, para que así se eliminen las distorsiones y las diferencias entre costos privados y costos sociales.

Dado que la estabilización no debe ser posterior al ajuste, el ajuste del sector público debe darse desde el inicio de un proceso de liberalización económica, ya que es necesario, para eliminar distorsiones, que los cambios en el sector público se vayan realizando tomando en cuanta no sólo las medidas macroeconómicas y monetarias de estabilización, sino también las variaciones reales y microeconómicas propias de la liberalización económica.

Difícilmente se podría primero ajustar un déficit del sector público para buscar estabilidad, y después cambiar las políticas de ingresos y gastos estatales par alcanzar uniformidad y eliminar distorsiones. Difícilmente se podría buscar la estabilidad eliminando un déficit fiscal con aumento de precios de combustibles vendidos por empresas públicas, no compatibles con los mercados internacionales, para después eliminar las nuevas distorsiones que esa equivocada política de estabilización estaría ocasionando.

Lo anterior nos permite concluir que el ajuste en el sector público debe estar presente desde el inicio del proceso de liberalización.

En cuanto al orden de los otros campos, parece existir una mayoría que opina que es mejor liberar primero el comercio exterior, seguir luego con la liberalización de los precios relativos internos, después con el sector financiero interno y terminar con la cuenta de capital de la balanza de pagos.

Sin embargo se puede justificar mayor anticipación en la liberalización financiera interna.

Podría ser que convenga primero la liberalización financiera interna que la liberalización del comercio exterior, como fue el caso de Uruguay, en el cual se dieron resultados muy satisfactorios en cuanto a tasas de crecimiento.

Hay dos liberalizaciones que, claramente, no deben hacerse anticipadamente. Primero, la cuenta de capital de la balanza de pagos que no debe liberalizarse totalmente, sino hasta que todos los otros objetivos estén totalmente cumplidos, el país bien estabilizado y trabajando dentro de un modelo en que los precios relativos nuevos ya se han establecido, los productores hayan dirigido sus esfuerzos hacia los bienes de producción a los que los llaman estas nuevas órdenes.

Desde 1972, uno de los economistas que ha hecho más famosa la tesis de liberar, sobre todo en el sector financiero, Ronald Mc Kinnon,⁽²⁸⁾ había advertido que debería tenerse cuidado con la liberalización de la cuneta de capital de la balanza de pagos. Mc Kinnon señala que en el proceso de liberalización de Corea, un serio problema se produjo por cuanto se dieron ingresos muy grandes de capital hacia el país, al hacerse positiva y grande la tasa real de interés externa. Al hacerse muy atractiva Corea para las corrientes de capital, la tasa de cambio para el sector externo tiende a ser una tasa baja en términos reales. O sea que se revalúa la moneda local y los sectores exportadores pierden las ventajas obtenidas con la liberalización del comercio exterior; en lugar de darse un crecimiento de las exportaciones, se da un crecimiento del consumo de bienes no transables, financiando por las grandes corrientes de ingresos de exterior. Aquí podemos de nuevo aplicar el dicho de Mundell, de que las cosas son exactamente lo contrario de lo que parecen en un proceso de liberalización: el problema no es una fuga de capitales sino exceso en ingreso, porque se distorsionan los precios relativos de los bienes de exportación.

Un segundo caso se da entre sectores productivos. Imaginemos un país que produce alimentos para consumo interno y produce otro bien agrícola para exportar e imaginemos que tiene una restricción en el comercio exterior: aranceles altos que hacen más rentable producir bienes para consumo interno y que los alimentos tiene precios controlados muy bajos, para asegurar el consumo en los mercados locales. En ese caso, si se liberan los precios de los alimentos, sin liberar el comercio exterior, lo que se puede producir es una desviación de los factores que estaban produciendo bienes agrícolas exportables, hacia la producción de bienes agrícolas de consumo interno. Si ya había una distorsión en favor de la producción de consumo interno, al aumentar los precios de los alimentos, se hace más atractiva la producción par ese tipo de bienes y con eso se disminuyen aún más las exportaciones de los bienes en los cuales ese país tiene ventaja comparativa. De manera que, en esa situación, una liberación de los precios de esos artículos,. Antes de liberar el comercio exterior, puede llevar a una asignación aun más ineficiente de los factores de la producción. Estos son dos casos en que claramente está establecido un orden para la liberación.

Por gradualidad del ajuste, usualmente se entiende una modificación en etapas de las variables instrumentales de la política económica para llegar, al cabo de un período de tiempo, a alcanzar los valores deseados para esas variables. En nuestro caso se pretendería con un enfoque gradual, ir eliminando paulatinamente las distorsiones existentes en los precios relativos.

La idea de etapas sucesivas de cambio en las variables instrumentales implica la idea de un objetivo de valor para esas variables, al cual se desea arribar al cabo de cierto tiempo. Esto es, para que la gradualidad tenga significado, se debe presupones un modelo conocido desde el principio de su aplicación, al cual se desea llegar y respecto al cual las aplicaciones sucesivas de política económicas están subordinadas. Esto no es posible si el objetivo final no está claramente definido desde el inicio de la aplicación del cambio estructural.

Lo anterior no implica que, conforme se vayan aplicando las medidas, no se puedan efectuar ajustes al proceso de cambio, que pueden surgir de un mejor conocimiento de los problemas concretos que se desean corregir o de un mejor conocimiento del funcionamiento del sistema económico, e incluso ese conocimiento se puede generar con la aplicación de las medidas iniciales.

La determinación explícita del objetivo final buscado con el cambio estructural es necesaria por dos razones. Por una parte, no se puede pretender congruencia de las medidas de política económica que sucesivamente se vayan aplicando, si no es con base en un objetivo final, claramente delineado, con respecto al cual se evalúe, a prior, la eficiencia de las medidas a aplicar. Por otra parte, el cambio estructural busca hacer que los agentes económicos actúen, no con base en las señales falsas de los precios alterados, sino como respuesta a los "precios sombre" de un mercado competitivo, en tanto esos precios puedan darse en la realidad.

Si los agentes económicos conocen el objetivo final buscando, serán capaces de descontar el futuro y actuar en la adopción de decisiones de largo plazo, con base en el esquema final al que se desea llegar, y se podrá acelerar, así, su aplicación.

Por otra parte, los agentes económicos cambiarán sus decisiones para adaptarse al modelo que se desea obtener, únicamente, si creen que el nuevo modelo se va a aplicar. La credibilidad de la política económica es, así, esencial para su éxito.

Obviamente no puede haber credibilidad en una política económica que se va a aplicar a través del tiempo, en especial en sociedades sujetas a frecuentes cambios políticos que pueden alterar las intenciones de política económica de las autoridades. Por ello, para que la credibilidad del ajuste estructural gradual sea mayor, se debería plantear explícitamente, desde su inicio, el objetivo final, las medidas que se pretenden aplicar y la fecha en que cada un de ellas se aplicará. Es más, la credibilidad del cambio sería mucho mayor si las decisiones políticas de adopción de las medidas (sean éstas decisiones del Legislativo, del Ejecutivo o del Banco Central) se adoptan al inicio del proceso de cambio aun para aquellas medidas cuya aplicación se dará en períodos futuros, lo que anteriormente hemos denominado automaticidad del ajuste.

Ninguna de estas características deseables de un proceso de cambio gradual se pueden dar con la concepción del sistema de préstamos de ajuste estructural (PAE), en el cual no se define el objetivo final, las medidas de política se definen, individualmente, para cada uno de los programas de préstamo(PAE I, PAE II, etc.) y por supuesto, no se adoptan como decisiones gubernamentales, sino en el momento de formalizar cada uno de los préstamos.

Esta característica del programa PAE obliga a plantearse cada uno de los préstamos con los criterios de segunda preferencia (second best).

En este caso, lo único que podríamos concluir de un análisis de costo-beneficio de cada préstamo, es si la situación económica posterior al programa de ajuste de cada préstamo es superior o inferior a la situación previa. Pero en forma alguna, podríamos determinar si se hace la "mejor" utilización de los recursos del préstamo, pues ello implicaría la comparación de costo-beneficio de un número, prácticamente, infinito de alternativas.

Como es bien conocido, de la teoría de la segunda preferencia, el simplemente aproximar el valor de un subconjunto de precios a su valor de sombra, sin eliminar distorsiones en el resto del conjunto de precios, no asegura que se mejore la eficiencia de esa economía. Por ello, en estos casos, el análisis de costo-beneficio debe ser muy bien determinado. Señalo los problemas de este enfoque con un ejemplo concreto.

En el PAE I para costa Rica se pretendió cambiar el sistema de comercio internacional para mejorar la competitividad y estimular las exportaciones. Por supuesto, lo que se buscó fue mejorar la asignación de los recursos productivos y para ello se trató de disminuir el proteccionismo. El grado de proteccionismo lo podemos medir a través de la tarifa efectiva, cuando los instrumentos mediante los cuales se aplica son arancelarios. La tarifa efectiva la podemos reducir disminuyendo los impuestos de importación sobre los bienes finales, o bien, elevando los aranceles sobre los bienes intermediarios cuando éstos son cero o notablemente más bajos que los que corresponden a los bienes finales. En el caso concreto del PAE I para Costa Rica, no se pudo llegar a un acuerdo regional para disminuir, significativamente, la tarifa común sobre bienes finales, bien porque Costa rica no lo negoció con ese deseo o bien porque sus socios no estuvieron de acuerdo en ello, n aquella época. Se pretendió entonces (1966) disminuir el proteccionismo usando la facultad del Banco central de Costa Rica de imponer sobretasas a la importación, elevando con ello los impuestos sobre los bienes intermedios que se importen. Esta medida se está aplicando ahora en 1990 después de aprobado en 1989 el PAE II, elevando el piso arancelario de 5% al 10%, con fines fiscales.

¿Contribuye esa medida al objetivo buscando de una mejor asignación de recursos? No necesariamente. Las sobretasas elevarán, al menos temporalmente, los costos de producción en Costa Rica, comparados con los de sus socios en el Mercado Común Centroamericano y pueden dar lugar a cambios en las corrientes comerciales de las llamadas de desvío del comercio en la teoría de los mercados comunes. Esto es, podrían dar lugar a que industrias en la que Costa Rica tenga ventaja comparativas frente a las otras naciones centroamericanas, al enfrentar costos mayores por las sobretasas, debe ser competitivas y se expandan industrias menos eficiente en otros países, Si la disminución en las tarifas de los bienes finales no tuviese ningún efecto de aumentar competitividad y exportaciones hacia terceros mercados, lo cual es muy factible que así sea, pues es muy pequeña y puede, simplemente, haber disminuido "el agua" de la tarifa nominal⁽²⁹⁾ , la combinación de esta disminución en la tarifa nominal de bienes finales con las sobretasas y su efecto de desvío del comercio, configurará un deterioro en la asignación de los recursos productivos. Si para evitar este efecto desfavorable de las sobretasas se recurre a expediente administrativos, par no aplicarlas o devolver su importe cuando los bienes intermedios se destinen a la producción par exportaciones hacia Centro América, se incurrirá en altos costos administrativos para el gobierno y par las empresas que deberían ser comparados con el beneficio de la disminución de la tarifa efectiva, para determinar si la medida es beneficiosa. Ello, por otra parte, no compensaría la ventaja que, en le mercado costarricense, tendrían las empresas de los otros países centroamericanos que no tuviesen las sobretasas.

Para evitar esta desventaja par la industria costarricense, se necesitaría gravar el ingreso de los bienes finales de Centro América en proporción a su incorporación de bienes finales de Centro América en proporción a su incorporación de bienes intermedios y a la sobretasa impuesta por el Banco Central de Costa Rica. Esto eliminaría el libre comercio entre Costa Rica y el reto del MCCA, y elevaría los costos administrativos que de nuevo deberían compararse con los beneficios de la medida.

Lo que es más, la complejidad económica y administrativa restante es en sí un costo económico. La aplicación de un número creciente de medidas discriminatorias y diferenciadas a las empresas, dificulta de tal manera el cálculo económico y disminuye en tanto la transparencia de los mercados, que se debe tomar en cuanta el mayor costo de la información como un elemento importante al considerar el costo-beneficio de estas medidas, en el contexto de un análisis de segunda preferencia.

Dado que con posterioridad al PAE I de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras iniciaron programas de apertura comercial y "desgravación" arancelaria, los efectos negativo de aumentos al piso de la tarifa son ahora menores, pero el caso analizado sigue siendo un ejemplo de las limitaciones del análisis del segundo mejor de los PAE cuando no se dispone de n modelo objetivo, claro, que permita señalar las características que se buscan con las medidas parciales.

Este análisis nos pone de manifiesto las dificultades y cuidados que deben tenerse en un análisis de costo-beneficio para determinar la conveniencia de medidas parciales. La introducción de reglas complejas en mercados ya distorsionados puede ser un elemento muy negativo, que resulte en mercados aún más fraccionados, con mayores costos de información y una operación aun más ineficiente del aparto productivo. Su ejecución puede resultar en mayores privilegios discriminatorios que hagan aún menores la generación de recursos y los incentivos para la inversión y que hagan aún más ineficiente la asignación de los recursos productivos.

Por ello los PAE no son suficientes. Además, ya habíamos señalado que no son necesarios para el ajuste estructural.. Claro que son convenientes en tanto recursos externos bien empleados permitan atender los requerimientos para el reequipamiento que el ajuste demanda, y para darle rostro humano al mismo y complementarlo con el ajuste social.

Pero la responsabilidad del ajuste es de cada sociedad.

Sólo cada país puede definir un claro objetivo al que desea llegar. Sólo cada país puede proyectar su propio destino. Sólo cada país puede alcanzar un consenso político par lograrlo.

Se podría argumentar que las limitaciones señaladas par los PAE también cobijan al ajuste estructural. Sin embargo, la automaticidad del proceso introduce una diferencia fundamental de información disponible. El ajuste estructural gradual y automático permite a todos los agentes económicos conocer, desde ahora, las reglas de la constitución económica a la que se apunta, y los pasos que para ello se darán. Con esa información, los agentes económicos pueden hoy tomar sus decisiones con conocimientos de cuál será el orden económico que va a regir, y en consecuencia pretender el mayor beneficio para ellos y para la sociedad. Esta circunstancia hace muy diferente este proceso a una serie de PAE que no indican cuál es la política económica que regirá en el futuro.

Los mecanismos del ajuste dependen de las distorsiones imperantes que hayan establecido precios relativos, no por la acción espontánea y evolutiva de los mercados, sino por razones de mando. Cabe, sin embargo, comentar algunas de las posibles medidas necesarias en los distintos campos para alcanzar la liberalización económica.

En el campo del sector público no sólo es necesario eliminar causas de instabilidad (déficit), sino también, asegurar que el tamaño del Estado no limite las posibilidades de inversión en los sectores productivos, pues de lo contrario, sería muy difícil alcanzar una tasa adecuada de crecimiento por habitante. También es necesario eliminar efectos no neutrales de las políticas de gasto, impuestos y precios de bienes públicos. Pero lo anterior, usualmente, no es suficiente. Para que el mercado opere eficientemente se requieren también políticas de desregulación y de privatización.

Desregular supone, básicamente, dejar libremente a los particulares todo aquello que no dañe la moral, el orden público o los derechos de los demás; es decir, reponsabilizarlos, legal y económicamente, de su propios actos.

Esa responsabilidad no puede imponerse cuando no se les ha dejado previamente en libertad de buscar y obtener sus propios fines. De alguna manera, cuando el sector público sujeta a autorizaciones gubernamentales previas, determinados actos privados esos actos terminan convirtiéndose en públicos; ya sea porque únicamente se autorizan los de sectores privados conectados con los gobernantes (asunto tanto peor, cuando más concentraciones de poder haya), o bien, porque al autorizarse los de aquellos se supone que se cumplen todas las exigencias de orden público. Desregular, por ello, supones también despolitizar la economía, tanto para proteger al Estado de la manipulación de los grupos de presión privados - pero con claras conexiones con el poder político - como para proteger la economía y la libertad empresarial del control o de la manipulación de políticas.

Mediante la privatización se transfieren a formas de organización de propiedad privada actividades que se vienen prestando por el Estado, en muchos casos protegida mediante monopolios legales que excluyen a los demás de la posibilidad de competir con el ente público. El propósito de la privatización es disminuir las acciones empresariales que realiza directamente el Estado y traspasarlas a organizaciones privadas, sean estas sociedades comerciales, personales, cooperativas, solidaristas o asociaciones comunitarias.

Para la incorporación de la economía a los mercados mundiales, lo usual es primero eliminar las restricciones cuantitativas convirtiéndolas en arancelarias, y luego disminuir las tarifas sobre bienes fiscales buscando quedar con una sola tasa baja para todos los bienes. Se utiliza una estrategia gradual de ajuste, en el proceso se van aumentando los impuestos sobre materias primas para ir disminuyendo la protección efectiva calculada sobre el valor agregado local, Cabe recordar, sin embargo, los comentarios ya indicados respecto a la inconveniencia de esquemas de compleja administración.

Por eso, durante el proceso de ajuste se puede argumentar la conveniencia de que opere algún sistema generalizado de incentivos sobre las exportaciones, para eliminar el sesgo antiexportador residual. Se debe considerar, sin embargo, que éste debe ser un subsidio temporal soportable, de forma que su costo no atente contra la estabilidad de la economía.

La eliminación de otras restricciones y la disminución de aranceles asegura que los precios relativos internos de los bienes transables, converjan hacia los internacionales, eliminándose las distorsiones.

Este fue el esquema seguido con éxito por Taiwan en su proceso de apertura. Corea por su parte impuso internamente los precios externos por fiat y esquemas de subsidios, dando lugar a una mayor concentración de la propiedad y a un proceso difícil de mantener en sociedades más abiertas a la acción de grupos de presión.⁽³¹⁾

En el campo financiero interno no puede dejar de reconocerse la importancia de un sistema ágil y eficaz de auditoría, sobre los intermediarios financieros, a fin de evitar el fraude y dar suficiente transparencia al sistema, disminuyendo los costos de información y de transacciones. Pero ello es muy distinto de fijaciones arbitrarias de tasas de interés, de limitaciones discrecionales a la entrada, de impedimentos a la innovación y asignaciones cuantitativas de recursos que fragmentan los mercados. Frecuentemente, tratando de favorecer grupos de pequeños agricultores, por ejemplo, se fijan tasas preferenciales de interés para préstamos a ellos, con el resultado que se disminuye el crédito disponible para esos proyectos y que se incrementan otros costos no de interés.⁽³²⁾

La fragmentación de mercados es una medida que impide que haya vasos comunicantes entere los distintos recursos de ahorro y los distintos recursos de inversión, que permitirían equilibrar las tasas de interés para proyectos de similar riesgo y similares condiciones y que hace, por el tipo de proyectos. Así, ciertos recursos tienen fin específico y se asignan, no en virtud de la rentabilidad esperada de cada proyecto, sino con base a listar establecidas arbitrariamente. Esto implica que se dejan de financiar proyectos de alta rentabilidad y se financian proyectos de baja rentabilidad y al hacer esto, se disminuye el volumen de ahorro de la comunidad, ya que el retorno total de la inversión es menor, por lo que el total de proyectos seleccionados resulta también menor.

En estas circunstancias se reducen no sólo los recursos dirigidos a proyectos de alta rentabilidad, sino también la totalidad de los recursos.

El resultado final de esta fragmentación de los mercados financieros es equivalente a una disminución en el volumen de la inversión y en la calidad de ésta, a una diminución en la eficiencia de la estructura productiva y a una diminución en los volúmenes de producción que podríamos obtener en cada momento.

Para liberalizar el sector financiero se hace indispensable eliminar las fijaciones de tasas de interés que en condiciones de inflación frecuentemente determinan intereses reales negativos, eliminar asignaciones cuantitativas de recursos que fragmentan el mercado, no establecer discriminaciones entre intermediarios ni límites a la innovación y facilitar la libre entrada a las actividades financieras.

Además, se debe asegurar una política fiscal que no lleve a estrujar hacia afuera del mercado a los inversionistas privados ni a establecer tasas reales de interés tan altas que limiten la inversión y el crecimiento.

Para promover y realizar el ajuste, es necesario aumentar la inversión y permitir que sea dirigida hacia los sectores en los cuales, naturalmente, somos más competitivos, y no hacia las empresas que la política hace artificialmente más rentables. Para ello, es imprescindible permitir que el fin que aumente la rentabilidad de la inversión en empresas verdaderamente productivas.

En el sector industrial necesitamos una mayor especialización: ir hace fábricas que no tengan tanta variedad de artículos, par que puedan lograr índices de eficiencia mayores. El gran problema que tienen algunas de nuestras fábricas es que, al estar cambiando moldes para hacer distintos tipos de artículos, hace que las maquinarias estén más tiempo paradas ajustándose a los diversos productos que van produciendo. Por supuesto, el grado de eficiencia que se puede tener con esa atención dirigida hacia la producción de múltiples artículos para un mercado muy pequeño, no permite ser competitivo internacionalmente.

Lo que se necesita es ir eliminando las distorsiones que permiten que opere en el país una tecnología que no está acorde con nuestra escasez relativa de factores de producción, ni con las posibilidades reales de competir en los mercados mundiales.

En el campo agrícola, la necesidad del ajuste se ha palpado con fuerza, pues buena medida del peso del proceso, del modelo de institución de importaciones, recayó sobre este sector.⁽³³⁾ Sin embargo, el ajuste demanda también cambios en la agricultura. Se deben eliminar las restricciones al comercio de los productos agrícolas, las fijaciones de precios mínimos y máximos, las asignaciones exclusivistas de crédito y permitir, así, que se desarrollen nuevos productos agropecuarios.

Durante el proceso gradual de ajuste, habrá de desarrollarse y transferirse conocimientos y tecnología sobre cultivos alternativos, rentables para el agricultor; deberá facilitarse, también, el que se lleven a cabo las inversiones que resulten necesarias. Los recursos externos, disponibles para el ajuste estructural, deben emplearse en compensar, monetariamente, a los agricultores afectados y en financiar, con cargo a la sociedad, el proceso de aprendizaje a cambio.

Tenemos que pensar, también, que parte importante de este ajuste estructural es el ajuste en el sector de servicios. Una de las equivocaciones más serias de economistas, políticos y sociólogos es seguir pensando en términos del pasado en cuanto a la estructura productiva. La estructura productiva del futuro es aquella en la cual el sector de servicios va a ir creciendo, el sector industrial v a ir disminuyendo como proporción, tal como pasó con el sector agrícola. Países que no han pasado por todo el proceso de industrialización, de la gran industria, pueden omitir esa etapa y pasar a una de crecimiento de la economía de servicios y la comunicación. Este traslado, este paso a la economía de servicios, a la economía de la comunicación, pondría a los países de América Central en posición muy ventajosa con relación a otros países del Tercer Mundo.

Queda el tema de los movimientos de capital.

Esa última etapa del ajuste puede llamarnos a la adopción de una política de libre convertibilidad con un tipo de cambio fijo que opere en condiciones de real estabilidad, o con un tipo de cambio flexible que ajuste pequeñas variaciones en el tipo de cambio real. Pero, durante el proceso de ajuste, un control de los movimientos de capital, una estabilidad todavía no alcanzada y variaciones en el tipo de cambio real, de equilibrio, justifica un sistema de minidevaluciones activo y preanunciado⁽³⁴⁾ . Así se puede mantener un tipo de cambio realista que, por ser compatible con un menor grado de protección a la producción para el mercado interno, permita una mayor competitividad a las exportaciones, sin aumentar los costos a los consumidores, y que permita también en crecimiento en la producción de servicios exportables. Salud, educación, programación para cómputo, turismo, son sólo algunos de los servicio que, con el cambio de estructura, se harían más atractivos para compradores extranjeros. Cabe señalar que los mecanismos de ajuste pueden, eficientemente, operar en un Mercado Común o Comunidad Económica Centroamericana que sirva como plataforma de lanzamiento, de estas economías, a los mercados mundiales y no como medio de protección y asilamiento ⁽³⁵⁾

Los programas de ajuste estructural no pueden dejar de lado las condiciones de vida de las personas más pobres durante su puesta en vigencia.

La certeza de que aumentar la eficiencia lleva a incrementar el ingreso por habitante y a permitir que crezca más aceleradamente de ahí e adelante, no justifica ignorar los problemas de los pobres durante el período de ajuste. Por eso el ajuste debe tener rostro humano⁽³⁶⁾ . Parte importante de esta consideración es discriminar la reducción de gastos públicos de los programas de estabilización que acompañen al ajuste político de los programas de estabilización que acompañen al ajuste estructural, de forma que no se afecten los programas de inversión que favorecen a los pobres.

La literatura del ajuste estructural distingue tres grupos de obres; a)las personas que llegan a ese estado por el ajuste, como quienes pierden empleos públicos o de empresas ineficientes; b)las personas vulnerables o en el límite de la pobreza, como ancianos, niños, madres solas, campesinos si tierra, a quienes la eliminación de subsidios los puede llevar al nivel de pobreza; c)las personas pobres de solemnidad, que lo son con prescindencia de los programas de ajuste.

En todo caso, para todos los el ajuste estructural debe ser planeado de forma tal que los gastos en educación y salud les favorezcan se conserven y, más bien, se tornen más eficientes. En este sentido, cobra plena vigencia la preocupación por una eficaz puntería de estos programas para que, verdaderamente, beneficien a quienes los necesitan. Al respecto son preocupantes los sectores de gasto en educación que afectan los niveles elementales, que son los que en mayor medida favorecen a los pobres. Iguales consideraciones son pertinentes en casi todos los rubros de gastos público.

Además de mantener y profundizar el gasto en capital humano que favorece a los más pobres, durante el proceso de ajuste, son necesarias medidas o programas adicionales de compensación social. Programas transitorios de empleo en obras comunales y programas de nutrición para infantes, madres lactantes y obres en extremo, han sido ensayados con éxito en países que ejecutan proyectos de ajuste estructural.⁽³⁷⁾

Claro está que una de las mayores dificultades de estos programas de compensación, es la de dirigir, adecuadamente, los recursos a las personas pobres. ¿Cómo definir a los pobres? ¿Cómo identificarlos y ubicarlos? ¿Cómo evitar que los recursos los disfruten quienes por poseer más de estos recursos tienen mayor capacidad para influir y desviarlos en su favor? Como es bien sabido, entre más limitadamente se diseñe el objetivo de los programas, entre más específicamente se defina a los integrantes del grupo beneficiario, más alto es el costo administrativo de los programas y mayores las posibilidades de corrupción. Esto obliga a diseñar objetivos más amplios y períodos más limitados para la ejecución de los programas.

Además, durante los procesos de ajuste, se pueden poner en ejecución programas que, a la vez, como el propio ajuste a mediano plazo, favorecen a los obres y al crecimiento económico. Tales, por ejemplo, son los programas de crédito para dar acceso a los activos productivos, con los cuales se han desarrollado exitosos casos de créditos limitados, productivos, y con muy alta recuperación. También, programas para hacer más rentables los activos de los pobres, como la asistencia técnica agrícola a los pequeños campesinos, o el facilitar la operación de quienes laboran.⁽³⁸⁾

Sin embargo, no es suficiente con tener en cuenta elementos sociales que den rostro humano al ajuste económico. El ajuste económico debe ser global, como ya señalamos, y ello significa que debe abarcar áreas adicionales a las meramente económicas. Entre ellas, prioritariamente, la social y la política, para que las reformas se refuercen y apoyen mutuamente.

En el campo social el ajuste significa tejer la Red Básica de Protección social que mejore la igualdad de oportunidades y otorgue garantías a los desposeídos, y que por ello garantice un nivel básico de bienestar independiente de la contribución individual al proceso productivo. Para ello , se debe desarrollar diversas instituciones.

Unas de ellas buscan garantizar igualdad de oportunidades, mediante la configuración de reglas generales de conducta justa, que impidan la coacción entre individuos privados y la arbitrariedad estatal; otras buscan la difusión de la educación, par a que todos podamos participar de la herencia cultural y técnica. Otras instituciones tienen por finalidad garantizar que todos los miembros de la sociedad disfruten de ingresos garantizados, con independencia de su contribución al proceso productivo. La Seguridad social es fundamental en el logro de ese objetivo. El conjunto de todas estas instituciones constituye la Red básica de Protección Social que se debe tener para realizar la justicia social.

El nivel en el cual esa red su ubica, depende del grado de desarrollo alcanzado por una sociedad específica y ese nivel va aumentando con la generación de riqueza. En la determinación de los recursos utilizados para construir esta Red Básica de Protección Social, se debe guardar equilibrio entre las necesidades presentes y laso posibilidades de inversión para aumentar la riqueza futura. También se debe guardar un equilibrio entre la solidaridad para con los ciudadanos más necesitados y la necesidad de mantener estímulos para el trabajo y el ahorro. Y, por supuesto, se debe hace el uso más eficiente posible de los recursos destinados a tejer esa red, pues de ello dependerá el nivel de justicia social alcanzado. En tanto no se pueda llegar a un sencillo esquema de reparto directo, el sistema debe funcionar conforme y nunca en contra de las leyes naturales del mercado. Sólo así pude haber armonía entre el progreso y la solidaridad. Siendo la seguridad social institución clave par alcanzar justicia social, es indispensable, con imaginación y arrojo, avanzar en su perfeccionamiento.

Se deben universalizar los sistemas de pensión, sobre bases de solidaridad que, verdaderamente, otorguen protección a quienes por condiciones objetivas vejez, invalidez o irresponsabilidad la requieran, y con sistemas voluntarios, complementarios, que estimulen el ahorro y la autoprotección. Se deben generalizar, universalizar y humaniza los servicios básicos de salud.

Pero conviene no olvidar que la parte fundamenta de la verdadera Red Básica de Protección social, es el sistema generalizado de incentivos que elimina privilegios y permite a las personas participar libremente en la construcción y en los frutos de una economía abierta y dinámica. Con este fin, como se acaba de señalar, son esenciales todas las instituciones que generan igualdad de oportunidades, como son las de un sistema educativo que permita a todos participar del legado cultural. Pero se debe comenzar por el principio, y el principio o fundamento es un sistema jurídico general, basado en la igualdad ante la ley, con reglas justas que realmente se apliquen a todos.

Llevar a la práctica estos y otros planteamientos requiere sostener un enfoque adecuado de las relaciones entre o económico y lo social, así como del papel de Estado en la promoción del bienestar.

Debemos emprender el camino del desarrollo, ligando el esfuerzo por el crecimiento económico con la preocupación permanente por los que más sufrirían en los procesos de cambio. El rostro humano de las medidas económicas debe impedir que como individuos mercantilicemos nuestras vidas, y que como Estado reduzcamos todo a lo económico. No podemos olvidarnos de la conciencia, de la misericordia, de la justicia y la equidad. Tenemos que armonizar la realidad con la justicia, el instrumento con el fin, el amor con la eficacia, la necesidad de producir con el equilibrio natural y moral, la ganancia con la entrega.

Cuando se analiza el sector social, no debe caerse en el desacierto de separarlo de las realidades económicas que rodean toda la acción de solidaridad del Estado. Recordemos que la mejor base para una política social es una sana política económica. Debemos ver ésta como el medio para alcanzar la plenitud en aquella. El único y exclusivo objeto del desarrollo económico es, y debe ser, el bienestar de las personas.

El sector social y el económico forman una mera división administrativa, pero son partes inseparables de un división administrativa, pero son partes inseparables de un mismo conjunto, de una misma estructura que de perder alguno de sus pilares perdería la razón de su existencia. No se puede negar la realidad: si no hay producción, si no se fomentan las inversiones, si la empresa privada no florece, no habrá recursos par asignarlos a mejorar nuestra calidad de vida. Así las cosas, la revisión de nuestros logros y retos en el campo de la solidaridad humana debe realizarse sin desligarla de nuestras necesidades económicas.

Juan Pablo II señaló en su reciente Encíclica que: "…la economía es sólo un aspecto y una dimensión de la compleja actividad humana. Si se absolutiza, si la producción y el consumo de las mercancías ocupan el centro de la vida social y se convierten en el único valor de la sociedad, no subordinado a ningún otro, la causa hay que buscarla no sólo y no tanto en el sistema económico mismo, cuanto en el hecho de que todo el sistema sociocultural, al ignorar la dimensión ética y religiosa, se ha debilitado, limitándose únicamente a la producción de bienes y servicios…la libertad económica es solamente un elemento de la libertad humana"⁽³⁹⁾

cuando los gobiernos no toman en cuenta las observaciones anteriores, cuando sus orientaciones sociales, económicas y políticas padecen el mal de la descoordinación, cuando la unilateralidad y las soluciones incompletas y parciales dominan el escenario, entonces surgen las consabidas y artificiales contradicciones entre los social y lo económico, entre lo social y lo político, entre lo social y lo cultural. Contradicciones debidas a la equivocada formulación de los programas generales de acción y de las prioridades nacionales.

Para tener éxito, lo social debe concebirse dentro de un programa general de acciones privadas y públicas, que articule en una cultura libre, pluralista y diversificada, los aspectos culturales, económicos y políticos del desarrollo. Nada daña más a las políticas sociales que un política económica que no estimule la productividad y la creación de riqueza, que no destierre la inflación y generando crecimiento, produzca empleo y bienestar. Nada daña más a las políticas económicas y sociales que la ausencia de lazos que las unan y coordinen.

En este sentido tenemos la obligación de superar el falso dualismo que opone lo social y lo económico, un dualismo que sólo sirve para ocultar ambiciones electorales y para desorientar al pueblo.

Considerando el contexto internacional y regional de la política social, creo conveniente recordar los principios generales que han de regir la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales, en el marco específico de la ética cristiana.

1. La persona como sujeto

La política social está dirigida a personas que son sujeto y no objeto pasivo de la asistencia comunitaria. Por lo tanto, es necesario idear formas de participación y de solidaridad mutua, por parte de los directamente beneficiados con los programas sociales.

El hombre -como lo recuerda constantemente la Doctrina Social de la Iglesia- es un fin en sí mismo, no un instrumento, ni un objeto de un plan de desarrollo. Desde esta perspectiva se comprende la necesidad de promover estructuras participativas que eviten el burocratismo y la atención impersonal.

2. Moralidad

La política social se basa en una obligación moral personal que obliga a la fraternidad a cada hombre y a cada mujer. El esfuerzo por resolver viejos y nuevos problemas sociales debe partir de valores sólidos : la hermandad con el que sufre, la preeminencia de la familia, la solidaridad con el desamparado, el énfasis en la dignidad del trabajo y la participación de los beneficiarios en la ejecución de las políticas sociales. La solidaridad no es un favor ni una obligación.

La acción solidaria bien hace en demandar de los beneficiarios un mínimo de acatamiento a normas morales de generalizada aceptación en la sociedad. Mas se podría contribuir con recursos públicos a facilitar, por ejemplo, el alcoholismo o la drogadicción.-

3.Subsidiariedad y participación

No se puede evitar el reconocer que el individuo, la familia y la sociedad son anteriores al Estado y el Estado existe para tutelar los derechos de éstos, y no para sofocarlos. La intervención del sector público en la solidaridad social debe de realizarse teniendo muy claros estos parámetros de subsidiariedad, tratando de evitar la parición de un Estado irresponsable y meramente asistencialista y procurando que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales.

En Centesimus Annus Juan Pablo II señala expresamente la necesidad de la subsidiariedad en el campo socia, cuando indica: "…no han faltado excesos y abusos que, especialmente en los años más recientes, han provocado duras críticas a ese Estado del bienestar, calificado como "Estado Asistencial""⁽⁴⁰⁾ .

Deficiencias y abusos del mismo derivan de una inadecuada compresión de los deberes propios del Estado. En este ámbito, también debe ser respetado el principio de subsidiariedad. Una estructura social del orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior y privarla de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común.

Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la "perdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios".

En ese sentido es particularmente importante la participación de los grupos cercanos a los beneficiarios; los compañeros de trabajo, los vecinos, los parientes y, en general, aquellos que por miedo del voluntariado se pueden convertir en excelentes controladores de la acción social del Estado para evitar que éste surja como opresor de la libre iniciativa.

La creación de estructuras participativas, es también fundamental con vistas a que se logren la democratización de los programas de asistencia social del Estado y la verdadera participación de sus beneficiarios directos.

4.Participación de la familia

El núcleo familiar debe ser el primer partícipe en la solución de los problemas. Debe de responsabilizarse a las familias de los beneficiarios de los programas, pues parte de una política social es hacer que los beneficiarios encuentren en sus vínculos familiares el apoyo necesario para lograr superar su situación de pobreza. La familia, si logramos que actúe en unidad y solidaridad mutua, se convierte no sólo en la beneficiaria de los programas sociales sino también, y fundamentalmente, en su promotora.

5. Diversidad y espontaneidad

La misma noción e una política social dirigida a los más necesitados, exige el respeto a la diversidad personal de los sujetos de tal política, a la diversidad de mecanismos de atención, a la espontaneidad de su aplicación y a la descentralización institucional y administrativa como mecanismos idóneos de organización.

6. Temporalidad

La temporalidad de la acción solidaria par con los grupos económicamente pobres, asegura no la perpetuación del estado de pobreza, sin la creación de las condiciones requeridas para que los pobres dejen de serlo. La ayuda es mejor apreciada si, por medio de ella, podemos lograr nuestra superación y reivindicación moral.

Los programas deben concebirse con un carácter temporal, para que las personas encuentren en ellos el alivio momentáneo de sus tribulaciones, y que no se transformen en un modo de evadir las responsabilidades propias y de una sana política social. Crear condiciones para que cada quien, apoyado en sí mismo y en la solidaridad social, se supere y beneficie con su superación a quienes le rodean.

7. Focalización

Un principio fundamental de la política social se refiere a la necesaria focalización del gasto social. Un ejemplo será útil par comprender el sentido decisivo de este principio: de 1980 a 1987, en Costa Rica durante el período de ajuste posterior a la crisis de la deuda externa, los gastos en educación primaria como porcentaje del Producto Interno Bruto disminuyeron en un treinta y tres por ciento (33%). Los gastos en educación secundaria en un treinta y cinco por ciento (35%) y en educación universitaria en un siete por ciento (7%).

Al analizar el significado de las cifras anteriores debe recordarse que el veinte por ciento (20%) más pobre de la población costarricense disfruta del treinta y cinco por ciento (35%) del gasto en la educación primaria, del dieciocho por ciento (18%) del gasto en educación secundaria y sólo del cuatro por ciento (4%) del gasto en educación superior. Simultáneamente, el veinte por ciento (20%) más rico de la población costarricense se beneficia con el cuarenta y cinco por ciento (45%) del gasto en educación superior, siendo en este sector donde el gasto social disminuyó menos.

Por otra parte, es sabido que en Costa Rica el cuarenta y nueve por ciento (49%) de la población no tiene acceso a ningún tipo de protección por vez o invalidez, y esta personas se ubican entre las más necesitadas. En Costa Rica los más pobres no son quienes tiene un puesto de trabajo fijo, sino los que no tienen empleo, los que no cotizan par la caja costarricense de Seguro social. Los más pobres se ubican entre las personas que trabajan por cuanta propia: el pequeño agricultor, los pequeños comerciantes, artesanos, industriales, empresarios de servicios y mujeres jefes de hogar.

Como vemos, existe una distribución inequitativa del gasto social que provoca grandes injusticias. Quienes más necesitan de la solidaridad social menos reciben de ella, entretanto quienes menos la necesitan reciben más.

Esta es una situación lamentable que se repite en casi todos los campos en que el Estado participa sin tener claros los objetivos, sin eficiencia y envuelto en una gigantesca burocracia que consume todos los esfuerzos y recursos. Nuestra solidaridad social debe ordenarse y focalizarse de modo tal que los grupos de población más pobres sean los que realmente se beneficien con los programas de ayuda estatal.

Por supuesto que la focalización entraña un riesgo, pues al afinar la efectividad de los programas de asistencia social, al beneficiar estos realmente a los que más lo necesitan, se produce un incremento del costo administrativo y técnico de planear, organizar y aplicar tale programas. Este riesgo, sin embargo, se reduce substancialmente si nos proponemos elevar la eficiencia de las instituciones de asistencia social y evitamos, simultáneamente, un crecimiento artificial de sus aparatos burocráticos.

8. Compensación

En la presente circunstancia económica, caracterizada por la aplicación de programas de ajuste necesarios para eliminar las distorsiones originada en políticas económicas anteriores, es fundamental que la política social sea capaz de compensar a los grupos de la población que vean afectadas sus ya de por sí insuficientes fuente de existencia. Para esto la inversión en capital humano y el establecimiento de transferencias monetarias y técnicas a los sectores pobres, que les permitan enfrentar con éxito las dificultades económicas, se constituyen en instrumentos básicos de la compensación social complementaria de las políticas económicas de ajuste estructural.

El aplicar estos principios, en toda su riqueza ética y cristiana, conduce directamente a un desarrollo económico con rostro humano. Un rostro humano que requiere ser adjuntado al proceso de ajuste económico para que le resultado sea promover el mayor bienestar material y espiritual posibles.

En realidad, el desarrollo económico con rostro humano que he venido defendiendo desde hace muchos años, depende de que se den adecuadas relaciones entre los aspectos sociales, económicos y políticos; pero también, y fundamentalmente, de que se apliquen los principios éticos generales que, como los anteriores, estimulen la solidaridad auténtica y no el burocratismo, el compromiso efectivo y no la timidez del asistencialismo, la participación democrática de los beneficiarios y no su conversión en objetos pasivos de los programas oficiales.

Los principios reseñados son de especial importancia cuando se trata de analizar los programas de ajuste estructural. Como veremos, estos programas no pueden tener éxito al margen de la situación social de las poblaciones pobres. Es imperativo que el Ajuste Estructural contemple un componente social esencial par la promoción de la justicia y al equidad.

La certeza de aumentar la eficiencia lleva a incrementar el ingreso por habitantes y a permitir que crezca más aceleradamente de ahí en adelante, cuando se produce en condiciones de apertura económica, política y social, no justifica ignorar los problemas de los pobres durante el período de ajuste, Por eso el ajuste debe tener rostro humano e incluir una compensación social a los grupos de la población que la requieran. Como ya señalamos, tal compensación social puede significar inversión en capital humano, transferencias monetarias y facilidades técnicas y productivas.

Parte importante de esta consideración es discriminar la reducción de gastos públicos de los programas de estabilización que acompañen al ajuste estructural, de forma que nos e afecten los programas de inversión en capital humano que favorecen a los pobres.

Para todos los pobres el ajuste estructural debe ser planeado de forma tal que los gastos públicos en educación y salud par su beneficio, se conserven y se tornen más eficientes.

En este sentido cobra plena vigencia la preocupación por una eficaz puntería de estos programas, focalizados adecuadamente, para que verdaderamente beneficien a quienes los necesitan. Al respecto son preocupante, como he señalado, los recortes de gasto en educación que afectan los niveles elementales que son los que en mayor medida favorecen a los pobres. Iguales consideraciones son pertinentes en casi todos los rubros de gasto público.

Además de mantener y profundizar el gasto en capital humano que favorece a los más pobres durante el proceso de ajuste, son necesarias medidas o programas adicionales de compensación social. Programas transitorios de empleo en obras comunales y programas de nutrición para infantes, madres lactantes y pobres en extremo, han sido ensayados con éxito en países que ejecutan proyectos de ajuste estructural.

Está claro que una de las mayores dificultades de estos programas de compensación, es la de dirigir adecuadamente los recursos a las personas que realmente los necesitan. ¿Cómo evitar que los recursos los disfruten quienes por poseer más poder tienen mayor capacidad para influir y desviarlos en su favor? O, dicho en la forma común entre costarricense, ¿cómo evitar que "el que parte y reparte se deje la mejor parte"?

Como ya expliqué con anterioridad, es bien sabido que cuanto más efectivo sea el programa de asistencia social y cuanto más específicamente se defina a los integrantes del grupo beneficiario, más alto es el costo administrativo de los programas y mayores las posibilidades de corrupción. Esto obliga, en medio de la necesidad de focalizar el gasto, a buscar un equilibrio con los costos administrativos crecientes y lleva a diseñar objetivos más amplios y períodos más limitados para la ejecución de los programas.

Además, durante los procesos de ajuste, se pueden poner en ejecución programas que, a la vez, como el propio ajuste a mediano plazo, favorecen a los pobres y al crecimiento económico. Tales, por ejemplo, los programas de crédito para dar acceso a los pobres a activos productivos, área en la cual se han desarrollado proyectos muy exitosos de créditos limitado, productivos y con muy alta recuperación. También, programas para hacer más rentables los activos de los pobres, como la asistencia técnicoagrícola a los pequeños campesinos, o el facilitar la operación de quienes laboran en la economía informal urbana.

A pesar de lo anterior, no es suficiente el tener en cuenta elementos sociales que den rostro humano al ajuste económico. El ajuste debe ser global y ello significa, como ya lo he señalado, que debe abarcar áreas adicionales a las meramente económicas, entre ellas, prioritariamente, la social y la política, par que las reformas se refuercen y apoyen mutuamente.

En el campo social el ajuste significa tejer la Red Básica de Protección Social que aumente las oportunidades y otorgue garantías mínimas a los desposeídos, y que por ello garantice un nivel digno de bienestar independiente de la contribución individual al proceso productivo, par lo que se deben desarrollar diversas instituciones.

Es necesario, en primer lugar, respetar el principio de igualdad de toda persona ante la ley. Por lo tanto, no podrá hacerse discriminación alguna, en la definición y aplicación de las reglas generales, en razón de religión, ideología, raza, sexo, posición económica o social.

Es urgente promover la similitud y ampliación de las oportunidades, mediante la configuración de reglas generales de conducta justa, que impidan la coacción entre individuos privados y la arbitrariedad estatal, y ¡mediante la difusión de la educación y la salud, para que todos podamos participar de la herencia cultural y técnica.

Esencial para este fin es la vigencia en la sociedad de un mercado amplio y libre, de una organización política democrática y participativa, de un Estado de Derecho eficaz y de una cultura pluralista.

Existe una especie de falsa percepción en cuanto a los beneficios derivados de los gastos públicos en educación. Así, por ejemplo, en costa Rica encontramos notables desigualdades en materia de la distribución de recursos destinados a la educación, lo que crea barreras importantes para que los niños de las familias de bajos e, incluso, medianos ingresos tengan acceso a la educación secundaria y superior.

Sólo un nueve punto cinco por ciento (9.5%) de los estudiantes universitarios pertenece al veinte por ciento (20%) de familias más pobres, mientras que un setenta y dos por ciento (72%) de ellos pertenecen al cuarenta por ciento (40%) de las familias más ricas. La desigualdad de oportunidades es tal que, en promedio, según un estudio del Banco Mundial, cabe prever que un niño que pertenezca al veinte por ciento (20%) de familias más ricas reciba en su juventud un beneficio del ciento cincuenta por ciento (150%) más alto que el beneficio que recibe un niño que pertenezca al veinte por ciento (20%) de familias pobres.

Es evidente que costa Rica enfrenta tres problemas básicos en el campo dela educación: 1)deficiente calidad de la enseñanza básica, caracterizada por el alto nivel de estudiantes desaprobados, el lento progreso de los educandos, el bajo nivel general de aprendizaje y la dificultad para aumentar la capacidad tecnológica de la población, necesaria para el progreso; 2)la inadecuada asignación de recursos entre los diferentes niveles de enseñanza; y 3) la falta de incentivos y estímulos adecuados para los maestros y profesores.

La asignación ineficiente de recursos dentro del sector se pone de manifiesto por las disparidades en las tasas de rentabilidad social de los diversos niveles de enseñanza, que fueron estimados en el informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas par el Desarrollo, en diecinueve por ciento (19%) para la enseñanza primaria, un doce por ciento (12%) para la enseñanza secundaria y sólo un nueve por ciento (9%) para la enseñanza superior.

En Costa Rica existe una urgente necesidad de contrarrestar las tendencias actuales hacia un aumento de la desigualdad de oportunidades. Ello puede lograrse con mayores recursos par la enseñanza primaria, revisión del sistema de incentivos y del pago para los maestros, políticas de becas para los estudiantes de familias extremadamente pobres e, incluso, concesión de préstamos bancarios para estudiantes.

Lo anterior no requiere recursos públicos adicionales, sino una distribución más eficiente y justa de los existentes. A este respecto cabe destacar, como un aspecto de interés en la distribución de los ricos, por medio de los impuestos, recursos para sostener su educación, lo cual, a todas luces, es evidentemente injusto.

En líneas generales, se debería elevar la asignación de recursos en los niveles bajos de la educación eliminar, progresivamente, las limitaciones financieras entre los grupos socio-económicos. En la educación superior, convienen fomentar la participación del sector privado y establecer y consolidar la financiación parcial o completa de los estudiantes.

Nada de lo anterior implicaría la desaparición de la ayuda estatal a la existencia de las universidades públicas. A las instituciones públicas de enseñanza, debe asegurárseles, de acuerdo con las normas constitucionales vigentes, sus propias fuentes de ingresos, las que les permitan conseguir, en lo financiero, la autonomía de que hoy gozan legalmente en lo administrativo y en lo político. El establecimiento de bonos y de préstamos universitarios, otorgados por el Estado y por las propias instituciones universitarias públicas, sin otra discriminación que no sea la académica o la derivada de la necesidad económica, es un paso indispensable en ese sentido.

El pago, por ese medio, de los estudios, ha de contribuir para asegurar, a las universidades y centros de enseñanza para universitaria -públicos y privados-, sus propias fuentes de financiamiento y, con ello, su verdadera autonomía. De esta manera, ha de fomentarse una verdadera igualdad de oportunidades para una diversificada y libre formación universitaria.

En medio del cambio educativo, debemos fortalecer las constantes esenciales, las certezas básicas; la fe inquebrantable en dios y en el hombre, en la cultura, en la justicia y en el progreso. La superación constante de las metas humanas, bien lo sabemos y, en el fondo, probablemente sea aceptado hasta por quienes formalmente lo niegan, depende del grado de libertad y de responsabilidad que hayan adquirido sus protagonistas.

Cuando, con múltiples trabas e imposiciones burocráticas, atamos las manos de los centros de enseñanzas -público y privados- y traspasamos derechos propios de los padres de familia, de los estudiantes y de los profesores, en beneficio de los órganos centrales del Estado, de alguna manera también estamos limitando -si no anulando- las responsabilidades que a cada quien le corresponden en este campo.

Cuando se exoneran las responsabilidades propias de los padres, de sus hijos y de los maestros, lo que sigue como consecuencia es la exoneración de las responsabilidades que corresponden a los centros educativos; y, con ambas, se llega a la destrucción de la excelencia académica y del rigor de los estudios.

Por estas razones y sin demérito de la excelencia académica y del papel clave del Estado en este campo, debemos impulsar la mayor descentralización posible de la educación pública, dentro del marco constitucional vigente.

Un primer paso en esta línea, consistiría en convertir poco a poco los centros públicos (primaria y secundaria o diversificada) existente en el país, en instituciones con su propia personalidad, sus propias juntas directivas y sus patrimonios propios, con un primer nivel de influencia municipal y bajo la supervisión del ministerio de Educación Pública. Tales centros pueden ser entes públicos no estatales, sujetos a los controles normativos propios de los entes administradores.

La descentralización de la enseñanza en múltiples centros independientes, bajo requisitos mínimos establecidos conforme a la ley, permitiría que surja la diversidad y, con ello, el beneficio para las personas, para la sociedad y para la cultura.

Los educandos y sus familias tendrían la oportunidad de seleccionar las áreas de énfasis para su educación. Siempre en el entendido, claro está, de que se requiere un mínimo establecido alrededor de tres grandes áreas: la ciencia, la tecnología y la cultura, par facilitar la convivencia social.

De ahí en adelante, la uniformidad sólo conduciría a la masificación mediocratizadora, enemiga de la sabiduría y de las personalidades diferenciadas. En cambio, la diversidad en los sistemas, los programas, los regímenes disciplinarios y en otros aspectos de la educación, enriquecería el ambiente de la sociedad y las posibilidades de que las familias eduquen a sus hijos según sus preferencias ; incluso pueden ser causa de que ellas escojan el lugar de residencia, de acuerdo con las características de las escuelas y colegios de cada localidad. Lo anterior permitiría, inclusive, introducir una san competencia entre las distintas zonas y colegios del país, lo que redundaría en ¡beneficio de la excelencia académica del sistema educativo.

También la descentralización facilitaría que los padres de familia participen más del proceso educativo, al poder escoger para sus hijos entre los determinados tipos de escuelas y colegios diferenciados.

Finalmente, esa descentralización permitiría que operen sistemas ordenados de incentivos para los maestros, que los estimulen y que les permitan recuperar la estima social, la cual en los últimos años han ido perdiendo, debido a la imposibilidad de diferenciarse profesionalmente y a los bajos salarios que perciben.

En lo que respecta al sistema de salud, es indispensable con imaginación y arrojo, avanzar en su perfeccionamiento. Costa Rica erradicó la malaria, logró disminuir casi por completo las parasitosis intestinales masivas, educó a sus habitantes par el uso de letrinas y agua potable y proveyó de esos bienes a la mayoría de la población; vacunó y eliminó flagelos como la poliomielitis, mejoró la detección del cáncer genital femenino y ha logrado muchos otros importantes logros en el campo de la salud.

Lo anterior, pese a constituir innegables avances, no significa que nuestra lucha por generalizar el derecho a la salud y elevar la eficiencia de la atención médica no enfrente retos y problemas.

De forma similar al caso de la educación, estos problemas se refieren al nivel básico de salud, a la distribución de recursos entre los diversos tipos de atención médica y sanitaria y a los incentivos y estímulos para profesionales y técnicos.

En el campo de salud debemos reconocer, en primer lugar, el derecho a la atención médica para todos los habitantes del país. La salud, al igual que la educación, debe merecer atención especial del Estado en países en los que, como Costa Rica, un porcentaje importante de sus habitantes no pueden atenderse por sus propios medios.

Esto significa, sin embargo, que el Estado deba prestar todos los servicios de salud; y, mucho menos, que no pueda ofrecerlos por medio de grupos privados o comunitarios. Desde las expectativas de los beneficiarios de los servicio, debemos asegurar, pues, un derecho de atención básico, solidario y accesible a toda la población, financiado por el Estado pero prestado por sus instituciones descentralizadamente o mediante los servicios privados de salud.

El estado deberá asegurar el servicio básico de salud, pero podrá prestarlo por medio de los hospitales de la Caja costarricense del Seguro Social, por hospitales públicos regidos por otras instituciones o por los propios asegurados y los profesiones de la salud o incluso, por los servicios privados - los consultorios médicos, laboratorios de microbiólogos, clínicas y hospitales privados, etc.-.

Actualmente, en Costar Rica, tenemos los servicios de la Caja costarricense del Seguro social que, por uniformes y socializados, se equiparan al nivel básico, y, por el otro, la medicina privada, inaccesible para la gran mayoría de la gente. Se carece, pues, de una medicina que ofrezca y una atención personalizada, con libertad de escogencia medica y hospitalaria y algunas comodidades de alojamiento y servicios accesorios, a todas aquellas personas que han logrado labrase una mejor posición económica.

Se trata del establecimiento de un sistema complementario de atención médica, de carácter mixto, con financiamiento parcial de los particulares que bien puede operar bajo alguna de las siguientes fórmulas:

1. Un sistema intermedio para la población media del país, financiado parcialmente por el Estado y parcialmente por los interesados, y 2. Un sistema completamente privado, financiado con la operación de diversos y competitivos seguros médicos.

Desde el punto de vista de la organización de los centros de salud, conviene pensar en la privatización o comunitarización de los mismos. Un primer paso, sería transferir a los municipios los hospitales de la Caja y posteriormente convertirlos en instituciones con su propia personalidad, sus propias juntas directivas y sus patrimonios propios. Tales centros pueden ser concebidos como públicos no estatales, sujetos a los controles normativos propios de los entes administrativos, tal como las cooperativas que con éxito se han venido estableciendo.

Este sistema, lógicamente, debe contar con la anuencia de los propios servidores de los centros de salud, y debe asegurar el empleo de los actuales servidores público del sector. Lo cual hará posible una verdadera participación de las personas directamente interesadas; permitirá que surjan diversas alternativas de atención y servicio, y posibilitará el establecimientos de sistemas de incentivos para que así, los médicos y otros profesionales de la salud, puedan recuperar su posición económica y social.

Además de las oportunidades de los ciudadanos, en educación y seguridad social, es fundamental el garantizar que todos los miembros de la sociedad disfruten de un mínimo de ingreso, con independencia de su contribución al proceso productivo.

Es necesario, entonces, asegurar un modelo social que no opere regresivamente en favor de los grupos privilegiados y en contra de la san a competencia, del ahorro y de la inversión en el mercado de los sectores más dinámicos. Es el modelo social que necesitamos; y debe estar fundado en dos grandes pilares: la responsabilidad y la solidaridad.

A partir de la responsabilidad, debemos buscar una participación equitativa de todas las personas en los costos. Y, a partir de la solidaridad, debemos buscar una distribución sencilla y eficiente de los beneficios; no proporcional a lo que ya tienen las personas, sino igualitario para todos, o sea, llenando ciertos requisitos básicos para toda la sociedad. Esos requisitos básicos se pueden entonces, compensar y aumentar con esquemas individuales y participativos de esfuerzo solidario que permitan mejorar la satisfacción de las necesidades individuales y sociales por encima del mínimo establecido.

La solidaridad puede operar a través de muchos medios. Así, por ejemplo, puede pensarse en la posibilidad de que los beneficios sociales se distribuyan a partir de ciertos niveles de ingreso hacia abajo; de manera que cumplamos con una función de solidaridad y atendamos a todas las personas, ayudándolas a obtener los medios con los cuales ellas puedan atenderse. Este procedimiento toma como ejemplo el impuesto sobre la Renta que, como es sabido, se le cobra a las personas después de cierto nivel de ingreso. Se trataría, entonces de una especie de impuesto negativo sobre la renta.

Alternativamente, un sistema universal de seguridad social puede hacer llegar ese nivel básico de ingreso a las personas que por condiciones objetivas tales como edad, invalidez, desempleo u orfandad lo puedan requerir.

Paralelamente, conviene asegurar que ese nivel básico no desincentive el esfuerzo por la superación individual y social, ni el afán humano de liberar energías. Asimismo, se requiere que no entorpezca el progreso y la dinámica social, porque no basta asegurar el mínimo vital a los sectores más desfavorecidos; también es necesario asegurarles que cuotas mayores de trabajo y creatividad les permitirán elevarse en la escala social, por encima del mínimo.

La Red Básica de Protección Social, si está bien concebida y opera adecuadamente, puede asegurar el mínimo de bienestar a los sectores más deprimidos. El nivel, en el cual esa red se ubica, depende del grado de desarrollo alcanzado por una sociedad específica y el mismo va aumentando con la generación de riqueza. En la determinación de los recursos utilizados para construir esta red de protección social, se debe guardar equilibrio entre las necesidades presentes y las posibilidades de inversión para aumentar la riqueza futura.

Se debe guardar un equilibrio entre la solidaridad para con los ciudadanos más necesitados y la necesidad de mantener estímulos para el trabajo y el ahorro. Y, por supuesto, se debe hacer el uso más eficiente posible de los recursos destinados a tejer esa red, pues de ellos dependerá el nivel de justicia social alcanzado.

Sin embargo, no se debe olvidar que la parte fundamental de la verdadera red de protección social, es el sistema generalizado de incentivos que elimina privilegios y permite a las personas participar libremente en la construcción y en los frutos de una economía abierta y dinámica. Con este fin, son esenciales, como se acaba de señalar, todas las instituciones que generan igualdad de oportunidad, como en el caso de un sistema educativo que permita a todos participar del legado cultural. En el presente momento, la mayor urgencia para ir construyendo la red básica de solidaridad social, es universalizar el sistema de pensiones de la seguridad social.

Se deben universalizar los sistemas de pensiones sobre bases de solidaridad que verdaderamente otorguen a quienes por condiciones objetivas de vejez, invalidez o incapacidad, la requieran y con sistemas voluntarios complementarios que estimulen el ahorro y la autoprotección.

La justicia y la solidaridad son esenciales para el régimen de pensiones. En cuanto ala justicia, se requiere que la pensión básica e igualitaria sea asegurada -como derecho y no dádiva gubernamental- a toda persona, de acuerdo con requisitos objetivos como la edad que determine el inicio de la vejez y normas generales muy claras que indiquen la invalidez que impide trabajar.

En cuanto a solidaridad, lo que ello quiere decir es que estas pensione han de considerarse como una contribución de toda la sociedad para con las personas realmente más desfavorecidas o, si se quiere, como un acto directo de redistribución de riqueza a manera de ayuda para quienes en verdad más la necesitan.

Se trata, por lo tanto, en el caso de Costa Rica, de modificar el fondo del actual sistema de pensiones no contributivas, que -por no considerarlas correspondientes a un derecho, sin como dádivas- se aprueban, con menos fundamento en situaciones reales de desamparo, que con fundamento en favor político del grupo gobernante; de ahí la prepotencia del político benefactor u un ingrediente de humillación par el beneficiario. Este sistema debe integrarse con el de Invalidez, vejez Y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, conformando un seguro básico, igual, con cobertura universal.

En verdad, se trata de un seguro de carácter nacional, financiado dentro del Presupuesto Nacional, que cubra a toda la población y le garantice un nivel digno de subsistencia. Para ello, es necesario hacer recortes substanciales en los gastos del Gobierno, y elevar el crecimiento económico del país. Lo importante es que el sistema no sea costeado por los salarios, ya que este medio tradicional encarece el trabajo, fomenta el desempleo y reduce el ingreso.

Simultáneamente, deben abrirse posibilidades variadas para establecer otros seguros que ofrezcan pensiones complementarias, voluntarias y financiadas enteramente por los interesados. Estos seguros han de estar bajo el control de una auditoría actuarial rigurosa, y ser administrados por instituciones públicas o por empresas privadas con amplias facultades para invertir los fondos en menesteres que mantengan su poder adquisitivo, lo que permitirá pagar pensiones con poder de compra no erosionado por la inflación, como ocurre hoy.

A la par de ambos sistemas generales -el de la pensión social básica y uniforme para todas las personas y no sólo para los trabajadores asalariados y el de la pensión personal complementaria, cuyo monto lo determinan las cuotas de cada asegurado-, es necesario enfrentar el problema específico de las pensiones dentro del sector público, porque es evidente que a pesar de los progresos alcanzados, aún se ven afectados por problemas financieros y de equidad. Además, la transformación del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el sistema básico, obliga a diseñar un esquema con igual porcentaje de contribución sobre los salarios de los empleados activos que haga el Estado para cada uno de los sistemas que amparen a los servidores públicos.

Con este propósito, es imperativo avanzar hacia un justo sistema de pensiones con contribución estatal uniforme para todo el sector público, basado en el principio de igualdad ante la ley, y en sus especificidades, financiado con recursos que provengan de las cuotas de los beneficiarios.

La administración puede ser dividida a cargo de varios grupos de beneficiarios que podrían, si lo desean, contribuir con más para tener un sistema con mayores ventajas. De esta manera se configuraría un régimen que garantice a todos sus funcionarios la cobertura adecuada y equitativa, compensadora de su dedicación al servicio público.

He llegado al final de estas reflexiones sobre las relaciones entre las instituciones económicas del mercado libre, las instituciones políticas de la democracia liberal y las instituciones sociales de la solidaridad humana.

Existe un vínculo íntimo que une los procedimientos típicos de la democracia política con las instituciones económicas del mercado libre y con los valores éticos asociados a la libertad. Economía, política y moral constituyen tres áreas de conocimiento y acción humanas donde la experiencia ha mostrado que operan los mismos principios fundamentales, cuando la sociedad se construye con sentido común y sabiduría

Nuestra proverbial ignorancia nos obliga a establecer y desarrollar procedimientos políticos y económicos que promuevan el intercambio de opiniones y experiencias y que constituyan medios de autocontrol social del poder con el objeto de impedir la evolución totalitaria del Estado y del orden económico. El fundamento ético de tales procedimientos lo constituyen el reconocimiento de la libertad individual concebida, no como dádiva del poder público, seno como formando parte de la naturaleza humana.

Disminuir la pobreza, defender y recuperar el equilibrio ecológico, elevar el nivel técnico y científico de la sociedad, establecer una economía social de mercado, favorecer valores espirituales y morales que permitan un perfeccionamiento personal y solidario de todos, constituyen deberes imperativos que deberemos cumplir en los próximos años. La justicia se abrirá paso, si somos capaces de enfrentar estos retos con inteligencia y valentía y si construimos sociedades donde la libertad sea la base común del orden político, del orden económico y de la vida moral.

Para tener éxito en nuestro trabajo, se requiere un profundo respeto a las reglas morales y naturales, que desde los orígenes de la especie, afectan el comportamiento y la conciencia de las personas. Es por esto que deseo expresar algunas reflexiones sobre los aspectos éticos y científicos del progreso social.

En el campo de la ética, lo que nos interesa es, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la intención del hombre. Eticamente hablando, el énfasis se coloca en el querer de la acción, no en el resultado. Valoramos el mérito en relación con la conciencia y el esfuerzo subjetivo y no en relación con los bienes obtenidos.

En el ámbito de la ciencia, esto es, de la apreciación empírica y experimental de la realidad, el énfasis está constituido por la relación de causalidad; en otras palabras, por aquello que ocurre cuando ciertas cosas se hacen de un modo o de otro. Interesan, esencialmente, pero no con exclusividad, los resultado y los procedimientos que llevan a ellos por los "caminos " más eficientes posibles.

Dados esto énfasis diversos, resulta contraproducente pretender unir en una sola esencia las reglas morales y las reglas científicas.

Ciertamente, hay que buscar su interacción y complementariedad, puesto que la labor científica no es independiente de un determinado marco ético, ni los resultados de los procedimientos científicos son indiferentes para el comportamiento humano; sin embargo, al constatar estos hechos no debemos caer en la tentación de convertir a la ciencia en una simple extensión de la moral. El concilio Vaticano II, en la constitución Gaudium et Spes, reconoce explícitamente la legítima autonomía de las ciencias y avala el derecho de los científicos a poseer una "justa libertad de investigación, de pensamiento y de hacer conocer humilde y valerosamente su manera de ver en los campos que son de su competencia"⁽⁴¹⁾.

Cuando la ciencia y sus procedimientos se encaminan hacia la búsqueda destinada de la verdad y del mayor bienestar par todos los seres humanos, entonces sus resultados no pueden se contrarios a la ética y a los comportamientos morales, sino más bien el medio idóneo para su aplicación y vivencia práctica.

La experiencia reciente ha demostrado que la pretensión de unir en términos absolutos los contenidos éticos con las soluciones técnicas, científicas o políticas concretas, conduce indefectiblemente al totalitarismo, pues en este aspecto debe reconocerse que:

1. En la sociedad existe una pluralidad de visiones éticas.
2. Las soluciones técnicas y científicas concretas son de hecho compartidas por personas y grupos con diversas visiones morales. Evidentemente esto no sería posible si una visión moral específica pretendiera asumir el papel de depositaria exclusiva de las "verdaderas" soluciones científicas.
3. En la experiencia histórica de las sociedades gobernadas por dictaduras comunistas, fueron notorios los efectos dañinos de buscar una unidad absoluta entre la moral y la ciencia . Se hablaba, en aquellos países, de "biología socialista", "historia socialista", "física socialista", etc., como si a las disciplinas científicas se les pudiera aplicar calificativos ideológicos originados en cosmovisiones morales específicas. ¿Qué pasó con los científicos que no comulgaban con la moral del comunismo? Simplemente fueron desplazados por razones políticas y la sociedad no supo aprovechar ni pudo beneficiarse del talento y las investigaciones de aquellos hombres y mujeres .

Pero continuemos con la reflexión acerca de los distintos énfasis de la moral y la ciencia.

Cuando nosotros tenemos una regla moral, nos interesa la intención, pero lo que observamos es la consecuencia directa de la acción. Cuando nosotros vemos una regla técnica, natural o científica, nos fijamos en los resultados, y no nos es suficiente ver sólo la consecuencia directa, porque las consecuencias indirectas pueden ser de dirección contraria y más poderosas

Les doy un ejemplo que me parece es el más claro de todos en el campo de la economía. Sabemos que es muy bueno que los niños tomen leche. Si la leche tiene un determinado precio, podemos pensar de inmediato que al bajar el precio de la leche, digamos, la mitad, lo niños pobres van a poder tomar más leche, porque sus padres van a poder adquirirla con mayor facilidad, dado que los recursos disponibles alcanzarán para comprar más cantidad.

Desde un punto de vista moral, la intención de que los niños tomen leche es loable, admirable y magnífica, desde el punto de vista de su primera consecuencia, al bajar el precio todo parece indicar que su consumo aumentará. Pero vámonos al campo de la experiencia empírica, ¿qué ocurre? Bueno, si un productor debe vender la leche a un precio con el cual no cubre ni siquiera los costos correspondientes a la alimentación de las vacas, lo razonable es que le productor decida cambiar de actividad, dado que para él ya no es rentable, pues si continúa en ella, terminará quebrado. Puede optar, por ejemplo, por utilizar sus vacas en la producción de carne y, de ese modo, evitar tan desagradable resultado.

Así las cosas, al cabo de unos días, la magnífica intención de vender leche más barata para los niños, da como resultado que no hay leche, pues el productor no puede mantener un precio de venta que no cubre los costos de producción.

La deducción que se obtiene del anterior razonamiento es la siguiente: no basta la buena intención para ver los hechos y juzgar la efectividad de la política social, ni basta sólo la consecuencia aparente e inmediata de una decisión, para ver cuáles son los verdaderos resultados. Por eso, la ciencia es compleja, por eso el análisis es difícil y por eso tenemos que distinguir la intención de los resultados.

La Doctrina social de la Iglesia, al establecer el principio de la complementariedad entre la ciencia y la moral, y al afirmar simultáneamente la legítima autonomía de la ciencia, ofrece, implícitamente, un respuesta al asunto que nos ocupa. Esa respuesta se basa en decir sí, libertad, pero sujeta a reglas morales. Sí, libertad, pero sujeta a la búsqueda de la verdad. Sí, libertad, si resuelve el problema de la dignidad del hombre y de la búsqueda de los resultados causales, con la vigencia de un código de ética, haciendo que sea en la conciencia de cada persona, ante el mandato de las normas que llaman al bien, donde se una la acción que afecta al mundo material con la intención que facilita el enriquecimiento espiritual y la superación del ser humano.

Para mí esta es la gran riqueza de la Doctrina Social de la Iglesia -fundamento irrenunciable de la política social- y, por ello, la Doctrina social de la Iglesia no puede dejar de ser un mensaje ético que, no por ser ético, deja de relacionarse con los efectos naturales, con las instituciones políticas, con las costumbres económicas, o sea, con la historia. La ética se da y se vive en la historia; no se da y no se vive en un laboratorio abstracto, donde no hay vida humana, Es parte de la vida humana, es un llamado a una cierta forma de vida humana

Los fundamentos morales de loa política social, que en nuestro caso coinciden con las raíces judeocristianas de la cultura occidental, vienen a decir con toda claridad, que el respeto a la propiedad, a la creatividad y a las utilidades, constituye un elemento básico de una política social efectiva. La política social debe reconocer el papel positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada, de la correspondiente responsabilidad para con los medios de producción y de libre creatividad humana en el sector de la economía.

Creo que la contrapartida de este proyecto político es que, poco a poco, iremos aceptando que, así como esto es positivo, también es negativa la utilización del poder para crear privilegios, que le impidan a otros competir y aprender de lo que uno sabe hacer.

Los sindicatos no ayudan al trabajador si defienden privilegios que causan desempleo. Los empresarios no ayudan a la producción, si defienden privilegios que causan ineficiencia. Los burócratas no ayudan a sus familias, si defienden privilegios que causan gigantismo estatal. Los dirigentes sindicales, los cooperativistas y los solidaristas no ayudan a sus asociados cuando defienden privilegio para sus cúpulas. Los políticos no ayudan al bien común si defienden privilegios que causan corrupción y estancamiento.

A fines de este siglo XX, cuando el mundo avanza hacia una globalización de las políticas económicas generales y hacia una particularización de la toma de decisiones comunales, cuando estamos en la época de la comunidad de las naciones europeas, de la comunidad de Estados Independientes en el territorio de la otrora Unión Soviética, de la Comunidad de las Naciones del Pacífico, de la Iniciativa para las Américas, es imprescindible tener presentes las anteriores consideraciones sobre la relación entre la ética y la ciencia en la aplicación de la política social.

Dentro de los marcos de esa relación tenemos que limitar el poder estatal, para crear una constitución económica que haga coincidir el bien individual con el bien común. Sólo reglas constitucionales que establezcan límites a políticos y a funcionarios y aumenten las esferas de participación de los ciudadanos, pueden establecer instituciones que nos lleven a actuar de acuerdo con normas que sean más propicias para generar el bien de todos. Debemos despolitizar las instituciones y transferir poder -"empoderizar "- a las personas.

Imaginar, acordar, propiciar y establecer esas reglas constitucionales, crear el orden económico de la economía social de mercado, con instituciones políticas y sociales de solidaridad cristiana y dentro de una democracia participativa, es el gran reto de los políticas y los partidos políticos en América Latina.

Sin embargo, el camino no es sencillo. No todo esta dado o ensayado. No es sólo la ciencia fría y descriptiva la que nos dará las soluciones. También hay que tomar en cuenta a la ética, que permitirá que las nuevas políticas tengan permanencia. Las costumbres sociales tienen que tomar en cuenta los nuevos valores de la sociedad y empezar a apreciar dones como la responsabilidad, la corresponsabilidad, la preocupación por hacer las cosas bien, en vez de sólo procurar tenerlas.

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